El decreto número 0583 que establece espacios pedagógicos para agresores como medida de no repetición de las violencias basadas en género, ha generado diversas opiniones entre las colectivas feministas en la ciudad de Neiva. Activistas consideran la medida como un “pañito de agua tibia” ante la complejidad de la problemática de las agresiones.
María Alejandra Ruiz Mallungo
@amperiodista
La Alcaldía de Neiva, bajo la dirección del alcalde German Casagua, expidió el decreto número 0583, que establece “una estrategia pedagógica para agresores como una medida de no repetición de violencia basada en género en el contexto familiar, en el municipio”.
La entidad responsable del diseño e implementación de la pedagogía para quienes deben participar en estas capacitaciones es la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social de Neiva, en colaboración con las Comisarías de Familia. Estas últimas deberán remitir a la Secretaría la información de contacto de las personas obligadas a participar en las capacitaciones, lo que dará lugar a “un registro municipal de agresores” que deberán asistir a las jornadas pedagógicas.
Este decreto, según la administración municipal, busca establecer una estrategia formativa para prevenir la repetición de la violencia basada en género (VBG) en el contexto familiar. Propone capacitaciones “obligatorias para agresores”, donde deberán asistir a espacios instructivos enfocados en la “prevención de violencias y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales”.
Según este decreto municipal, las capacitaciones tienen como objetivo promover un cambio de comportamiento en los victimarios, fomentando una cultura de respeto, aumentando la educación y sensibilización sobre el tema, y garantizando el acceso a la justicia y recursos de apoyo para las víctimas.
Interrogantes
Lourdes Paola Mateus, concejala de Neiva, recibió positivamente el esfuerzo que hace la administración municipal para avanzar en la eliminación de la VBG. Argumentó que años atrás temas tan trascendentes no figuraban en la agenda pública y que actualmente se debe al esfuerzo constante de las mujeres que han abierto espacios para que la institucionalidad tome acciones.
Sin embargo, fue crítica al señalar que el decreto carece de información detallada sobre varios puntos mencionados en el documento. Se preguntó: “¿Cuál es el diseño y metodología del curso? ¿Quién lo va a ofrecer? ¿En qué marco se envían agresores al curso? ¿Como medida restaurativa?; ¿Qué sucede si un agresor asiste al curso? ¿Cuál sería el beneficio?; ¿Qué pasa si no asiste? ¿Cuál sería la sanción?”
Mateus recordó que no se debe olvidar que la violencia intrafamiliar tiene un ciclo ampliamente estudiado por las ciencias humanas. “Después de la agresión siempre hay muestras de arrepentimiento por parte de los agresores, quienes incluso presionan a las mujeres para perdonar. Esto puede convertirse en otra fuente de revictimización. Sin embargo, este es un ciclo; después de un periodo de calma, en el 95% de los casos, la violencia vuelve y estalla con mayor gravedad”, argumentó.
Mateus instó a la administración municipal a que “sancione prontamente el acuerdo municipal aprobado el 25 de noviembre en el Concejo Municipal, que implementa las estrategias para la eliminación de VBG en Neiva, porque si se continúan haciendo acciones aisladas sin estar realmente orientadas a una sola estrategia seguirán siendo gritos al aire sin mayores impactos en esta problemática tan grave que afecta principalmente a las mujeres neivanas”.
“Ideas en el aire”
En concordancia con lo expresado por Mateus, Marcela Giraldo Gómez, feminista y defensora del derecho a decidir en Neiva, señaló que “el decreto expedido deja varias cosas en el aire”. Resaltó que hace falta un componente significativo sobre cómo abordar la prevención de la VBG desde una perspectiva de salud mental. Afirmó que, aunque los ejercicios pedagógicos son fundamentales, también es crucial establecer acciones dirigidas a atender las necesidades de salud mental en los hombres, ya que estadísticamente son ellos quienes ejercen violencia contra las mujeres.
Giraldo enfatizó que institucionalmente es complicado reconocer quiénes son agresores y quiénes no. “Las acciones siempre han estado orientadas a que las mujeres denuncien y no hacia los hombres para evitar estos actos. Esto descarga la responsabilidad sobre las mujeres, quienes están siendo doblemente revictimizadas”, concluyó.
“Pañito de agua tibia”
Luciana Gorrón Avendaño, feminista e integrante del colectivo Severa Flor en Neiva, calificó este decreto municipal como un “pañito de agua tibia” ante la complejidad diaria de la violencia de género.
Consideró grave que el decreto trate la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género como si fueran exactamente lo mismo. “No hay una diferenciación clara en el decreto; los actos de violencia intrafamiliar son cometidos entre miembros de una familia y se centran en dinámicas familiares sin necesariamente tener un componente estructural desigual propio de la violencia basada en género. Pueden ocurrir conflictos entre hermanos o hacia adultos mayores sin razones relacionadas con género”, argumentó Luciana.
Mencionó que, aunque ambas formas de violencia pueden presentarse simultáneamente dentro del ámbito familiar, la falta de diferenciación resulta ambigua y dificulta que la alcaldía y la Secretaría de la Mujer diseñen un enfoque metodológico adecuado para abordar ambos tipos. “Es crucial contemplar cómo tratar los casos donde ambas violencias se presentan; no se puede abordar una violencia intrafamiliar sin componente de género igual que una que sí lo tiene… Me parece problemático que se mencionen leyes para sustentar la creación del decreto sin incluir la Ley 1257 de 2008, que es fundamental porque establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, añadió Luciana.
La activista también hizo hincapié en que, aunque se mencionan talleres de capacitación, no se establecen medidas sancionatorias para los agresores que no asistan a estos espacios. Esto debilita su capacidad de impacto y contradice la obligatoriedad impuesta por el decreto, según su criterio.
“La ley señala que el Estado debe garantizar protección a las víctimas y acceso a justicia mientras previene su revictimización. Sin embargo, el decreto se centra casi exclusivamente en los agresores sin detallar medidas paralelas para asegurar recuperación y reparación a las víctimas. Esta omisión deja un vacío en atención integral exigido por ley y que puede enriquecer el contenido del decreto”, concluyó Luciana.
