Colombia atraviesa una de las peores crisis de seguridad y orden público en su historia reciente. Las masacres, los secuestros y la extorsión han escalado de manera incontrolable, pero hay un crimen que supera todos los límites de la crueldad: los ataques sistemáticos contra los niños. Reclutamiento forzado, violaciones y, un acto macabro, fusilamientos de menores.
Bajo el paraguas de la fracasada “paz total”, los grupos criminales, que hasta hace poco eran reducidos y sus cabecillas refugiados en Venezuela bajo la protección del régimen vecino, han recuperado fuerzas. Este resurgimiento, alimentado por un gobierno que optó por diálogos interminables, absurdos y sin logros, les ha permitido reactivar sus operaciones delincuenciales asociadas al narcotráfico.
De todas las atrocidades, lo que ocurre con los niños es lo más repudiable. Las cifras son devastadoras: solamente entre enero y agosto de 2024, según Medicina Legal, se registraron 375 homicidios y más de 11.000 casos de abuso sexual contra menores. En ese mismo periodo, 243 niños fueron asesinados por grupos criminales.
El pasado martes, en entrevista con La FM, el general Francisco Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, reveló datos que estremecen. Solo en el Cauca, las Farc han reclutado este año a más de 200 menores, los cuales son víctimas de aberraciones inimaginables: abuso sexual, maltratos y, finalmente, ejecuciones. “Fusilan a los niños”, enfatizó el oficial.
El hallazgo constante de fosas comunes confirma esta barbarie. En Buenos Aires, Cauca, se descubrieron recientemente los cuerpos de cinco menores, entre ellos el de una niña de La Plata, Huila. Según información de inteligencia, muchos niños intentan huir de los maltratos, pero son asesinados a sangre fría. En el mismo Cauca ya se han identificado numerosas fosas con menores.
A pesar de esta tragedia, el gobierno permanece indiferente. Gustavo Petro levanta la voz por los niños de Palestina, pero calla ante los horrores que padecen los de Colombia, quienes finalmente son asesinados. Durante su campaña, criticó los bombardeos a campamentos guerrilleros porque involucraban menores, utilizados por los grupos criminales como escudos humanos. Hoy, guarda silencio mientras sus interlocutores en las mesas de diálogos ordenan fusilar niños y enterrarlos en fosas comunes.
Es urgente que la comunidad internacional actúe. La ONU debe intervenir y exigir al gobierno colombiano que asuma responsabilidades y frene esta barbarie. No con narrativas falsas, sino enfrentando una tragedia real que está destruyendo a nuestra infancia. Defender a los niños no es solo una obligación moral, es un deber irrenunciable que exige acciones inmediatas del Estado.
