Por participación ilegal en política y corrupción al sufragante durante las elecciones territoriales de 2019, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad a la exalcaldesa de El Agrado, Waldina Losada. Igualmente, salió salpicado Carlos Alberto Murcia Méndez, quien fue sancionado por un término de 12 años y para la ocurrencia de los hechos fungía como concejal. LA NACIÓN conoció que la decisión fue apelada y seguirán ‘peleando’ para que el fallo en segunda instancia cambie el sentido.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
En una decisión de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva sancionó disciplinariamente a la exalcaldesa de El Agrado, Waldina Losada Vega, por irregularidades relacionadas con su participación en política y corrupción al sufragante durante las elecciones de 2019. Al encontrar probados y no desvirtuados los hechos, el organismo de control ordenó la destitución e inhabilidad general por el término de 11 años.
Por la misma situación, también se sancionó con destitución e inhabilidad por un término de 12 años a Carlos Alberto Murcia Méndez, quien fungió como concejal entre el primero de enero de 2016 y el 25 de octubre de 2019.
En la queja interpuesta el 13 de mayo de 2019, se indica que, previo a la iniciación del debate partidista, Waldina Losada y demás funcionarios del municipio iniciaron una “abierta y sesgada” participación en política en favor de Murcia Méndez, quien para ese momento era cabildante y, posteriormente, se consagró como primera autoridad electa de los agradunos, pero por los mismo líos nunca se posesionó.
¿Hizo uso de su dignidad para incidir en el electorado?
“La mencionada funcionaria, en sus reuniones veredales, va acompañada de Murcia Méndez, donde ofrecen prebendas y lo proclama como determinador de las presuntas obras que se van a ejecutar en el sector”, se lee en la providencia.
En el pliego de cargos emitido por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, se insiste, además, en que existe un detrimento patrimonial porque utilizó un vehículo de propiedad del ente territorial para transportar a su candidato.
Bajo esa lógica, ejerció constreñimiento sobre diferentes personas con el fin de “buscar una alianza” durante las elecciones de 2019, ofreciendo cargos, contratos, recursos económicos, mejoramiento de viviendas, continuidad en el arrendamiento de un local de propiedad del municipio y abriendo vías con acceso a fincas.
Fue el 13 de diciembre de 2019 cuando el Ministerio Público de esa regional aperturó una investigación disciplinaria, la cual se cerró el 30 de junio de 2022. Seguidamente, profirió pliego de cargos, cinco meses después (30 de noviembre), al calificar los dos cargos endilgados a Waldina Losada como “falta gravísima a título de dolo” y a Carlos Murcia en su único cargo bajo el mismo término, dado que actuaron con el conocimiento de los hechos.
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No existió vicios en el proceso
Al llegar a la Provincial de Juzgamiento de Neiva, se hicieron las acciones correspondientes y se avanzó para fallar en primera instancia, dejando claro que el proceso no se encuentra cobijado por el término de prescripción. También se afirmó que ha existido respeto y atención a las garantías del debido proceso, contrario a lo expresado por los investigados, pues las decisiones emitidas “han sido proferidas por funcionarios competentes para cada una de las etapas”.
En suma, no existió vicio alguno de nulidad o transgresión de las garantías procesales y defensa de los investigados, dice el ente de control.
Cargos formulados
A la exmandataria se le acusa de haber utilizado su cargo para participar de forma activa a favor de la campaña política de Carlos Murcia (aspirante a la Alcaldía de ese municipio para el periodo 2020-2023), dado que, en septiembre de 2019, solicitó supuestamente de forma directa y, a través de terceros el voto por ese candidato, bajo la promesa de entregar insumos para la construcción de viviendas, entrega de lotes, estufas ecológicas y otros beneficios materiales o en efectivo. Entre julio y octubre de ese año, participó activamente a favor de la campaña mencionada.
Como si fuera poco, el segundo cargo que la tiene en aprietos consiste en que a finales de julio de 2019, al parecer utilizó su cargo para presionar, a través de ofrecimientos dinerarios, al candidato al Concejo de El Agrado, Álvaro Chavarro Vargas, en aras de que declinara su aspiración, dejara de apoyar a Johan Sánchez para la Alcaldía y, en su lugar, se uniera a su ‘pupilo’.
Por su parte, al excabildante Murcia Méndez se le endilga un único cargo que puede comprometer su responsabilidad disciplinaria porque, presuntamente, a finales de julio de 2019, prometió la entrega de 5 millones de pesos a Álvaro Chavarro Vargas (aspirante al Concejo) para que renunciara a su intención y lo apoyara. Además, entre julio y octubre, prometió y en algunas ocasiones entregó de forma directa y a través de terceros prebendas materiales sufragadas por el erario y dinero en efectivo.
En desacuerdo
El apoderado de Waldina Losada, en sus descargos, señaló que la formulación de pliegos de cargos se sustentó únicamente en pruebas testimoniales, “que no demuestran que la disciplinada haya participado en política”. La defensa indica que no hay material probatorio para poder inculpar a la exmandataria, dado que todo se soporta en especulaciones.
Expresó, adicionalmente, que las pruebas relacionadas en el primer cargo por quejosos “permeados por intereses políticos opuestos al partido Conservador” que le dio el aval a ella, implican pérdida de credibilidad y que los hechos atribuidos no existieron. En ese entendido, para el abogado, la exalcaldesa no cometió ninguna falta, pues “sus acciones se encuentran enmarcadas en la legalidad y bajo su programa de gobierno” que se trabajó durante todo su periodo de gobernanza 2016-2019.
Por lo anterior, se concluye que no eran actividades netamente pensadas para la época de elecciones, sino que estaban estipuladas desde la consolidación del plan de desarrollo municipal. De allí que no transgredió su deber funcional porque no participó en política.
Frente al segundo cargo, dice que la investigada nunca presionó de manera directa o indirecta para que Chavarro Vargas renunciara a su candidatura.
En el proceso de Carlos Murcia, advirtió que el audio que fue presentado no goza de licitud, ya que no fue grabado por el mismo demandante y, por tanto, pidió que no sean tenidos como “pruebas “válidas y legalmente recaudadas”, mientras que, por el contrario, sean desestimadas, debido a “que las pruebas existentes para sustentar una falta gravísima carecen de valor probatorio”.
El despacho no comparte los alegatos
Sin embargo, el despacho no comparte en su totalidad los alegatos de la defensa, habida cuenta que, si bien cita apartes del testimonio del proceso penal, no puede dejar de lado la declaración de la testigo en el proceso disciplinario, que buscaba alinear sus “favores” con los votos de los ciudadanos. Añadió que el apoyo político que los testigos puedan brindar a los opositores de Waldina Losada no es, por sí mismo, motivo de descalificación.
Según la Procuraduría Provincial de Juzgamiento, no se puede poner en duda lo expresado por los testigos que declaran bajo el juramento de decir la verdad, ritualidad que busca dotar de credibilidad la versión y no simplemente de “dichos”, como insiste la defensa.
Se comprobó, igualmente, que las líneas de teléfonos interceptadas pertenecen a los cuestionados, según los certificados de las empresas de telecomunicaciones. “Las anotaciones de la técnica investigadora de las conversaciones escuchadas resaltan en sus informes el nombre de Waldina Losada y Carlos Murcia, quienes hablan sobre sus “intereses políticos, prebendas económicas y temas relacionados con la campaña electoral”, se lee en otro aparte del fallo.
Ahora bien, en el segundo caso, el despacho considera que la grabación de voz es válida como prueba dentro del expediente, dado que supera los estándares constitucionales, y como tal es objeto de valoración, concluyendo que sí se efectuó un ofrecimiento de cinco millones para que el aspirante al Concejo declinara de su intención y apoyara a Carlos Murcia.
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Se afectó la imagen de imparcialidad
Luego de las pruebas analizadas, el despacho considera que se encuentran demostrados los cargos que fueron imputados mediante auto del 30 de noviembre por la Provincial de Garzón.
Para el Ministerio Público, con esa aparente conducta se afectó la imagen “de imparcialidad del aparato estatal en el proceso político y la prevalencia del bien general de la colectividad sobre los intereses de partidos y grupos”. Igualmente, se afectó el principio de neutralidad.
“Seguiremos peleando”
En diálogo con LA NACIÓN, Waldina Losada Vega aseguró que se interpuso el recurso de apelación contra esta decisión de primera instancia, con el fin de que el proceso avance y exista un segundo fallo a su favor. “Por ahora estamos a la espera, pero esa decisión nos sorprendió”, señaló.
Indicó además que los argumentos de la providencia no son claros “porque tomaron en cuenta unos aspectos que no han sido avalados por un juez en el proceso penal. Nos juzgaron por un video que no ha sido avalado; entonces nos parece que tenemos todo para pelear en la segunda instancia y salir bien librados de esto. Hubo manipulación y falsedad por parte del testigo que presentó esa prueba, diciendo que él había hecho la grabación y en el juicio se desmintió, porque no fue así, sino que la hizo una tercera persona”.
Finalmente, dejo claro que en este momento no tiene pensado aspiración a algún cargo público, pero “uno como profesional siempre está dispuesto a tener la posibilidad de trabajar. Esto ha sido duro y lo vamos a pelear porque tenemos los argumentos necesarios para hacerlo”.
