Por un delito continuado que genera un millonario daño patrimonial al Estado, la Procuraduría Regional del Huila formuló pliego de cargos contra dos exfuncionarios de la Gobernación del Huila, quienes durante los años 2001 y 2010 certificaron pensiones, al parecer, irregulares. El Ministerio Público también ordena investigar la razón por la cual el Departamento sigue pagando pensiones que ya fueron declaradas nulas por la justicia.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
La Procuraduría de Instrucción Huila formuló pliego de cargos contra Orlando Caviedes Charry y Gemma Vargas Ramírez, exfuncionarios de la Secretaría General del Gobierno opita, por presuntas irregularidades en el reconocimiento de pensiones de personas que nunca trabajaron para la administración o, por lo menos, el tiempo adecuado y cargos señalados.
También se compulsaron copias para investigar a actuales funcionarios por la continuación de pagos pensionales a cinco personas, pese a órdenes judiciales de cesación. Y se analiza la prescripción de la acción disciplinaria, considerando la naturaleza continuada de las faltas. Es de aclarar que se formularon seis pliegos de cargos: cuatro en contra de Caviedes Charry y dos en contra de Vargas Ramírez, todos por los mismos hechos.
La alerta salió de una auditoría especializada realizada por la Contraloría Departamental, donde se detectaron inconsistencias y se encontraron más de 28 hallazgos con connotación disciplinaria.
El informe del órgano de control fiscal en el que se denuncian las irregularidades tiene fecha del 19 de septiembre de 2016, año en el que se descubrió el llamado ‘fraude de pensiones’ y se analizaron las jubilaciones otorgadas irregularmente entre julio de 2001 y octubre de 2010.
Se traduce en daños patrimoniales
Allí salió a flote que la falta de organización documental, procedimientos internos y de control, seguimiento y verificación permitieron que se cometieran irregularidades que resultaron en daños patrimoniales al Estado. Se encontraron, específicamente, casos de pensiones reconocidas sin evidencia o respaldo legal que comprobara la vinculación laboral de los beneficiarios, así como casos de pensiones dobles reconocidas tanto por el Fondo Territorial de Pensiones como por el Instituto de los Seguros Sociales.
Por lo expuesto, se inició una investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Gobernación del Huila, incluidos Orlando Caviedes Charry, Gemma Vargas Ramírez, Jaime Aya García y Oscar Ordoñez Lozano, por su presunta participación en el fraude. Esta se centró en el papel que desempeñó cada funcionario en la emisión de certificados de tiempo de servicio y salarios, que eran un requisito esencial para el reconocimiento de las pensiones. Los dos últimos vinculados salieron victoriosos luego de que el proceso en su contra se archivara en la misma providencia.
No tuvieron vínculo laboral con la Gobernación
Orlando Caviedes Charry, al parecer, en su cargo como profesional universitario adscrito a la Secretaría General del área de archivo, emitió certificaciones de tiempo de servicio que contenían información falsa entre 2002 y 2010 sobre los períodos laborados por exservidores públicos. Estas fueron utilizadas para emitir actos administrativos de reconocimiento pensional a favor de personas que no cumplían con los requisitos para recibir una pensión.
Es más, la Contraloría Departamental del Huila y la Justicia Contencioso Administrativa confirmaron que las personas beneficiadas no tenían vínculo laboral con la Gobernación del Huila.
Por su parte, Gemma Vargas Ramírez, jefe de Área y División de la misma dependencia, también emitió aprobaciones con información falsa durante los años 2001 y 2002, supuestamente.
“La investigación disciplinaria encontró que Vargas Ramírez tenía conocimiento de la falsedad de la información que certificaba que actuó con la intención de beneficiar a terceros”, dice la Procuraduría.
Ambos incurrieron en una falta gravísima, según el Ministerio Público, al no poder soportar con documentos sus actuaciones.
Millonario daño patrimonial
Se estima que dentro del presunto fraude del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila existió un daño patrimonial de más de mil millones de pesos ($1.339.904.909), cifra que se obtiene de la sumatoria de las pensiones de vejez recibidas por los beneficiarios desde su reconocimiento. Allí se incluyen las mesadas adicionales de junio y diciembre en cada vigencia, desde julio de 2001 hasta octubre de 2017.
“La Contraloría Departamental del Huila determinó que este daño patrimonial se produjo debido a una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica, que permitió el reconocimiento de pensiones sin que se cumplieran los requisitos necesarios. La falta de verificación de documentos básicos y esenciales para corroborar la vinculación laboral real de los solicitantes fue una de las principales causas de este fraude”, se lee en la providencia de formulación de cargos.
Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción Huila explicó que lo que fundamentó el cargo único imputado en ambos casos da cuenta de que aquellas certificaciones fueron expedidas por los entonces funcionarios valiéndose de sus cargos, “donde les consignó información que no reflejaba la realidad. Por ello, se ha establecido como norma complementaria en la adecuación típica la comisión de falsedad en documento público, con el objeto de que sirviera de prueba para que reconocieran pensión de jubilación a ciudadanos que no tenían derecho a aquel reconocimiento, siendo ello una clara ausencia de garantía de la función pública que se les encomendó”.
“No hay justificación”
Transgredieron, además, el principio de moralidad administrativa que se exigía para proceder con honestidad, lealtad y rectitud en las actuaciones administrativas. Este no se observó en el ejercicio de su deber funcional, al consignar información falsa que permitió que un particular accediera al reconocimiento pensional, con carga a los recursos públicos que componen el patrimonio del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila, dijo el ente de control.
Por ende, “no hay justificación acertada en el incumplimiento de dicho deber funcional, que se transgredió con un comportamiento ilícito, con el objetivo de incrementar el patrimonio de terceros en detrimento del patrimonio público”.
