Traer a don Pablo Bustos (red de veedurías), servir de fuente de información errónea a los medios nacionales, pagar para la producción diaria de fake news, demandar disciplinariamente a jueces y abogados en medio de una cacería de brujas vengativa y vil, no es el camino para controvertir fallos judiciales o conceptos fiscales o disciplinarios.
Por lo anterior, es innegable que se confabula y se cierne un complot contra quienes asumieron la decisión de corregir o de dejar de ejecutar actos administrativos o contratos. Ha venido sucediendo en el Huila, el perfilamiento de profesionales del derecho, de funcionarios, de abogados, jueces y magistrados a quienes les raquetean cada conducta y cada acción para encontrar cualquier omisión que a priori pueda ser calificada como conducta prevaricadora; denunciar o acusar sin mayor reato es también una conducta cruel y manipuladora que no respeta la autonomía judicial, disciplinaria y fiscal.
Es lo que viene sucediendo con el complot organizado contra el Tribunal Administrativo del Huila a partir de la medida cautelar para suspender la ejecución del contrato de gestión catastral del 28 de junio de 2023. Un contrato precario en su suscripción y ejecución. Un contrato que incumple los requisitos de planeación, excesivamente oneroso, sin vigencias futuras, sin permiso del Concejo y con forma de selección directa sin justificarse suficientemente, son razones suficientes para reprochar su legalidad e intentar su nulidad o la suspensión de sus efectos. Para abogar por la moralidad de la función y la administración pública.
Todas las razones jurídicas se pueden argumentar en el juego limpio del derecho y en pro de triunfar en el propósito de reiniciar el desarrollo del contrato de gestión catastral, pero gestionar ante RTVC la propaganda negra y fake news en contra del Municipio y del alcalde al punto de que se anuncia en titulares que Casagua está ad-portas de destitución y que se ha dado un verdadero detrimento patrimonial por no continuar en la ejecución del convenio demandado por ser espurio, es más que un ex abrupto. ¿Cómo puede prestarse RTVC para terminar defendiendo intereses privados que han logrado beneficio económico en contra de un Municipio afectado en su mayor crisis económica de la historia?
Definitivamente es inaceptable que se orqueste cualquier complot contra el Tribunal Administrativo por las decisiones en derecho que ha tomado al suspender la ejecución del contrato de gestión catastral. Sabemos que la conspiración proviene de altas esferas y poder económico más que suficiente. Incluso manifiesto cierto miedo para exigir desde esta columna mayor razonabilidad, honestidad y mesura, para recordar que, en un Estado de derecho, precisamente debemos atenernos a lo que los jueces manifiesten en garantía de la protección constitucional y su autonomía judicial.
