La dirección de Justicia, del municipio de Hobo, aplicó sanciones de cierre y medidas correctivas contra establecimientos comerciales. La decisión obedece a infracciones relacionadas con el uso de suelo, contaminación auditiva y la ausencia de documentación legal.
Hernán Guillermo Galindo M
hernan.galindo@lanacion.com.co
En un fallo, sin precedentes, la dirección de Justicia, el municipio de Hobo, a través de la Inspección de Policía, aplicó sanciones de cierre y medidas correctivas contra establecimientos comerciales. Las medidas se resolvieron luego de comprobarse infracciones relacionadas con el uso de suelo, contaminación auditiva y la ausencia de documentación legal.
Tras una detallada revisión de informes técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y evidencias presentadas por los denunciantes, se determinó que los establecimientos Dubái Discotec Bar y La Patrona Gastro Bar, ubicados en las inmediaciones de la ESE Hospital del municipio de Hobo, transgreden las normativas de uso de suelo al alterar el carácter residencial del sector. Otra de las pruebas entregadas por los denunciantes establece que carecen de parqueaderos para sus usuarios.
Dentro de las medidas impuestas, se destaca en el fallo, que en el caso de Dubái Discotec Bar de propiedad de William Andréi Polanía Montealegre, deberá pagar una multa Tipo IV, equivalente a 16 SMDLV (salarios mínimos diarios vigentes). Adicional se declaró la suspensión inmediata y definitiva de actividades comerciales en el lugar en el que aparece registrado el establecimiento, calle 6 #9-10.
Otro de los establecimientos sancionado por la misma razón es, La Patrona Gastro Bar, de propiedad de Duván Felipe Arregui Jiménez, ubicado en la calle 6 # 9-23/27. El propietario de este negocio, deberá pagar una multa tipo IV, equivalente a 16 SMDLV. Además, también se declara la suspensión inmediata y defectiva de cualquier actividad comercial en el lugar.
En un tercer caso considerado dentro del fallo, se encuentra, Barcelona Bar Hobo, cuyo representante legal es Lina Lorena Pastrana Rojas. En esta situación por encontrarse que la documentación aportada está desactualizada, se ordena el cierre definitivo del establecimiento y la actualización del registro mercantil para registrar la pérdida de calidad como comerciante.
Fundamentos legales
Las medidas correctivas se sustentan en los artículos 92, 150 y 197 de la Ley 1801 de 2016, que regula el Código Nacional de Policía y Convivencia. La suspensión definitiva incluye la imposibilidad de realizar las mismas actividades económicas, incluso si se cambia la razón social o la ubicación dentro del mismo inmueble o aledaños.
Derecho a recursos
Durante la audiencia, los propietarios de Dubái y La Patrona interpusieron recursos de apelación, los cuales serán remitidos al despacho del alcalde municipal para su resolución.
Finalmente, dentro de las consideraciones para la toma de las medidas sin precedentes en el presente cercano de la actividad comercial en el municipio de El Hobo y el departamento del Huila, se establece que estas decisiones buscan restablecer la tranquilidad en la zona residencial afectada, regulando el impacto de actividades comerciales que han generado molestias por ruido y desorden en el sector.
Las autoridades reiteraron su compromiso con el cumplimiento de las normativas urbanas y la convivencia ciudadana.
Ley contra el ruido en Colombia
La ley contra el ruido en Colombia fue aprobada por el Senado de la República, el pasado 10 de diciembre. Esta ley tiene como objetivo controlar los niveles de ruido en el país y multar a quienes excedan los 90 decibeles con pagos de multas entre los 15 y 20 millones de pesos.
La norma, además, obliga a ciudades y municipios a establecer planes contra la contaminación acústica y refuerza el Código de Policía. Así mismo se pretende gestionar y reducir el ruido de manera integral a través de pedagogía, la prevención, el control y la sanción.
La nueva ley, que fue aprobada por mayoría en la plenaria del Senado, consta de 25 artículos y tiene como objetivo establecer una política pública nacional para el control de la contaminación acústica. Además de facultar a las autoridades locales y nacionales, más allá de la Policía, para regular el ruido, la ley incluye estrategias pedagógicas y culturales dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto del ruido en la calidad de vida.
“El objetivo de esta ley es organizar y clarificar la normativa existente sobre el ruido, que estaba dispersa y en algunos casos confusa. Hemos definido de manera más clara las responsabilidades de las autoridades y creado una ruta de atención para los ciudadanos afectados por el exceso de ruido”, explicó Daniel Carvalho, autor principal de la ley.
Planes de gestión local y políticas públicas nacionales
Uno de los aspectos más importantes de la ley es la obligación para los municipios con más de 100,000 habitantes de implementar un plan de gestión contra el ruido en los próximos 18 meses. Este plan incluirá un diagnóstico local del problema y las medidas necesarias para abordarlo, adaptadas a las características culturales y urbanísticas de cada territorio.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá un año para desarrollar una Política Pública Nacional de Calidad Acústica, que se implementará en todo el país. Esta política proporcionará las pautas para gestionar el ruido de manera eficaz en los diferentes territorios.
