Lo acontecido en Venezuela, donde Nicolás Maduro se burló de la voluntad del pueblo al robarse las elecciones del pasado 28 de julio y consumó un golpe de Estado al usurpar el poder el pasado viernes, nos ponen a los colombianos en máxima alerta. Es imperativo defender nuestra soberanía ante la amenaza vecina y proteger nuestras instituciones democráticas de los peligros internos, especialmente frente a las señales preocupantes que emanan del comportamiento de Gustavo Petro respecto al fraude electoral y su respaldo a un modelo dictatorial que viola nuestra Constitución.
La decisión de Petro de no condenar el fraude electoral en Venezuela y legitimar la posesión ilegítima de Maduro mediante la representación de un delegado, debe encender todas las alarmas en Colombia. Como nación con una sólida tradición democrática y una Constitución que no da lugar a ambigüedades en torno al sagrado derecho del pueblo a ejercer soberanía a través del voto, resulta inadmisible que un presidente colombiano avale un régimen usurpador que pisotea la voluntad popular.
La actitud cómplice frente al fraude venezolano es una inquietante señal de lo que podría suceder en Colombia en 2026. La similitud discursiva entre Maduro y Petro despierta serias reflexiones sobre el futuro de nuestra democracia. Ambos utilizan al “pueblo” como justificación retórica para consolidar sus ambiciones de poder, cuando la realidad demuestra que el pueblo no está de su lado: Maduro fue derrotado de manera contundente, y Gustavo Bolívar, el más ferviente representante del petrismo, sufrió una rotunda derrota para la Alcaldía de Bogotá.
El tiempo avanza con celeridad y dentro de un año los colombianos estaremos eligiendo nuevo Congreso, seguido, dos meses después, por la primera vuelta presidencial. Este es el momento de mantener a Petro bajo escrutinio. Su posición frente a Venezuela es una muestra inequívoca de sus intenciones, y el país no puede permitirse ignorar estas señales.
No se trata de exagerar ante las evidencias: lo peor está al alcance de quien apoya al que viola la Constitución de su país. La justificación de Petro, culpando al bloqueo económico por la falta de elecciones libres en Venezuela, es un argumento descabellado que busca encubrir lo indefendible. Ese bloqueo es consecuencia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la complicidad del régimen con el narcotráfico. Petro omite mencionar que el proceso electoral en Venezuela tuvo lugar en un contexto de cruel persecución contra los opositores.
Este escenario, teñido de complicidad, nos obliga a activar todas las alarmas. Es tiempo de vigilar y mantener a Petro en la mira.