Días de zozobra enfrentan los afiliados a la EPS Asociación Indígena del Cauca, AIC, luego de la resolución emitida el 16 de diciembre de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, que revocó parcialmente la habilitación de la prestación de servicios de la AIC en ocho departamentos del país, incluido el Huila, en donde hay más de 57.000 afiliados.
La AIC hace presencia, concretamente, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, La Guajira, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y su sede principal en Cauca. Esta entidad prestadora de salud fue creada en 1998 por las Autoridades Indígenas Asociadas al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y ha ampliado sus actividades en diversos territorios a lo largo de los años.
Sin embargo, la EPS, según descubrió la Superintendencia de Salud, cayó en incumplimientos en materia de capacidad técnico-administrativa, tecnológica-científica y financiera. Entre otras cosas, por ejemplo, se corroboró que la EPS no cuenta con controles que garanticen la actualización de sus bases de datos de afiliación, evidenciándose duplicidad en la información, lo que afecta su confiabilidad.
Se identificaron también demoras en la entrega de medicamentos y en la atención de pacientes con diabetes, gestantes y personas con enfermedad renal crónica. En el aspecto financiero, se encontró que la AIC no cumplía con el patrimonio mínimo requerido, presentando un déficit de $264.100 millones a corte de diciembre de 2023, el mismo déficit observado al cierre de 2018, 2021 y 2022. En consecuencia, la Superintendencia de Salud ordenó a la entidad formular e implementar un plan de mejoramiento con un plazo máximo de un año, hasta agosto de 2025, para la continuidad de sus servicios.
Aunque la Superintendencia de Salud ordenó medidas para minimizar las interrupciones en el servicio y garantizar que los afiliados continúen recibiendo la atención necesaria durante la transición, en la práctica ello no ha ocurrido. Ya hay denuncias de afiliados a la EPS Asociación Indígena del Cauca relacionadas con traumatismos en la prestación de los servicios. Claramente, esto no debería estar pasando. Ellos no deberían estar ‘pagando los platos rotos’.
Urge que el propio Gobierno Nacional y las autoridades de salud adopten acciones urgentes para evitar que la crisis se agrave.
