El reino de la irresponsabilidad. Por Marcos Silva Martínez

Cursa en el Congreso una Reforma al Sistema de Justicia. Hay serios diagnósticos, de las falencias y vacíos de las leyes vigentes y de los inadecuados procedimientos de aplicación. Se conoce que hay  más de 2.800.000 de procesos represados. Que hay mucha corrupción en la Rama. Que la injerencia de la politiquería y el clientelismo, son responsables de la impertinencia del sistema judicial nacional y la corrupción que lo asiste. La Reforma de la Justicia, en el fondo y en esencia, nada tiene que ver, con la solución de las lacras del Sistema Judicial. El  proyecto inicial y en trámite, apunta flexibilizarla, a someterla más a la politiquería y a los intereses de la delincuencia de cuello blanco. Ese propósito no lo ha superado el Gobierno. Estúpido pensar que el congreso tenga ese propósito. El congreso está plagado de oportunistas, capaces de hacer toda cosa, por sus mezquinos intereses personales.  El unanimismo  que ahí domina, nada bueno puede dar. Lo que ocurre con la Reforma a la Justicia, ocurre con todos las leyes en trámite. Colombia, en la práctica, no dispone de un ordenamiento legal para el uso de la tierra. Hace más de 13 años, entró en vigencia la ley 388/97, que esbozó lineamientos generales sobre ordenamiento territorial. Su aplicación es caprichosa, generalmente para satisfacer intereses de terratenientes urbanos y rurales, en connivencia con politiqueros y delincuentes.  La tala de bosques y la erosión siguen rampantes. Anárquicos los asentamientos humanos, en áreas de riesgo. Se pueden controlar y evitar con decisiones legales y acciones efectivas permanentes, de instituciones específicas. El Congreso, tácitamente, se ha negado a tramitar la Ley Estatutaria de Ordenamiento Territorial. Obedece  al temor de desencadenar acciones sociales represadas, que obliguen a una reforma agraria integral, a lo que tanto teme la ultraderecha clerical y retardataria terrateniente y a la irresponsabilidad política y social. La inseguridad ciudadana es cada día mayor. Se sabe que en Colombia hay 1′.200.000 armas con salvoconducto y que, por cada una de ellas, hay cuatro sin salvoconducto, en poder de civiles. El Gobierno y las autoridades son plenamente conocedores de esa peligrosa, violenta y criminal ilegalidad. ¿Por qué no proceden a desintegrar esta amenaza social criminal? ¿Quién expide los salvoconductos y vigila y regula el uso de los mismos? Es mayor el número de víctimas ocasionadas por este flagelo social que el de las imputables a las organizaciones criminales organizadas e ilegales. El porte y uso de armas debe, legalmente, estar reservado -no en el papel sino en la práctica- únicamente a los miembros de las organizaciones armadas legales, instituidas constitucionalmente para proteger la vida y bienes de los ciudadanos.  Erradicar este amenazante problema social es condición ineludible para profundizar la democracia, mejorar la seguridad ciudadana En todas las áreas de la actividad nacional, ocurre lo mismo. ¿A ese caótico  sistema de gobernar, se le puede  considerar de responsabilidad política y social?