Trámites engorrosos – Miguel Ángel Lemus M.

Siempre he creído que la tramitología -ese engorroso, dispendioso y aburrido ejercicio de los ciudadanos ante el Estado- es la expresión más clara de la desconfianza de lo público con la sociedad, construida bajo la presunción, cierta o equivocada, de que la gente actúa de mala fe. Siempre he creído que la tramitología -ese engorroso, dispendioso y aburrido ejercicio de los ciudadanos ante el Estado- es la expresión más clara de la desconfianza de lo público con la sociedad,  construida bajo la presunción, cierta o equivocada, de que la gente actúa de mala fe. Un raciocinio equivocado, pero que ha acompañado a los gobernantes y que  ha sido la razón de ser de la gestión pública y  su identidad en tantos años de vida republicana.  Por eso, la ciudadanía aplaude la decisión del Presidente Santos al derrumbar una serie de trámites que en nada han contribuido con la seguridad de lo público, ya que los defraudadores del fisco han agudizado el ingenio para superar las  barreras que le impongan. No obstante la intención del Presidente, se debe profundizar en las razones de la desconfianza existente. Una de ellas es justamente la conducta del servidor público, quien debe entender que él y la posición que ocupa en la estructura gubernamental, se debe a la gente y no lo contrario. Es decir, que su papel tiene importancia en la medida en que está para resolver los problemas de los ciudadanos y no arrinconarlo, para darse una importancia ilegítima. Se requiere, entonces, una acción rápida para mejorar la interacción burocracia-ciudadanos, para que prime el orden lógico de la subordinación, no del pueblo ante reyezuelos transitorios, sino al  contrario, de los funcionarios públicos ante la gente, esencia indiscutible que da origen al Estado. Privilegiar la buena fe de los particulares ante las autoridades públicas debe ser el marco orientador que regule sus relaciones. Un concepto que debe dársele máxima prioridad, pero que, lamentablemente,  no ha sido asimilado con la debida racionalidad ya que, contrariamente, lo que la sociedad observa es la imposición sucesiva de talanqueras que hacen inoperante la acción del Estado. Por eso nos alegramos de la expedición del Decreto que eliminó o alivió al ciudadano de trámites engorrosos, dándole contenido al criterio de la buena fe que ha caracterizado otras culturas. Por supuesto que la expedición del decreto quedará incompleta si la administración pública no asume la responsabilidad de romper con la cultura del obstáculo que ha primado en la burocracia nacional.