La gobernadora Cielo González Villa, el ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez, sus secretarios de Hacienda y ex tesoreros fueron sancionados en primera instancia por colocaciones irregulares de excedentes de regalías en una firma particular que se hizo pasar como banca de inversión. La gobernadora Cielo González Villa, el ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez, sus secretarios de Hacienda y ex tesoreros fueron sancionados en primera instancia por colocaciones irregulares de excedentes de regalías en una firma particular que se hizo pasar como banca de inversión. La mandataria anunció que acata y respeta el fallo pero reveló que impugnará la medida. Ricardo Areiza LA NACIÓN, Neiva La gobernadora del Huila Cielo González Villa y el ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez Escobar fueron sancionados en primera instancia con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por once años y seis meses, por la irregular colocación de excedentes de regalías y recursos propios en la firma particular Tigsa, que se hacía pasar como banca de inversión. Las operaciones ilegales, descubiertas por la Contraloría General de la República, se realizaron entre los meses de julio y diciembre de 2007, y marzo y octubre de 2008. La decisión, adoptada por la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Irma Trujillo cobija igualmente a los secretarios de Hacienda de la época Luis Aníbal López Rojas, Andrés Camacho y a los ex tesoreros Yesid Orlando Perdomo Llanos y Alberto Calderón Gómez.
La Procuraduría Delegada ordenó la cesación de la acción disciplinaria seguida contra la tesorera Aleida Osorio de Ovalle, por encontrar que, al momento en que asumió el cargo, ya se habían consumado las inversiones no permitidas. Por estos hechos la procuraduría les formuló pliego de cargos el 25 enero de 2011. El procurador segundo Delegado para la Contratación Estatal Antonio Gómez Merlano luego de una nueva valoración cambió la calificación de las conductas elevándolas a faltas gravísimas, que sirvieron de soporte para expedir el fallo de primera instancia. Por el mismo caso, los funcionarios son investigados por la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. Una vez sea notificada podrá interponer los recursos legales ante la Sala Disciplinaria, que resolverá la segunda instancia. ‘Acato el fallo’ Al enterarse de la decisión la gobernadora Cielo González Villa anunció que “respeta y acata la decisión de la Procuraduría General de la Nación bajo el entendido que es un fallo en primera instancia. bajo el entendido que es un fallo en primera instancia”. En un breve comunicado divulgado anoche la mandataria seccional señaló “que continuará en el ejercicio legítimo de su mandato ejerciendo su derecho a la defensa porque está convencida de su inocencia y la transparencia de sus actuaciones”. “Frente a la decisión del Ministerio Público- subrayó- esperaré la notificación oficial del fallo para conocer su contenido y alcance y establecer a través de mis apoderados la defensa legal”. “Reitero plena confianza en Dios, en la Justicia y en sus tiempos; y lo único que deseo es que se esclarezca la verdad cuanto antes”, señaló González Villa. “Quiero darle al departamento del Huila y a todas sus comunidades un reporte de total tranquilidad, que seguiremos trabajando con disciplina, responsabilidad y cumplimiento de nuestras políticas y en la ejecución de nuestro Plan de Desarrollo 2012-2015 Haciendo el Cambio”, concluyó la mandataria seccional El ex alcalde Ramírez y su secretario de Hacienda, Andrés Camacho, no se pronunciaron argumentando que desconocen el fallo. Uno sus defensores confirmó que hoy se notificará para conocer los alcances de la medida que se había rumorado desde la semana pasada. Cargos específicos A la actual mandataria seccional le formuló cargos porque en su calidad de alcaldesa de Neiva y en calidad de garante, incumplió su deber de dirigir la administración y la contratación municipal al no verificar entre los meses de julio y diciembre de 2007 las inversiones efectuadas por el Municipio, lo que conllevó a que el tesorero de la época Yesid Orlando Perdomo, sin competencia, depositara los primeros 6.000 millones de pesos correspondiente a excedentes de regalías y recursos propios en el encargo fiduciario en situación de riesgo, sin respaldo alguno y con beneficio a terceros. Además, no verificó ni realización seguimiento y control a las funciones delegadas y ejercidas por Yesid Orlando Perdomo, a quien le delegaron atribuciones como Secretario de Hacienda. Con este comportamiento, a juicio de la Procuraduría, “pudo incurrir a título de omisión impropia en faltas gravísimas. La Procuraduría confirmó como oportunamente lo denunció LA NACIÓN que los dineros colocados en el encargo fiduciario a nombre de Tigsa, “en ningún momento estuvieron depositados a nombre del Municipio”. No fue garante Según la investigación, el ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez, en su posición de garante, incumplió su deber de dirigir la administración y la contratación municipal al no verificar entre los meses de marzo y octubre de 2008 las inversiones efectuadas por el Municipio que conllevó a que el tesorero, sin ser funcionario competente, depositara 6.000 millones de pesos correspondiente a excedentes de regalías y recursos propios en el encargo fiduciario cuyo titular era la firma Tigsa en situaciones de riesgo, sin respaldo alguno y con beneficios a terceros. Por la falta de acción y controles, permitió que el tesorero de la Alcaldía, sin competencia y sin delegación alguna para contratar, suscribiera los contratos de intermediación de corretaje con la cuestionada firma, no autorizada para realizar dichas operaciones. “Se encuentra evidenciado-según la Procuraduría- que en su momento no existió contrato o acto administrativo alguno que respaldara la inversión, que no se establecieron obligaciones para Tigsa, como tampoco se constituyó garantía alguna para la realización de los depósitos”. Además, lo responsabilizó por no ejercer supervisión ni control “lo que deja ver un desinterés pues a lo largo de siete meses no se verificó la inversión de 6.000 millones de pesos, suma nada despreciable del erario municipal”. No vigilaron A los ex secretarios de Hacienda, Luis Aníbal López Rojas y Andrés Camacho Cardozo les formuló cargos por no velar por el cumplimiento de las normas relativas a la inversión de los recursos correspondientes a excedentes de liquidez en condiciones de alto riesgo. Luis Aníbal López, quien ejercicio como secretario de Hacienda, entre el 16 de agosto de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, omitió también sus deberes al permitir que se hicieran los depósitos sin ningún respaldo, cuando le correspondía ordenar la inversión de los excedentes transitorios de liquidez, beneficiando a Tigsa, titular del polémico encargo. Sin competencia Al ex tesorero Alberto Calderón Gómez, quien ocupó el cargo entre enero de 2008 y febrero de 2009, le formuló cargos por efectuar sin competencia, la segunda inversión por 6.000 millones de pesos durante la primera etapa del anterior gobierno “en condiciones que no garantizaron la liquidez, seguridad y rentabilidad entre los meses de marzo y octubre de 2008, según el depósito efectuado en la cuenta 00762963 del Banco de Bogotá a la firma Tigsa. Además, por utilizar indebidamente rentas de destinación específica al ordenar la inversión de 3.000 millones de pesos “sin que existiera respaldo o garantía alguna para ello que protegiera los recursos del erario municipal”. Igualmente le formuló un tercer cargo por suscribir en calidad de tesorero un contrato de intermediación con la firma Tigsa desconociendo el Estatuto General de Contratación Pública “el cual buscaba legalizar una situación que ya había sido consumada pues se realizaron inversiones en el mes de marzo de 2008 sin que existiera contrato alguno”. Por ese comportamiento incurrió en falta gravísima. Al ex tesorero Yesid Orlando Perdomo Llano le formularon cinco cargos por efectuar la inversión de los primeros 6.000 millones de pesos en condiciones que no garantizaron la liquidez, seguridad y rentabilidad entre los meses de julio y agosto de 2007. Igualmente por utilizar indebidamente rentas de destinación específica al ordenar la inversión en condiciones de alto riesgo. Los funcionarios son investigados además por la Fiscalía. Las imputaciones están pendientes luego de la nulidad decretada por los jueces de conocimiento, quienes variaron las calificaciones de las conductas. Los casos fueron asumidos por la Unidad Nacional Anticorrupción. En el caso de la mandataria seccional fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para que defina su eventual competencia.
