La otra pepa. Por William Alvis Pinzon

En una columna pasada que titulé “la pepa”, hice referencia al propósito fundamental del Gobierno en el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, que no es otro que habilitar a autoridades administrativas, notarios y particulares para que presten esta sagrada función estatal En una columna pasada que titulé “la pepa”,  hice referencia al propósito fundamental del Gobierno en el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, que no es otro que habilitar a autoridades administrativas, notarios y particulares para que presten esta sagrada función estatal.  En esta me voy a referir a la otra pepa: a la razón por la cual el Congreso quiere sacar adelante la reforma. Pues bien, en medio de todo el escándalo de la parapolítica que aún no termina y puso a un gran número de congresistas a hacer quórum en la Picota, ahora resulta que el culpable de todo eso es la justicia y por eso hay que entrar a reformarla.  So pretexto de rodear de garantías el proceso, están haciendo toda una transformación del proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, que incluye hasta la prohibición de ser privados de la libertad hasta tanto no haya sentencia judicial de primera instancia.  A lo anterior se suma, que quieren ablandar y desnaturalizar la pérdida de investidura en el Consejo de Estado, como bien lo denunció el senador Rodrigo Villalba durante el debate en la Comisión Primera de Senado. Sostienen los honorables que no están legislando en causa propia por cuanto el proyecto solo rige hacia el futuro y no cobija hechos pasados; no obstante, es bueno recordar que la inmensa mayoría de los congresistas siguen aspirando a mantener sus curules periodo tras período, o en el mejor de los casos dejándosela a un pariente cercano.  De modo pues, que así de diga que no existe conflicto de interés en el trámite de una reforma constitucional, lo claro es que sí se está legislando en beneficio propio y contra la opinión publica interesada que demanda una actitud distinta del Congreso de la República. Por tal razón hay que prender las alarmas frente a una reforma de la justicia que pretende ser toda una revancha de la politiquería.  Quedan tres de los ocho debates que debe surtir el acto legislativo (uno en plenaria de Senado y dos en Cámara) donde se podría cambiar buena parte de las cuestiones problemáticas del proyecto.  Las Facultades de derecho, Asonal Judicial (que no solo debe pretender reivindicaciones salariales) y las Altas Cortes, tienen el deber de conocer y pronunciarse sobre el proyecto.  El Presidente Santos tiene en sus manos –dada la enorme influencia que ejerce sobre el Legislativo- de ser el director de la revancha o el líder que corta de tajo esas bajas pretensiones de algunos congresistas. En Colombia muchos políticos negociaron con los narcos y los paras, pero lo que hay que reformar es la justicia.