Juez Garzón a silla de acusados

El juez español Baltasar Garzón, que valiéndose del derecho internacional acorraló a represores sudamericanos como Pinochet, es juzgado por querer investigar los crímenes del franquismo, en un proceso “inaceptable” para los defensores de los derechos humanos. MADRID  (AFP) – El juez español Baltasar Garzón, que valiéndose del derecho internacional acorraló a represores sudamericanos como Pinochet, es juzgado por querer investigar los crímenes del franquismo, en un proceso “inaceptable” para los defensores de los derechos humanos. Demandado por dos asociaciones de ultraderecha, Garzón, de 56 años, está acusado de vulnerar una ley de 1977 que tras la muerte de Francisco Franco amnistió los crímenes de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75). Sin embargo, para las ONG Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y Comisión Internacional de Juristas (CIJ), los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables y el derecho internacional obliga a investigarlos.  “El cargo criminal de iniciar una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado en este país es (…) simplemente escandaloso e inaceptable”, denunció el argentino Hugo Relva, consejero jurídico de AI. “¿Las víctimas del franquismo tendrían menos derechos que las víctimas del pinochetismo?”, se preguntó el estadounidense Reed Brody, consejero jurídico de HRW, señalando como una paradoja que quien detuvo al ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 sea juzgado por intentar perseguir los crímenes de la dictadura en su propio país. “Los valores que están en juego” en el proceso contra Garzón “son valores fundamentales que tenemos la obligación de contribuir a defender”, consideró el venezolano Pedro Nikken, presidente de la CIJ y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas tres organizaciones ejercerán como observadores internacionales en el proceso que, ante una gran expectación mediática, comienza el martes en el Tribunal Supremo español y en el que la fiscalía pidió la absolución por considerar que la actuación de Garzón no constituye un delito.  Respondiendo a demandas presentadas en 2006 por familiares de las víctimas, Garzón se declaró competente para investigar la suerte de cerca de 114.000 desaparecidos, pero en 2008 acabó renunciando por la oposición de la fiscalía a abrir un tema delicado para la sociedad española. “Es intolerable que sigan los cadáveres en las cunetas”, denuncia el sociólogo Fermín Bouza. “La idea de que algo no ha funcionado en la transición está presente en mucha gente”, explica.  De ser declarado culpable, el juez español, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, podría ser condenado a un máximo de 20 años de inhabilitación profesional, lo que pondría fin a su carrera. Tras la apertura hoy martes, el proceso comenzará efectivamente el 31 de enero, con la declaración de Garzón, al que seguirán, hasta mediados de febrero, los más de 20 testigos de la defensa, principalmente familiares de las víctimas. El abogado del juez, Gonzalo Martínez Fresnada, propuso llamar también a testigos “vinculados con el mundo de la justicia de ámbito internacional”, como la ex fiscal suiza Carla del Ponte. “Queríamos que estos testigos depusieran para probar que Garzón (…) no hacía sino seguir una pauta generalmente aceptada (…) en la persecución de los delitos contra la humanidad”, explicó, precisando que “el tribunal los rechazó”.  Una vez oídos los testigos, habrá que esperar hasta finales de marzo o abril para conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, y pese a ser el que más expectativa provoca, éste no es el único caso que puede acabar con la carrera de Garzón.  La semana pasada fue juzgado por ordenar presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción cuya sentencia podría conocerse en febrero. El juez está siendo además investigado por desestimar una causa contra el banco Santander.  Una acumulación insólita que ha llevado a sus partidarios a denunciar un complot político.