Después de casi tres años de haber sido detenido, el ex gobernador Jaime Bravo Motta recobrará hoy su libertad. Ricardo Areiza LA NACIÓN, Neiva Después de casi tres años de haber sido detenido, el ex gobernador Jaime Bravo Motta recobrará hoy su libertad. El Juez 12 de Ejecución de Penas ordenó ayer su salida de la cárcel La Picota, tras haber cumplido las tres terceras partes de la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la adjudicación de varios contratos menores cuando ocupó ese cargo. La libertad condicional fue ordenad ayer pero la notificación impidió que entrara a disfrutar de este beneficio. “Terminaron tres años de martirio” expresó ayer su esposa Liliana Vásquez de Bravo, al recibir la orden de libertad. “Ahora nos toca recuperar el tiempo perdido, nos toca llegar a trabajar y a rehacer la vida”, expresó feliz junto a sus hijos Liliana María y Jaime Andrés, quienes la acompañaron. El ex mandatario huilense y ex senador conservador fue sentenciado a seis años y 11 meses de prisión por contratos menores, celebrados sin aviso previo. Aunque Bravo insistió en la legalidad de las adjudicaciones, la defensa técnica fue insuficiente para frenar el proceso. Los reproches jurídicos alegados en el momento no convencieron a la Corte Suprema de Justicia. Tampoco a la Fiscalía. Por eso fue condenado el 16 de marzo de 2009 como autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cometido en concurso homogéneo sucesivo cuando se desempeñó como gobernador del Huila, según el ponente Julio Enrique Socha Salamanca. Tres días después se hizo efectiva su detención en Neiva. Bravo Motta, dos veces alcalde de Garzón, su tierra natal y destacado senador, fue detenido en el 19 de marzo de 2009 en su apartamento ubicado en el conjunto residencial Altos de Iguateni, en el oriente de Neiva, donde regresará tras haber cumplido la pena. La investigación se originó por solicitud de la Procuraduría General de la Nación cuando se desempeñaba como senador por la adjudicación y celebración irregular de 16 contratos cuando ejerció la Gobernación del Huila. La Corte advirtió fraccionamiento en los objetos contractuales, y en tal medida, señaló que se obviaron los procedimientos de selección objetiva. La investigación fue cerrada el 27 de agosto de 2008 encontrando irregularidades en la adjudicación de seis contratos menores, que suman 360 millones de pesos. El Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal consideró que el ex mandatario incurrió en violación de los requisitos legales esenciales y desconoció los principios de transparencia y selección objetiva que regenta el proceso de contratación estatal. Además, señaló que en cuatro de los 16 contratos, no existieron los debidos avisos de invitación y resaltó que en las actas de adjudicación no quedaron consignados los criterios de selección de los contratistas. Bravo negó los cargos. Insistió en que no hubo fraccionamiento de contratos, como medio para eludir la licitación pública, lo que permitía la contratación separada. Pero además, resaltó que las obras y bienes contratados se encuentran en perfecto estado y al servicio de la comunidad, entre ellos el centro recreacional Manila. Igualmente negó que nunca pretendió favorecer a ningún contratista para obtener algún tipo de provecho o beneficio indebido. Sin embargo, sus argumentos y la débil defensa técnica no lograron convencer a la Corte Suprema de Justicia que terminó condenándolo. Ahora, por pena cumplida, disfrutará al lado de su familia de la libertad condicional que ayer le concedió el Juez 12 de Ejecución de Penas. 
Jaime Bravo Motta se rencontrará con su familia al terminar el duro suplicio.
