Desgreño en EPN

Está demostrado que la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a cargo de EPN no ha sido la más eficiente. Está demostrado que la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a cargo de EPN no ha sido la más eficiente. La entidad se ha convertido en un fortín burocrático, orientado a prestar favores políticos y en otros casos en la caja menor de los alcaldes de turno. El aumento de la nómina burocrática, sin justificación técnica,  sin funciones y sin que primaran criterios de meritocracia, como ocurrió en la anterior administración, es el reflejo del desgreño administrativo introducido en la principal empresa local. Pero además, la reforma estatutaria, a espaldas de la comunidad y la ampliación de las facultades para la contratación directa, muestran otros intereses distintos al mejoramiento del servicio público. Y súmele también los excesivos beneficios para directivos y sindicalistas que no se compadecen ni contribuyen a garantizar eficiencia en la prestación de los servicios. En este campo el reto del alcalde Pedro Hernán Suárez es bien grande. Y no se trata de un simple maquillaje. Se requiere una intervención de fondo para enfrentar la delicada situación que comienza a develarse. El desmonte de los privilegios de algunos directivos y la racionalidad en el gasto son las primeras medidas. Sin embargo, el mandatario reiteró que su meta es devolverle la rentabilidad y la eficiencia. Y descartó cualquier tipo de privatización. Sin embargo, desde la perspectiva constitucional el fenómeno privatizador, no consiste simplemente en transferir el dominio de las Empresas Públicas al sector privado. Delegar en terceros la prestación del servicio sin renunciar a su titularidad, para que gestione o ejecute determinadas actividades especializadas, es una opción posible. Un modelo de participación de la sociedad civil, bajo el cual se traspasen al sector privado algunas de las funciones tradicionalmente adelantadas por la empresa, conservando la participación estatal en sectores estratégicos, pude ser una alternativa. Actividades como la potabilización del agua, distribución, facturación y cobro, así como de la recolección, transporte, descarga y tratamiento de las basuras y residuos sólidos  pueden ejecutarse a través de empresas asociativas, empresas comunitarias, cooperativas o pymes. No es posible que operadores foráneos como Diselecsa o Ciudad Limpia, sigan prestando estos servicios, muchas veces en condiciones desventajosas como ha ocurrido con el alumbrado público. Inversionistas huilenses, profesionales especializados en el sector, comunidades organizadas pueden participar en un modelo de gestión empresarial orientado a garantizar calidad, eficiencia, continuidad y mayores coberturas. Pero además, orientado a generar empleo y promover productividad y desarrollo empresarial huilense. Pero además, la democratización de la propiedad, a través de acciones para los usuarios  como ocurre con Ecopetrol, son alternativas posibles, acordes con el perfil constitucional del país como Estado Social de Derecho, encargado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y facilitar la participación de todos en la vida económica política de la Nación. Cualquiera que sea el esquema, debe adoptarse con urgencia. Si la empresa sigue siendo ineficiente, no garantiza calidad ni continuidad en los servicios fácilmente puede ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, como ha sucedido en otras regiones del país. “La entidad se ha convertido en un fortín burocrático, orientado a prestar favores políticos y en otros casos en la caja menor de los alcaldes de turno”. EDITORIALITO Después de 35 meses de una dura pesadilla, el ex gobernador Jaime Bravo Motta, recobró ayer la libertad condicional, al pagar con creces, errores técnicos en materia de contratación. Nos alegra su retorno. Por fin su familia, la más afectada,  sale de ese difícil trance.