Editorial – EPS morosas

El Hospital Universitario de Neiva suspendió la prestación de los servicios a cinco de las 13 EPS morosas limitando como una medida de presión para evitar la quiebra El Hospital Universitario de Neiva suspendió la prestación de los servicios a cinco de las 13 EPS morosas limitando como una medida de presión para evitar la quiebra y asegurar que le paguen los servicios prestados. Las medidas de persuasión no funcionaron como se quería y las cuentas siguen en rojo. Desde el sábado pasado los afiliados a Salucoop, Solsalud, Mallamas, Selvasalud y Emsannar no podrán acceder a los tratamientos de alto costo y cirugías programadas en el centro asistencial. Las otras trece, encabezadas por Caprecom, Comfamiliar, Saludcoop y Solsalud lograron acuerdos de pago con el Hospital Universitario, teniendo como garantes a las secretarias de Salud Emma Constanza Sastoque y Sandra Milena Muñoz. Las cinco le deben 12.733 millones de pesos. Las otras ocho EPS con deudas por 37.000 millones de pesos lograron acuerdos de pago. La situación es crítica. La cartera morosa que tienen las EPS con la red pública es alarmante. No sólo con el Hospital Universitario. También con los otros hospitales. Las EPS desconociendo la ley, dilatan sin justificación el giro de los recursos por servicios facturados, recurriendo a prácticas indebidas en el manejo financiero y contable impidiendo la depuración de la cartera. Y en otros casos, acuerdos para inflar la UPC, para negar prestaciones de servicios y para aumentar los recobros. La morosidad tiene al borde de un infarto a la red pública hospitalaria. Esta situación se traduce en la restricción de servicios a los usuarios, los principales afectados. Los pacientes no pueden acceder a servicios de mejor calidad y viven diariamente una pesadilla con la cancelación de citas y demoras en exámenes, diagnósticos e intervenciones quirúrgicas. Y no pasa nada. Los organismos de control acompañan el proceso, pero la situación no cambia. Este panorama confirma las fallas en el diseño, planificación y construcción de un sistema integral de salud. Y por supuesto, demuestra la ausencia de políticas, retrocesos en la descentralización, falta de financiamiento, desordenada inversión y alarmante corrupción.  Por ahora, se ventila una solución temporal. El ministro de Salud Alejandro Gaviria radicó el viernes pasado un proyecto de ley para destrabar los dineros que se encuentran represados en las cuentas maestras de las entidades territoriales. Según el funcionario $1.8 billones de pesos irán directamente a la red pública hospitalaria. Ahora hay que esperar el trámite en el Congreso que puede demorarse. El incumplimiento sistemático de los contenidos del POS por parte de las EPS puede constituirse en un delito contra la integridad y vida de los usuarios del sistema de salud. La permanente mora en el pago de las obligaciones financieras a los prestadores públicos y privados es una falta grave contra la oportunidad en el sistema, como lo exaltó la Corte Constitucional y debe acarrear las máximas sanciones posibles. Pero no pasa nada. Por ahora nos conformamos con acuerdos de pago, que en muchos casos, se siguen incumpliendo, afectando a los usuarios.