¡Más que oralidad, justicia!

El presidente del Consejo de Estado reiteró la propuesta para impulsar una reforma judicial pero sin modificaciones constitucionales. El presidente del Consejo de Estado reiteró la propuesta para impulsar una reforma judicial pero sin modificaciones constitucionales. “Nuestro gobierno quiere ser un gran reformador, un gobierno progresista, pero ante todo, un gobierno decente, tolerante, correcto en su proceder y sumiso a la legalidad”, expresó el presidente Santos. LA NACIÓN, Neiva El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren insistió ayer ante el presidente Juan Manuel Santos en impulsar una reforma judicial, integral, que responda a las expectativas de la ciudadanía, pero sin modificar la Constitución. El nuevo Código Contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011) interpreta más que la oralidad, la oportunidad y el gobierno en línea, el anhelo de justicia ciudadana”, expresó Gómez Aranguren al instalar anoche el encuentro de la jurisdicción que congrega en Neiva a 700 magistrados de tribunales y jueces administrativos del país. “Ese es el compromisos que tenemos frente a la comunidad y frente al ciudadano que recurre buscando justicia. Pero además que reclama eficacia y control a la administración pública”, explicó mientras insistió en la necesidad de una reforma judicial integral que atienda este anhelo y permita la transformación cualitativa de la justicia. Y cualquier modificación que se proponga debe tener como norte el ciudadano, la efectividad y protección de sus derechos. “Una alternativa que responda a las verdaderas expectativas de los ciudadanos pero sin modificación constitucional inmediata”. “No desconocemos-dijo- la inaplazable necesidad de reformular modificaciones al funcionamiento administrativo de la justicia, como la urgencia, compartida por el Consejo Superior de la Judicatura para realizr una reforma a la justicia, sin modificar la Constitución. En ese sentido estimó que debe aplicarse de manera real y práctica el artículo 228 de la Constitución, según el cual la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Pero además establece que su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Este debe ser el componente ideológico de la reforma en tanto que apalanca la desconcentración de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que debe revisarse. En su opinión debe replantearse la función puramente administrativa que ahora concentra y convertirse en un órgano encargado de la política judicial. “Al haber eficacia se descentraliza recuperando su funcionalidad, dándole una naturaleza ejecutiva nacional”, señaló ante Igualmente consideró que los planes de descongestión resultan inconvenientes, requieren mecanismos de planificación que siempre resultan afortunados. El presidente del Consejo de Estado abogó por le mecanismo de la consulta previa donde puedan participar tanto magistrados como jueces, empleados, abogados colegiados, las universidades y las organizaciones sociales vinculadas con la rama judicial. Durante la instalación del encuentro recnoció el apoyo ofrecido por el gobierno para sortear las limitaciones presupuestales, pero criticó las escalas de remuneración considerando que son inequitativas. El evento comenzó ayer con la participación de los presidentes de las altas cortes, el fiscal General Eduardo Montealegre, el ministro del Interior, el embajador de Francia, magistrados de tribunales y jueces administrativos y los delegados internacionales. La rama iniciará hoy la jornada académica