Vecindad riesgosa

Como si no bastase con las tensiones aún calientes en el vecino departamento del Cauca, por la actitud de las comunidades indígenas de expulsar de sus territorios tanto al Ejército como a la guerrilla, Como si no bastase con las tensiones aún calientes en el vecino departamento del Cauca, por la actitud de las comunidades indígenas de expulsar de sus territorios tanto al Ejército como a la guerrilla, ahora la Corte Constitucional ha determinado que deben ser retiradas o reubicadas dos bases militares en el Meta y Guaviare porque se afectan los derechos de tres grupos aborígenes. De acuerdo con el concepto de los señores magistrados, estas comunidades están siendo afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en sus áreas ancestrales, con lo cual se violan sus derechos fundamentales. Y si bien el Ministro de Defensa dijo que, como corresponde, respeta las decisiones de los jueces y se acatará la orden, a renglón seguido ha pedido que se revisen sus alcances y que, en todo caso, la orden no se podrá extender a otras zonas del país. De nuevo se ponen en juego los intereses del Estado en su conjunto de procurar la protección de la vida, honra y bienes de los colombianos en cualquier lugar, y los derechos de los indígenas de conservar tanto sus tradiciones ancestrales como sus propios territorios. Para ser más precisos en cualquier contexto, la instalación de bases militares, estaciones de policía y en general la infraestructura de defensa armada debe ubicarse en áreas que no pongan en peligro a la población civil, sea ésta indígena, negra, blanca o mestiza. Asunto lógico, puesto que quien cuenta con mecanismos y armas de protección ante un ataque es el uniformado, en tanto el poblador queda expuesto y sin ninguna posibilidad de resguardo. Esa debería ser la regla general; empero, las sui géneris condiciones de un país en conflicto, en guerra y con multiplicidad de actores ilegales armados, hacen muchas veces imposible o difícil que se cumpla tal consideración, y los agentes de la Fuerza Pública terminan compartiendo terrenos y servicios con los civiles. Lo que de todos modos no debería generar ningún choque o tensión, considerando que Colombia es un país privilegiado en su extensión para discutir por unas cuantas hectáreas de terreno, como en el caso de la base del Guaviare. Allí no son más que 20 hectáreas, en un departamento de 53 mil kilómetros cuadrados. Ahora bien, la conservación, protección y preservación de grupos ancestrales es un propósito tanto de nuestro ordenamiento constitucional como del nivel de civilidad al que hemos avanzado, y tales seres se ubican, por sus particulares condiciones, en la escala más baja de la sociedad por su vulnerabilidad. Y en los casos precisos de Meta y Guaviare, la Corte encontró que los indígenas han sido víctimas tanto de minas antipersonales como de disparos, reclutamiento forzado y desapariciones, al igual que terminar convertidos en objetivo militar de unos u otros bandos por su ubicación cercana. Visto lo anterior, nadie debería llamar a reacciones exageradas ni a generar ninguna fricción por estas decisiones judiciales. DESTACADO “La instalación de bases militares, estaciones de policía y en general la infraestructura de defensa armada debe ubicarse en áreas que no pongan en peligro a la población civil, sea ésta indígena, negra, blanca o mestiza”. EDITORIALITO Afectado por una complicación renal, falleció en su residencia en Neiva el deportista laboyano Fabio Cantillo González. A su esposa Luz Nelly Bustos, a sus hijos María Gissella, María Goretti, Diego y Mauricio y demás familiares nuestras condolencias.