Certidumbres e inquietudes El caso de Sigifredo López , Por José Gregorio Hernández Galindo

En buena hora el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha declarado públicamente que no existían los suficientes elementos probatorios para mantener la medida de aseguramiento proferida contra el ex diputado a la Asamblea del Valle del Cauca Sigifredo López. En buena hora el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha declarado públicamente que no existían los suficientes elementos probatorios para mantener la medida de aseguramiento proferida contra el ex diputado a la Asamblea del Valle del Cauca Sigifredo López. Según el Fiscal, “cuando se decretó la medida de aseguramiento existían cuatro testimonios en su contra, y en ese momento la Fiscalía no tenía motivos para dudar de su veracidad”. Entendemos que el doctor Montealegre quiera sostener la coherencia en las actuaciones de la Fiscalía, pero tendría una mayor credibilidad si de modo más sincero reconociera la grave equivocación cometida, por cuya causa López fue expuesto ante la sociedad como si hubiera sido un peligroso delincuente, aliado de la guerrilla, traicionando y entregando a sus propios compañeros. El principio constitucional en materia de responsabilidad penal es el de la presunción de inocencia, y sin embargo la presentación pública del caso, a cargo de la Fiscalía, partió del supuesto de la culpabilidad, sobre la base de pruebas que  -al contrario de lo afirmado ahora por el Fiscal-  resultaban deleznables a los ojos de cualquier observador imparcial. Con el debido respeto, no se aviene al sentido pro libertad emanado de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia constitucional, la disculpa que hoy ofrece el Fiscal para sustentar la medida de aseguramiento dictada contra Sigifredo, diciendo que había cuatro testimonios y que en ese momento no había motivos para dudar de su veracidad. Esa afirmación implica un reconocimiento acerca de que la Fiscalía entonces dio pleno crédito a los testimonios porque no dudó de ellos, pero, a la inversa, sí dudó, con apoyo en los mismos, de la inocencia del procesado. Es decir, prefirió creer en los testigos sin beneficio de inventario alguno y presumir la culpabilidad del reo, a cuyo favor ha debido obrar el beneficio de la duda. Ahora se denuncia por el propio Fiscal General que los testigos a quienes meses atrás se les creyó por completo, al punto de ordenar la privación de la libertad del incriminado, “faltaron a la verdad en sus versiones”. En vez de presumir en su momento la inocencia de López, se presumió la veracidad de los testimonios en su contra y se inició la investigación sin darle crédito a quien estuvo siete años secuestrado y proclamaba su inocencia. Pero, con independencia de los pormenores procesales de este caso, la comunidad ha recibido con justificada alarma las declaraciones del doctor Montealegre, en las que alude a la existencia de un cartel de testigos, esto es, de grupos de personas dispuestas a rendir falsos testimonios y a comprometer a cualquier persona en la comisión de delitos, dando lugar -merced a la ligereza en que pueden incurrir a veces los fiscales, jueces y tribunales-  a la iniciación de procesos, a la privación de la libertad, a la perdida de la honra y a la destrucción de las familias de quienes son víctimas de declaraciones calumniosas. Afortunadamente, el Fiscal Montealegre ha trazado directrices a sus subalternos para que en el futuro se aplique con todo rigor la crítica del testimonio, y para que las pruebas testimoniales se cotejen cuidadosamente con otras pruebas, a la vez que anuncia investigación penal al respecto.