Situación de Hobo

La solicitud de la Contraloría para que Emgesa revise el censo de afectados por El Quimbo, argumentando que fue mal hecho, no debe pasar por alto. Se trata de incorporar a sectores vulnerables, como los pescadores artesanales, como damnificados indirectos. El aleve asesinato del policía Francisco Javier Cuéllar Medina, de 26 años, a manos de dos milicianos de las Farc, que fueron capturados en Algeciras con el arma del oficial asesinado, ha hecho saltar las alarmas en esta población, alerta encabezada por los concejales y el propio alcalde Humberto Pastrana, quienes afirman que la localidad corre serio riesgo de volver a ser atacada por esa facción terrorista. Si bien compartimos las preocupaciones y angustias de los hobeños y sus autoridades y líderes, son éstos últimos quienes deberían dar un mejor ejemplo de prudencia, sensatez y ponderación justamente en momentos de dolor como los vividos por el repudiable homicidio de Cuéllar Medina. No se trata, de ningún modo, de minimizar la gravedad de un asesinato y las denuncias de los dirigentes en torno a movimientos sospechosos, sujetos aparentemente merodeando de forma inusual y, sobre todo, la debilidad de un cuerpo de apenas seis uniformados de la Policía Nacional a cargo de la seguridad de la zona. Enorme costo hemos pagado los huilenses, especialmente desde la vigencia y desaparición de la Zona de Distensión del Caguán, provocando una mala imagen ante el país y el exterior, y grandes pérdidas tanto económicas como sociales y de desarrollo, por lo que estamos obligados a manejar de manera menos apresurada y con poco aspaviento aquellos asuntos que sintamos que pueden afectar la normalidad y la tranquilidad. Si los señores concejales y el alcalde Pastrana tienen elementos de juicio, válidos o por lo menos probables, de que hay alto riesgo sobre su localidad, lo primero que debe hacerse es usar los conductos regulares, acudir ante el gobierno seccional, concitar reuniones privadas de seguridad y exigir que se adopten los mecanismos necesarios antes de lanzar públicamente estas alarmas, que terminan generando zozobra en la comunidad, con otros efectos sobre la economía regional. Ya ha dicho el Ejército Nacional que no es posible un ataque porque tienen tropas alrededor y la capacidad de respuesta, aérea sobre todo, es muchísimo mayor hoy que hace 13 años cuando los guerrilleros dominaron a sus anchas el poblado durante varias horas de la noche, incendiaron la Alcaldía y el puesto de Policía y se fueron sin daño ninguno. Y salvo, mejores datos, debemos confiar en lo que ha dicho el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Novena Brigada del Ejército, responsable del Huila, quien afirma que hay tropa en toda la cordillera Oriental y en límites con Algeciras, y que además no tienen información de inteligencia ni denuncias sobre un golpe de esta naturaleza. Preocupa además, que el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de Policía del Huila, afirme que lo que hay es oportunismo porque es la misma exigencia de los concejales del Huila que, según ellos, por estar en zona roja, deben tener seguridad especial. Tal discusión ya se vivió con los concejales de Pitalito, que hace unos meses expresaron alarma similar. Que se evalúen con toda seriedad estas denuncias, pero igualmente exigir prudencia y cabeza fría de quienes han recibido el poder popular. DESTACADO “Estamos obligados a manejar de manera menos apresurada y con poco aspaviento aquellos asuntos que sintamos que pueden afectar la normalidad y la tranquilidad”. Editorialito La solicitud de la Contraloría para que Emgesa revise el censo de afectados por El Quimbo, argumentando que fue mal hecho, no debe pasar por alto. Se trata de incorporar a sectores vulnerables, como los pescadores artesanales, como damnificados indirectos.