Vuelve a plantearse desde el Legislativo la compleja y conflictiva discusión alrededor de la despenalización total del aborto, continuando con la línea que trazó Vuelve a plantearse desde el Legislativo la compleja y conflictiva discusión alrededor de la despenalización total del aborto, continuando con la línea que trazó en su momento la Corte Constitucional de eliminar las penas de prisión para aquellas interrupciones del embarazo en los casos de violación, malformación grave y congénita del feto, y cuando existiere peligro inminente para la vida de la madre. Los representantes a la Cámara Germán Navas Talero y Alfonso Prada Gil han radicado ya ponencia positiva al proyecto de Acto Legislativo, es decir la reforma a la Constitución misma, para erradicar del Código Penal el castigo por el aborto en Colombia en los mismos eventos determinados por la Corte. Aunque evidentemente se trata de cumplir con una decisión del alto órgano judicial, que de hecho ya había señalado esa despenalización para esas tres causales, los congresistas alegan que se trata de hacer efectivo el deber del Estado de atender y hacer eficaces los derechos sexuales y reproductivos, puesto que ellos se articulan con el principio, valor y derecho fundamental constitucionalmente reconocido de la dignidad humana. Cualquier discusión alrededor de este sensible asunto debe abordarse sin apasionamientos, prejuzgamientos, calenturas ni enfoques o perspectivas que olviden o dejen de lado o soslayen la ciencia y la realidad social de un fenómeno que, penalizado o no, afecta a decenas de miles de mujeres al año, la mayor parte de ellas de bajos recursos, de poco o nulo acceso educativo y de ignorancia supina. Miles de ellas, también, abandonadas por los irresponsables padres biológicos, rechazadas por sus familias, carentes de conocimiento de mecanismos de prevención y con un negro porvenir para ofrecer a sus criaturas. Es claro, por supuesto, que en la discusión se mezclarán las posturas ideológicas, teológicas y filosóficas alrededor del derecho a la vida, pero pocos o ninguno se plantearán escuchar a las verdaderas víctimas: a las futuras mujeres gestantes, especialmente aquellas que hemos descrito atrás. Pero más allá de si el país está a favor o en contra de la despenalización, parcial como la ordenó la Corte o total como la pretenden otros, el origen de la problemática apenas se analiza de lado: la educación sexual desde temprano y el uso de métodos anticonceptivos. Justamente acaban de publicar un estudio en Estados Unidos en el que se concluye que suministrar anticonceptivos gratuitos a mujeres con alto riesgo de embarazos no planeados, supuso una caída drástica de tasas de aborto y embarazos adolescentes. Si esto se replicara en todo Estados Unidos, señala el estudio, los anticonceptivos gratuitos podrían prevenir o evitar más de un millón de embarazos no deseados y 873.000 abortos por año. La solución, entonces, parece estar por los lados educativo y preventivo, y no por el legislativo ni el religioso.