Editora – Jueces a compensar

Terminado el prolongado paro judicial, uno de los más costosos tanto en términos tangibles como intangibles e institucionales sólo resta esperar que los señores jueces Terminado el prolongado paro judicial, uno de los más costosos tanto en términos tangibles como intangibles e institucionales sólo resta esperar que los señores jueces y demás miembros de la Rama Judicial que paralizaron sus tareas, retomen sus actividades con ímpetu, seriedad y responsabilidad. Y que sea general. El acuerdo prevé un desembolso a corto plazo de más de 1, 22 billones a partir del 2013 y otros 280 mil millones a partir del 2014, para la hacer efectiva la nivelación salarial, pendiente desde hacía 20 años. El acuerdo fue refrendado por los ministros de Justicia y Trabajo, la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y por el fiscal General. Las cifras son altamente significativas y permitirán resolver una de las sentidas necesidades de los servidores judiciales del país. Ahora resulta que en algunas regiones como el Huila y Caquetá, no acogen el acuerdo y anuncian con seguir en paro. No hay razón para persistir. El Gobierno, aportó las soluciones, como debió hacerlo anticipadamente, para ahorrarse el paro que afectó la prestación de ese servicio público esencial. El costo aproximado del paro sería del cerca de 35 mil millones de pesos; además se dejaron de realizar unas 21.000 audiencias en los distintos procesos y de tramitar cerca de 36.000 acciones de tutela. Los servidores judiciales deberán reponer 144 horas laborales, de manera estricta y completa. Para compensar el tiempo dejado de laborar, y por tanto permitir el pago normal y oportuno de los salarios, se suscribirán actas de compromiso con las salas administrativas seccionales para recuperar el tiempo perdido. No basta con que anuncien que trabajarán unas horas más por día para compensar, en tiempo, lo dejado de ejecutar. Eso es apenas una parte del problema creado: el otro, o los otros, son las consecuencias inmediatas de no contar con un operador judicial que impulsara procesos, o determinara libertades u ordenara capturas en aras de la preservación del orden público y de la estabilidad nacional. Los términos vencidos no se recuperarán. Ahora resulta que algunos sectores sindicales no respaldan el acuerdo y anuncian que mantendrán la protesta. Conjuradas las causas que originaron la huelga debe garantizarse la recuperación del tiempo dejado de laborar. Incluso, recortando la vacancia judicial que comienza todos los años a mediados de diciembre. Los servidores judiciales que continúen sin asistir de manera injustificada a sus puestos de trabajo deberán asumir las consecuencias de ley, como lo advirtió el Consejo Superior de la Judicatura. La ley es para todos. No sólo para los de ruana.