Diversos sectores de la sociedad, especialmente políticos encabezados por el señor ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez Diversos sectores de la sociedad, especialmente políticos encabezados por el señor ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y el mismo Congreso de la República, han planteado que nuestro país debe desacatar el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con los límites marítimos con Nicaragua, esgrimiendo varias razones, unas pasionales otras jurídicas y unas más siguiendo el ejemplo de otras naciones, entre ellas de las más poderosas, que no han obedecido los mandatos de las sentencias de esa Corte. Y por el otro lado, quienes propugnan porque Colombia dé ejemplo de seriedad, decencia jurídica y responsabilidad ante el mundo, alegan que ni siquiera debe discutirse esa posibilidad y que lo que cabe, procede y es conveniente es acatar el fallo; y por el medio de la cancha están los que plantean dilatar el cumplimiento o acudir al mismo seno de la ONU o exigir de la Corte aclaraciones y precisiones. Por supuesto que no es un asunto de poca monta el que estamos tratando de resolver, aún adoloridos por el impresionante golpe histórico a nuestra integridad territorial – uno más de varios – y el orgullo patrio arrastrándose en busca de paliativos. Sin querer fijar una posición contundente, cada uno de quienes proponen esta u otra salida tienen sólidos argumentos que presentar, pero lo que creemos es que no se puede simplemente manifestar que ese es el fallo, que nos someteremos a ese dictado sin chistar y que ahí veremos qué hacer con Nicaragua para que se les permita a nuestros pescadores, barcos y aviones transitar por la nueva zona que antes era, de hecho, nuestra. Si bien los puristas del derecho internacional afirman que no hay nada qué hacer, aflorando todo el “santanderismo” que nos ha regido desde hace más de siglo y medio, sobran ejemplos de cómo en otros casos y con diversos países, la Corte de La Haya no ha sido la última palabra ni sus dictados son cosa juzgada. Incluso países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir los más poderosos del planeta, le han el hecho el quite a las sentencias dictadas, entre otros por 5 magistrados a que tienen derecho inalterable esas mismas superpotencias. Francia, Islandia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Rumania y Malasia son algunos de aquellos; y en un caso emblemático y similar al de San Andrés, Nigeria desacató en 2002 una decisión que le otorgó una península a Camerún, y acusó al presidente de la Corte de parcialidad. Koffi Anan, ex secretario General de la ONU medió, creó una Comisión y recientemente llegaron a acuerdos parciales. No puede Colombia quedarse de brazos cruzados teniendo argumentos fuertes contra la sentencia que, además, afecta tratados con otros terceros como Costa Rica y Panamá. El ordenamiento internacional no depende sólo de asuntos jurídicos; hay mecanismos diplomáticos, de presión directa o con aliados o de fuerza, que algunos han aplicado, para establecerlo. La integridad nacional es motivo suficiente para intentar alguno.