Crear una Policía rural es una buena idea opacada por el amplio rechazo que generó la posibilidad de que desmovilizados de las Farc hagan parte de ella.
<contenido>En Colombia las buenas noticias no duran mucho. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos anunció desde París que está pensando en crear una Policía rural similar a la gendarmería francesa para garantizar la seguridad de las zonas campesinas durante el posconflicto. Una buena noticia sin duda. Pero como al instante admitió que no descarta que los desmovilizados de las Farc hagan parte de ella, el debate de fondo sobre esta nueva fuerza quedó enterrado y quienes se oponen ferozmente a que los guerrilleros la integren se robaron el show. Lo mejor, para entender de qué se trata sin que se estigmatice el debate, es separar los dos temas.
La seguridad de las zonas rurales es uno de los nudos gordianos que el Estado colombiano no ha logrado resolver en medio siglo. Por el contrario, las dos fórmulas que ha probado han sido peores que la enfermedad y son parte del pasado. La primera fue patrocinar desde los años sesenta a grupos de autodefensas campesinas en lugares remotos, que a la postre sirvieron de base del paramilitarismo, degradaron e hicieron más larga la guerra.
La otra es la que aplicó Álvaro Uribe con su política de Seguridad Democrática: militarizar el campo. Si bien resultó efectiva en algunos lugares, y la gente de clase media pudo volver a las fincas, también ha sido muy cuestionada en materia de derechos humanos. Militarizar las carreteras y crear una fuerza de soldados campesinos tenía lógica para un país en guerra, pero esas fórmulas resultan anacrónicas cuando se está ad portas de firmar un acuerdo de paz.
Que Colombia necesita una Policía rural lo demostró la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Después de 2005, los territorios que controlaban los paramilitares fueron rápidamente copados por grupos criminales ante la falta de control por parte de la fuerza pública. Los carabineros, que se supone son quienes responden por la seguridad rural, no lograron contener a las Bacrim que crecieron como espuma. Con una eventual desmovilización de las Farc el asunto es más grave pues ellos dominan territorios remotos, donde hay grupos de narcos y delincuencia común, fuentes de ingreso como la minería ilegal, y el Estado prácticamente es inexistente.
Ahora, la idea de crear una Policía rural no es nueva, ni es un invento de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Cuando fue ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez puso sobre la mesa este asunto, pero las condiciones del país, en plena guerra, no permitieron que prosperara. Rafael Pardo, quien también fue ministro de Defensa, ha sido un convencido de la necesidad de una guardia nacional y la defendió muy en solitario cuando se desmovilizaron las AUC, pues era previsible lo que pasó después.
La iniciativa tampoco cae mal entre los gobiernos locales. El gobernador Sergio Fajardo dice que por lo menos en Antioquia este cuerpo policial es “urgente y necesario”; y hasta un crítico del proceso de paz como José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, también la comparte. “El problema no es copiar las experiencias de otros sino hacerlo bien, como decía Alberto Lleras” y por eso cree que si se va a replicar a la gendarmería francesa debe hacerse con profundidad.
En el caso de Francia, esta entidad cumple funciones diversas que van desde Policía judicial hasta apoyar al Ejército en operaciones complejas. Los gendarmes son garantes de la convivencia ciudadana y tienen arraigo con la gente porque hacen parte de las comunidades. En otros países, como Venezuela, la guardia nacional, que es el equivalente a la gendarmería, es mucho menos ejemplar y por el contrario, es percibida como una de las instituciones más corruptas de su país.
Sin guerrilleros
Tan amplio como el interés que ha despertado la idea de crear una Policía rural ha sido el rechazo a que los guerrilleros desmovilizados se unan a ella. El procurador Alejandro Ordóñez dijo que la propuesta de Santos supone que los victimarios cuidarán a sus víctimas y que la Policía puede terminar en manos de las Farc. Desde el Centro Democrático acusaron al presidente de estar negociando bajo la Mesa de La Habana las reformas a la fuerza pública. Estas posiciones exageran el alcance de lo dicho por Santos y han terminado por satanizar un debate que va a ser sano y necesario. Y donde defensores y críticos tienen razones de peso.
Para expertos en la materia, como el profesor e investigador de la Universidad Eafit Jorge Giraldo, a los desmovilizados hay que integrarlos a la sociedad en espacios políticos y sociales, no armados. Y cita experiencias nefastas como la de los desmovilizados del EPL que se integraron al DAS rural en Urabá en los años noventa y terminaron reciclados en nuevas violencias. O la de las milicias de Medellín, que fueron armadas a través de una Convivir y terminaron matándose entre ellos.
Sergio Fajardo también tiene objeciones. Él piensa que una fórmula de este tipo haría más difícil recuperar la confianza de las comunidades en el Estado, que está rota en regiones con fuerte presencia de grupos armados, y que este es un tema crítico de la construcción de paz. Lafaurie, por su parte, dice que simplemente no se imagina al ELN cuidando oleoductos ni a Romaña en el Gaula.
Quienes defienden la presencia de desmovilizados en una eventual gendarmería a la colombiana, invocan, en cambio, experiencias exitosas como la de Mozambique y El Salvador donde los excombatientes de todos los lados hacen parte de los mismos cuerpos de seguridad del Estado.
Los argumentos para pensar que esto es posible, son que esta Policía rural al ser una fuerza nueva, muy propia del posconflicto, puede crearse con todos los estándares de transparencia del caso, con personas altamente profesionales y bajo un estricto control.
El tema se viene trabajando dentro del ministerio del posconflicto con ayuda de expertos nacionales e internacionales, pero todavía está muy crudo. Se han barajado opciones desde que sean guardabosques sin armas, hasta que a esta gendarmería también lleguen los actuales soldados dedicados a la contrainsurgencia que en un contexto de paz se van a quedar sin enemigo.
En conclusión, parece haber acuerdo en la necesidad de discutir cómo sería una P olicía rural; desacuerdo sobre quiénes podrían integrarla, y consenso en que su éxito dependerá de cómo se haga, qué funciones se le asignen y sobre todo qué controles tendrá en territorios lejanos, donde el crimen no va a desaparecer aunque se firme un acuerdo con las Farc.
El punto más crítico para el gobierno, si quiere sacar esta propuesta adelante, no es tanto lo que piensen el procurador o el expresidente Uribe, sino cómo la reciben las comunidades rurales, especialmente las que han vivido bajo la dictadura que les imponen los grupos armados. Alcaldes de varios municipios consultados para este artículo reclaman que se estudie la realidad concreta de cada territorio y la propuesta se ‘socialice’ con la gente. Suplican que este no sea un debate exclusivo de los mentideros políticos bogotanos, cuando lo que está en juego es la vida y la tranquilidad de sus comarcas
