De las balas a los expedientes

Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según el último informe revelado por la Flip. Además de los crímenes y las agresiones, el acoso judicial Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según el último informe revelado por la Flip. Además de los crímenes y las agresiones, el acoso judicial LA NACIÓN, Neiva A pesar de algunos avances en términos de protección y retos de la legislación para el acceso a la información pública, las condiciones para ejercer periodismo en Colombia siguen siendo críticas. El último informe realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) puso en evidencia el panorama que limitan el ejercicio del oficio. Además de los crímenes, la mayoría atribuidos a los actores del conflicto armado, las amenazas y el acoso judicial siguen en el orden del día. En  2012 la Flip registró un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato del periodista Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. La mayoría de estas agresiones fueron registradas en Bogotá con 17 casos, seguida por Antioquia (15) y Cesar y Valle, cada uno con 12 casos.  En el Huila se reportaron 4 agresiones, 4 en Caquetá y 2 en Putumayo. Durante el año se registraron 31 casos de agresiones a periodistas por parte de miembros de la fuerza pública. De 140 asesinatos registrados por razones de oficio entre 1977 y 2012, el 8.57% tienen como posibles autores a las Farc; 20.71% a los paramilitares, 7.14% a la Fuerza Pública y 4.28% al Eln.  En el mismo periodo el narcotráfico asesinó a 26 periodistas, 40 por autores desconocidos , 26 por paramilitares, 8 por funcionarios públicos y 19 la guerrilla. De éstos 12 corresponden a las Farc. Durante el mismo año dos periodistas fueron secuestrados. Élida Parra, quien trabaja en el Oleoducto Bicentenario y  los sábados dirigía un programa radial sobre los derechos de los niños en la emisora Sarare Stéreo, fue secuestrada por el Eln el 24 de julio y liberada el 14 de agosto. Las Farc secuestraron  durante 32 días al periodista francés Romeo Langlois mientras acompañaba una operación de militares y policías contra laboratorios de coca custodiados por la guerrilla en las selvas del Caquetá. Entre los puntos que el informe señala como críticos, están el aumento de las solicitudes de protección a periodistas. Mientras en 2011 las solicitudes fueron 60; en 2012 éstas llegaron a 100, de las cuales la mitad fueron consideradas por la Unidad Nacional de Protección como extraordinarias. Es decir, que debido a las amenazas requerían alguna medida de protección. Amenazas Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, especialmente a nivel local. Según el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, presentado por el Proyecto Antonio Nariño (PAN) a finales de 2012, al calificar qué tan bien están las garantías de estos derechos, Colombia está en un nivel intermedio: el país obtuvo un puntaje de 50 en una escala de 0 a 100, donde 100 es el mejor resultado posible. Dentro de los datos analizados, se encontró que la impunidad es el factor más preocupante con un puntaje de 12. Además, se destaca que la autocensura por el miedo al cierre de medios, despidos, o el temor a la violencia, son las situaciones que más afectan el ambiente para ejercer el oficio.  Esta es la primera iniciativa que se hace para medir el estado de las libertades informativas en el país. Impunidad El resultado con respecto a la impunidad no sorprende.  Durante  el 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas por razones de su oficio: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, quien murió el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba, y el de John Félix Tirado Castañeda de la emisora Ondas del Urrá, el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle.  Esto significa que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay en total 59 casos que ya prescribieron. En 2013 podrían prescribir 6 más. Por otro lado, la Flip destacó ciertos avances en el caso de Jineth Bedoya, que fue declarado Crimen de Lesa Humanidad, así como en  los de Orlando Sierra y Jaime Garzón,  ambos en etapa de juicio. Las investigaciones por las interceptaciones y seguimientos a periodistas por parte del DAS, parecen haber entrado en un letargo. Se dieron condenas contra mandos medios de la entidad, pero las investigaciones a los directivos y demás miembros del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, que están siendo investigados, no muestran avances. Acoso judicial Aunque el tema de seguridad sigue siendo el principal desafío para la libertad de expresión en Colombia, la Flip registró con preocupación el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012 la inquietud llegó al extremo con la condena proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Durante el año aparecieron nuevas denuncias judiciales contra periodistas y siguieron su curso procesos liderados por funcionarios públicos o particulares que voluntariamente se involucran en asuntos de interés general. Debilidades El informe también mostró que el acceso a la información pública en Colombia tiene algunas debilidades. De hecho, después de la impunidad, fue el factor con puntaje más bajo (38 sobre 100). En todo caso, es destacable que en el 2012 el Congreso haya aprobado la Ley de Acceso a la Información. Si bien es un avance importante, hay aspectos contrarios a los estándares internacionales que deben ser revisados por la Corte Constitucional. También es claro que la ley no soluciona todos los problemas que tiene Colombia en el tema. En el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de aquellos periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la Ley de Víctimas, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y, la Alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyó a los periodistas.