Obreros, colgados de un hilo en seguridad laboral

Con el aumento de la construcción en Neiva y el Huila, se ha incrementado el número de accidentes mortales en las obras. El incumplimiento de la normatividad de riesgo laboral es una de las principales causas. Con el aumento de la construcción en Neiva y el Huila, se ha incrementado el número de accidentes mortales en las obras. El incumplimiento de la normatividad de riesgo laboral es una de las principales causas. YURI TATIANA MERCHÁN PERDOMO LA NACIÓN, NEIVA En lo corrido del 2013 van tres accidentes mortales laborales ocurridos en las nuevas construcciones que se llevan a cabo en la ciudad de Neiva. El incumplimiento de la norma de riesgo laboral y salud ocupacional en el sector de la construcción está dejando resultados lamentables no sólo en la capital sino en todo el Huila. Tan sólo en el 2012, según datos del Ministerio de Trabajo, fueron reportados seis obreros fallecidos por accidentes laborales o enfermedades profesionales, al no tener los mínimos elementos de seguridad para trabajar en las alturas. Actualmente hay 70 investigaciones en curso de los años 2011 y 2012 por accidente de trabajo, accidentes mortales de trabajo, y enfermedades profesionales en diferentes áreas de la economía, siendo los de mayor índice construcción, vigilancia y transporte. Casos mortales En el año 2012 fueron repetitivos los casos de accidente mortal laboral en las construcciones de la ciudad de Neiva. Uno de los primeros casos que se conoció fue la del señor Jairo Raúl González González, de 31 años de edad, que falleció después de caer del séptimo piso en la edificación Ensenada del Magdalena, a un costado de la avenida que conduce a la central de abastos Surabastos. Al parecer el obrero se encontraba con los elementos de seguridad industrial puestos al momento del percance. “Tenía puesto el arnés y la línea de vida instalada…”, manifestó una fuente extraoficial. Otro que aún está en el recuerdo de los lectores de LA NACIÓN, fue el ocurrido en la construcción del edificio Amaranto Club House, ubicado en la vía que conduce al barrio Alberto Galindo. A las 8:30 de la noche aún se encontraba en la obra adelantando trabajos para fundir la placa del octavo piso, con el infortunio de que la canastilla de la pluma en donde la grúa subía la mezcla de cemento se habría descargado de manera violenta generando el accidente laboral. “Esa canasta se soltó y el trabajador al ver la situación se fue para atrás para evitar ser golpeado sin prever que estaba cerca de una orilla.   Él cayó varios metros y el cajón lo golpeó en la parte del abdomen y las piernas”, indicó un testigo. En el presente año, el 24 de enero, LA NACIÓN tituló: ‘Obreros sufrieron heridas al caerse de construcción’, evidenciando que la problemáticas es constante en la ciudad. En esta ocasión, el accidente laboral se ocasionó por falta de medidas de seguridad, ya que los lesionados, Luis Carlos Mensa Castañeda y Faiber Capera, cayeron al vacío desde un cuarto piso, cuando el andamio en que se encontraban cedió. Sus heridas leves los obligó a terner unos días de reposo. ¿Culpa de quién? Al parecer son muchas las razonas por las que suceden los accidentes laborales. Tatiana Andrea Forero Fajardo, directora de la Territorial Huila del Ministerio de Trabajo, comentó que “existe una ley que suprimió la obligación que tenía el empleador de conformar y registrar el Comité Paritario de Salud Ocupacional ante el Ministerio, creyendo así que no tienen la obligación de crear o tener establecida esta mesa, obteniéndose los resultados de la falta de liderazgo en seguridad laboral”, dijo. Jaime Andrés Durán Durán, Inspector de Trabajo de la Dirección Territorial del Huila del Ministerio de Trabajo, quien adelanta las investigaciones de violaciones de riesgos laborales y salud ocupacional, comentó que uno de los grandes errores que comete el trabajador es no hacer uso de los elementos de seguridad, por lo que en caso de accidente el perjudicado termina siendo el obrero, saliendo excluido el empleador. Víctor Daniel Tamayo Castañeda, abogado que lleva varios casos de accidente laboral, entre ellos el de los cinco obreros fallecidos en la planta de tratamiento de agua residual de Suaza, expresó que “lo que está sucediendo es que nuestros empresarios no le dan estricta aplicación a las medidas de seguridad, y están obligados a vigilar por ello. Por esas circunstancias es que se presentan esa clase de accidentes, donde los empleadores se ven abocados a pagar sumas de dinero por no tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de estas personas”. Seguimiento La ciudad está teniendo un crecimiento urbanístico acelerado en el sur, norte y oriente, en donde se encuentran grandes construcciones de vivienda, centros comerciales y de salud, siendo este sector uno de los principales generadores de empleo. Datos obtenidos de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, muestran que tan sólo en Neiva están proyectándose 63 proyectos de vivienda, y que se prevé una oferta de vivienda a futuro de unas 6.755 unidades, por lo que hace urgente e importante un real seguimiento y cumplimiento a las normas de seguridad para evitar los decesos  de los obreros por la inseguridad laboral. “Nuestra preocupación es precisamente que no haya más accidentes mortales, que no exista más trabajadores fallecidos como consecuencia de su labor; tenemos que cuidar la salud de los empleados, y a nosotros nos corresponde además de hacer la promoción de la normatividad, es el acompañamiento a las empresas”, aseveró  Forero Fajardo. Así mismo, el inspector de trabajo de la Dirección Territorial, afirmó que de acuerdo con la Ley 1610 de 2013, los empleados públicos con funciones de Policía administrativa “pueden llegar a un establecimiento o construcción, y en un determinado momento que se observe incumplimiento de las normas y que se pone en riesgo la vida de los trabajadores, llegaremos a imponer sellos de cierres inicialmente temporales de 3 a 10 días, si persisten de 10 hasta 30 días, y finalmente se puede hacer un cierre definitivo si persisten estas irregularidades”. Además, el Comité Seccional de Salud Ocupacional en el departamento del Huila, del que hacen parte representantes de instituciones públicas, privadas, asociaciones de riesgo laboral y la academia, vigilará que las empresas les estén brindando las garantías necesarias a sus empleados para laborar, y aumentar el número de trabajadores afiliados a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, ya que hasta ahora se registran 90.904 trabajadores en el departamento del Huila, teniendo una población de 1.011.418 habitantes, y así el empresario se evita sanciones que van desde los veinte hasta mil salarios mínimos legales vigentes. De acuerdo con los reportes que envían las diferentes ARL al Ministerio de Trabajo, entre las enfermedades laborales más comunes está el túnel del carpo, y aquellas en donde está involucrada la columna vertebral, como de disco, hernias discales y dolores musculares, que limitan a los trabajadores en su labor. “No tenemos reportes exactos de número de empleados con esta clase de enfermedades, debido a que muchas veces no hacen los reportes a la ARL”, expresó Durán Durán. Proceso El inspector del Ministerio manifestó que las estadísticas de accidentes tienden a ser más altas, debido a que muchos empleados no hacen el debido reporte o reclamación de sus derechos. Es por ello que “cada vez que ocurra algún tipo de accidente laboral o profesional, deben reportar a la ARL, que se hará cargo de las prestaciones económicas y asistenciales según la lesión, llegando hasta una pensión permanente si la vida del obrero llega a su fin. Si es un accidente grave, que cause invalidez, el trabajador debe ser calificado por el porcentaje de su invalidez. Si el trabajador no está afiliado, el empleador debe pagar toda la asistencia médica”, dijo. Indignación Uno de accidentes laborales que conmocionó a los huilenses, fue el de los cinco obreros fallecidos en Suaza el 24 de abril de 2008. LA NACIÓN tuvo contacto con la viuda de una de las víctimas. Se trata de la señora Luz Yaneth Hernández, quien dijo que  “la vida me cambió por completo al fallecer mi esposo. Tengo cuatro hijos, y desde que él no está a mi lado me ha tocado trabajar en oficios varios, porque aún el empleador que contacto a mi esposo no responde por lo ocurrido”, expresó. De la misma manera, Mercedes Oviedo, madre de Rafael Antonio Alarcón Oviedo, comentó que ya han pasado cinco años y no hay justicia con lo sucedido, en donde no sólo resultó afectado su hijo, sino cuatro hombres más. Actualmente el proceso de los obreros está acumulado en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, conociéndose que los trabajadores eran subcontratistas del señor Luis Erney Castro Valenzuela, quien a su vez era contratista del consorcio RP 2006, conformado por Héctor William Rojas Durán y Leonel Raúl Poveda Hernández. El abogado apoderado, Víctor Daniel Tamayo Castañeda, contó que “el fallo de primera instancia fue proferido por el Juzgado Primero Laboral el 27 de octubre del año 2010, donde lamentablemente fueron desconocidos los derechos que tienen las familias que quedaron en desamparo y abandono, ya que estas familias son numerosas y de bajos recursos”. Tan sólo fue indemnizada los familiares de Dumar Trujillo Núñez. Sin duda son familias a las que les ha sido desintegrado el hogar, con grandes perjuicios morales y que merecen un apoyo sicológico y económico para seguir avanzando en su desarrollo familiar y personal. “Sabemos que hay gran congestión en la justicia, que el honorable tribunal está haciendo lo posible por evacuar todos los procesos. Actualmente el proceso lo tiene para su fallo el doctor Alberto Medina Tovar, y tengo entendido que está en estudio ya para proferirse el fallo, y en medio de sus conocimientos de la ley y derecho, fije los perjuicios materiales y morales, que sean ajustados a la realidad, ya que algunas no tienen techo y están como judíos errantes”, explicó Tamayo Castañeda. La falta de rigurosidad en el cumplimiento de la norma de riesgo laboral ha dejado un saldo de 27 obreros fallecidos en lo trascurrido de 2011 a 2013.