El alcalde de Íquira y dos de sus funcionarios responden un juicio fiscal por presumibles irregularidades en la ejecución de un contrato de mantenimiento y repotenciación de luminarias. El alcalde de Íquira y dos de sus funcionarios responden un juicio fiscal por presumibles irregularidades en la ejecución de un contrato de mantenimiento y repotenciación de luminarias. El contrista no era técnico, sino un proveedor de materiales de construcción. Ricardo Areiza LA NACIÓN, Neiva Un contrato de alumbrado público, realizado con un proveedor que no acreditaba la calidad técnica para ejecutarlo, pero además que lo cobró sin haberlo cumplido a cabalidad, tiene ‘enredado’ al alcalde de Íquira Darwin Hernán Leiva Gaitán.
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Por el mismo hecho responden fiscalmente, el secretario de Planeación, Raúl Brand Trujillo, supervisor del contrato; la almacenista, Sandra Lucía Salazar Perdomo, quien realizó el estudio previo y el contratista Isaías Díaz Ladino. Como tercero civilmente responsable fue vinculada la compañía de seguros La Previsora. El mandatario, es el primer alcalde en ejercicio que responde en un proceso oral que adelanta la Contraloría Departamental por una denuncia que formuló hace un año, el concejal Eduardo Adolfo Garcés. El contrato 023 fue suscrito el 18 de mayo de 2012 con un plazo de ejecución de 30 días por un valor de 15 millones de pesos. El contrato fue adjudicado al comerciante Isaías Díaz Ladino, representante de Comercializadora HC, quien no tenía las calidades técnicas para realizar el mantenimiento y repotenciación del servicio de alumbrado público. El comerciante, cumplió a medias el contrato pero cobró como si lo hubiera ejecutado en su totalidad. Por el mismo servicio lo prestó desde el mes de marzo por otro contratista, por menos plata. Este último (Contrato 006 de 2012) fue terminado en abril, dos semanas antes de adjudicado el nuevo contrato. Según el concejal Eduardo Adolfo Garcés Andrade, el contratista le ofreció diez mil pesos a un operario por el mantenimiento de cada poste de alumbrado público intervenido. En total realizó el cambio de 60 lámparas. El operario confirmó que no se cambiaron los cables y muchos conectores fueron reutilizados. La labor la terminó en abril del año pasado y aun no le han cancelado el valor de su trabajo. El concejal, quien denunció el caso, argumentó además un posible sobrecosto. Por este contrato se ofrecieron 600 mil pesos por mantenimiento y el material no supera los 3,42 millones de pesos. “Es decir, el oferente se está ganando la astronómica suma de diez millones de pesos, algo desproporcionado en un municipio de escaso presupuesto”, relató Garcés Andrade. No obstante, la agencia fiscalizadora no consideró el supuesto sobrecosto. Incumplimientos Según el informe técnico realizado por la Contraloría, el contratista no ejecutó el 100% de los trabajos encomendados. “Las condiciones del contrato no se cumplieron al cien por ciento de su cabalidad y según dichas condiciones no se suministraron los materiales necesarios ya que se cambiaron algunos defectuosos por unos reutilizados y no nuevos”, explicó el auxiliar de la justicia. De los 100 balastos contratados se instalaron 70 y de éstos 20 no eran nuevos sino reutilizados. Lo mismo ocurrió con los arrancadores. Se instalaron 90 de los cuales 50 eran nuevos. Sólo se instalaron 68 de las 100 bombillas contratadas. Tampoco se realizó el cambio de los 200 conectores bimetálicos. Otras 25 permanecen sin conectores, empalmados directamente a las líneas de repartición. Según un dictamen técnico, conocido por LA NACIÓN, no se cambiaron las acometidas de alimentación en ninguna de las lámparas. Todas permanecen con del cable viejo, con desperfectos y a la intemperie. Y lo más grave: a ninguna de las lámparas se les realizó el mantenimiento. Sólo fueron revisadas y en algunos casos hubo sólo cambio de repuestos para que quedaran en funcionamiento. Según la evaluación técnica, 18 lámparas estaban mal aseguradas con alambres y no con collarines (abrazaderas). A ninguna de las lámparas se les cambió el cable de alimentación. También se detectaron lámparas con bombillas en mal estado, con cable de alimentación de deteriorado y sin carcaza externa, otras sin plafón. No era técnico Además, el contratista no era idóneo para adelantar el mantenimiento y la repotenciación del sistema de alumbrado público. El señor Díaz Ladino, según el organismo fiscalizador presentó propuesta para el suministro, mantenimiento y repotenciación del alumbrado público, inscrito como comerciante en la Cámara de Comercio, sin cumplir con las condiciones de idoneidad y experiencia requeridas para ejecutar el contrato pero si con el firme propósito de alcanzar la suscripción del mismo. Para lograr el pago de lo pactado presentó informe que no se ajustaba a la realidad. Según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie) las personas encargadas de estas labores deben tener obligatoriamente matrícula profesional expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (Conte). Sin embargo, el contratista es comerciante con quinto año de educación básica y la única experiencia específica que acreditó como proveedor de materiales para la construcción de obras de arte en una carretera afectada por la ola invernal. Daño patrimonial La jefe de Responsabilidad Fiscal, Olga Lucía Serrano, estimó que el pago efectuado no corresponde a lo realmente ejecutado y aunque sólo se ejecutó parcialmente al contratista se le pagaron sin justificación 11,4 millones de pesos, lo que se traduce en un presumible daño patrimonial. De acuerdo con la evaluación de la Contraloría, el contratista no utilizó adecuadamente el anticipo. No obstante el alcalde ordenó pagarle el saldo restante del 50% como si el contrato se hubiera cumplido, originando un detrimento patrimonial por el que deberán responder, solidariamente, los agentes implicados. “Se encuentra plenamente demostrado el cumplimiento parcial del contrato de suministros y mantenimiento 023 de 2012 y el pago total soportados en el presunto cumplimiento del mismo, como lo registra en un informe, actuación que merece reproche fiscal ya que se aparta de la buena fe que debe regentar la contratación pública”, argumentó la jefe de Responsabilidad Fiscal. “Ante este panorama de irregularidades y el no cumplimiento total del objeto contractual el despacho encuentra que el contratista buscó la satisfacción de un interés personal y no el beneficio de la comunidad como estaba pensado en los estudios previos. Isaías no era la persona idónea para ejecutar el contrato”, subrayó la funcionaria. “Está demostrado- añadió- que la conducta de los presuntos responsables fiscales influyó de manera directa en la producción final del daño. La conducta desplegada en ejercicio de la gestión fiscal fue antieconómica e ineficiente”. Los presuntos implicados no aceptaron las imputaciones, argumentando que el contrato se ejecutó en su totalidad. Aunque recusaron al auxiliar judicial por haber prejuzgado, no prosperó. En cambio, la Contraloría aceptó varias nulidades, ordenó la práctica de pruebas y suspendió la audiencia para el próximo 28 de febrero.
