Estado indefenso

La enorme polémica desatada en el país por todos los elementos que han rodeado la reciente defensa judicial del Estado colombiano ante cortes internacionales, específicamente el caso del Palacio de Justicia, pone de presente a gran escala la manifiesta debilidad que ha tenido el país, interna y externamente, para protegerse jurídicamente cuando se le endilga alguna responsabilidad o se exige una compensación por diversos actos oficiales. La enorme polémica desatada en el país por todos los elementos que han rodeado la reciente defensa judicial del Estado colombiano ante cortes internacionales, específicamente el caso del Palacio de Justicia, pone de presente a gran escala la manifiesta debilidad que ha tenido el país, interna y externamente, para protegerse jurídicamente cuando se le endilga alguna responsabilidad o se exige una compensación por diversos actos oficiales. Se ha dicho siempre, la mayor de las veces con indudable acierto, que el Estado siempre pierde en los estrados judiciales y que existen verdaderos carteles de abogados, en algunos casos en connivencia con jueces y magistrados, que esquilman al máximo los recursos oficiales a punta de demandas por las más disímiles causas. Y todo ello ocurre sin que nunca se haya dispuesto de mejores mecanismos para resguardar lo que es de todos; cuando se habla de demandas perdidas en los tribunales por parte de la Nación o de sus entes territoriales, el grueso de los colombianos asume el caso como si nada tuviese que ver con ello, olvidando por completo que todos esos pleitos se pagan con dinero de los contribuyentes, y que todos – nos guste o no – somos parte integral de ese Estado al que tantas veces atacamos. Valga decir aquí que Estado y Gobierno son dos entidades complejas distintas y que el Gobierno es solo una parte más del Estado por lo cual endilgarle responsabilidades al segundo, como si fuese el todo del primero, es errado y conduce a esa desidia con la cual los hijos de esta Patria tomamos asuntos como los de las frecuentes demandas que se pierden, es decir que perdemos todos. Y lo que ha ocurrido en la defensa de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la demanda por la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, también amplifica al máximo la honda división que tal hecho, y otros más, han provocado en el país. Se advierten sendas posiciones recalcitrantes: unos que abogan de forma radical porque no se reconozca absolutamente ninguna responsabilidad del Estado colombiano en esos gravísimos y traumatizantes hechos, desconociendo lo que jueces y tribunales internos han dicho y lo que incluso algunos de los protagonistas han reconocido, y otros que exigen que la Nación corra con todo el peso – económico e institucional – de la enorme tragedia en el centro de Bogotá y que se asuma de pleno la existencia de un alto número de desaparecidos, de ejecuciones extra judiciales y de abusos al por mayor durante esos dos infernales días. Desconocer, como se ha hecho en la respuesta a la demanda por el Palacio de Justicia, que hubo y hay desaparecidos contraría incluso la sensatez que debemos tener para reconocer culpas propias, pero igualmente no se puede pretender que una acción legítima y legal de reacción de la Fuerza Pública a un ataque terrorista se convierta – de pleno – en un acto similar. Mucho hay por revisar en lo que debe ser una estrategia seria, sensata y coordinada de nuestros intereses como país, Estado y Gobierno ante la Justicia. DESTACADO “Existen verdaderos carteles de abogados, en algunos casos en connivencia con jueces y magistrados, que esquilman al máximo los recursos oficiales a punta de demandas por las más disímiles causas”. EDITORIALITO A pesar de los esfuerzos tardíos del gobierno para frenar el paro cafetero, el movimiento no tiene reversa. La protesta aunque justa no debe desbordarse. Mesura para evitar que se convierta en un factor de perturbación.