Pocos delitos merecen mayor repudio y son tan aberrantes como la violación de mujeres. Peor aún cuando la víctima es una menor de edad. Las secuelas son permanentes y el crimen se convierte en un fantasma que nunca abandona a sus víctimas.
Sin embargo, en un país como Colombia, que se acostumbró a ver como algo cotidiano y casi rutinario masacres o vendettas mafiosas, la violencia sexual contra las mujeres es considerada por muchos un tema secundario del que poco o casi nada se habla. El asunto es todavía más ignorado cuando las mujeres son abusadas sexualmente por algunos de los actores del conflicto, casos que generalmente ocurren en las veredas, corregimientos y municipios apartados.
Tras la desmovilización de los grupos paramilitares y durante el proceso de Justicia y Paz, el país conoció los vejámenes y las aberrantes prácticas de violencia sexual desarrolladas durante años por esos grupos. Casos como el de Hernán Giraldo, el extraditado jefe paramilitar de la Sierra Nevada que violó centenares de niñas vírgenes menores de 15 años, fueron conocidos por la justicia y la opinión pública. Decenas de desmovilizados de las AUC también han contado en años recientes cómo parte de la expansión y estrategia de terror de los bloques paramilitares consistió en implementar una política sistemática basada en violar a las mujeres en los lugares a los que llegaban.
Si bien la desmovilización paramilitar permitió conocer parte de ese horror, la realidad es que el tema de la violencia sexual contra las mujeres por parte de otro de los principales protagonistas del conflicto, las Farc, ha permanecido ignorado durante décadas. No solo por la propia guerrilla, sino por el propio Estado.
Lo poco que hasta ahora se sabía sobre abusos sexuales en las Farc se ha conocido por los testimonios de las guerrilleras desmovilizadas, reinsertadas o capturadas. Muchas de ellas han contado en detalle que cuando hicieron parte de las filas de la subversión fueron violadas por sus comandantes o compañeros, y en no pocos casos convertidas en esclavas sexuales. Si bien esas prácticas en las filas no son menos aberrantes, hay una que hasta ahora se conoce y es la de violación de civiles por parte de la guerrilla.
En medio del proceso de paz que se adelanta con las Farc, la Fiscalía General empezó a documentar y a recolectar por todo el país centenares de expedientes de todo tipo que involucran a esa guerrilla, con el fin de determinar las diferentes clases de delitos y así poder individualizar y eventualmente imputar a los responsables. Secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, entre otros, hacen parte de los temas. Hace un poco más de dos meses, a la dirección de análisis y contexto de esa entidad –Dinar– le correspondió hacer esa labor y uno de los temas prioritarios fue el de violencia sexual.
Los fiscales e investigadores comenzaron a recolectar los casos que durante años estuvieron acumulando polvo en despachos desperdigados a lo largo y ancho del país. También comenzaron a solicitar y cruzar información de entidades en las que existían denuncias de violencia sexual que no necesariamente estaban en la Fiscalía. Fue así como tuvieron acceso a los casos documentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y la impresionante base de datos de la Defensoría del Pueblo, entidad que no solo tiene una amplísima cobertura en todo el país, sino que por su naturaleza misma genera la mayor confianza entre las víctimas al momento de denunciar.
El resultado de lo que hasta ahora han encontrado en escasos dos meses es impactante. En la Dinar ya reposan y están documentados 428 casos de mujeres civiles que fueron abusadas sexualmente por hombres de las Farc. También están los casos de 118 niñas menores de edad, con rangos de edad entre los 4 y 17 años, que fueron víctimas de integrantes de esa guerrilla. Incluso hay cerca de diez casos documentados en los que las víctimas fueron hombres, dos de ellos niños.
No se trata de un asunto menor. Los más de 500 casos documentados en un periodo tan corto son bastante reveladores, y dan una idea de la dimensión de lo que ocurrió durante décadas en el país y que nadie quiso ver hasta ahora. Lo que hasta ahora se ha investigado abarca entre 1995 y 2014. Los fiscales no dudan que esa cifra de víctimas se disparará en cuanto se adelante el trabajo en terreno y se conozcan los casos de víctimas que no están registradas o nunca denunciaron. El análisis evidencia también que prácticamente no existe una sola estructura de las Farc a nivel nacional que no tenga casos de violación de mujeres.
Los testimonios de las víctimas son estremecedores y dejan en evidencia un nivel que raya en la barbarie. Uno de ellos es el de cinco mujeres de una misma familia, con rangos de edad entre los 9 y 70 años de edad, que fueron abusadas sexualmente sin razón alguna. También están los de mujeres embarazadas que fueron víctimas por el simple hecho de ser familiares o conocer a alguien en las Fuerzas Armadas. No menos dramáticas son las declaraciones de mujeres que fueron violadas por grupos de hasta diez guerrilleros quienes, adicionalmente, obligaron a sus hijos y esposos a presenciar el abuso. Como estos son decenas de casos que están en la Defensoría, el ICBF y la Fiscalía a los que tuvo acceso SEMANA, que se abstiene por razones obvias de seguridad de revelar la identidad de las víctimas (ver recuadros).
El trabajo que está realizando la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía busca determinar si, como ocurrió con los grupos paramilitares en su momento, la violación de mujeres de las Farc se trató de una política sistemática por parte de ese grupo. La importancia de esa labor, más allá de prestarle por primera vez atención a las víctimas sexuales de la guerrilla, consiste en que de probar la sistematicidad de esa conducta se trataría ni más ni menos que de crímenes considerados de lesa humanidad. Falta ver las consecuencias jurídicas que esto tendría y el impacto que esto pueda tener sobre los diálogos en La Habana. Por ahora lo que sin lugar a dudas es meritorio es que estos crímenes olvidados saldrán a la luz.
