El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, indicó que en los últimos dos años se han interpuesto sanciones por más de 28.000 millones de pesos a las empresas de telecomunicaciones por fallas en el servicio. LA NACIÓN, Neiva El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, indicó que en los últimos dos años se han interpuesto sanciones por más de 28.000 millones de pesos a las empresas de telecomunicaciones por fallas en el servicio. Destacó que en la actualidad adelanta una investigación para determinar si los molinos o los supermercados están especulando con el precio del arroz. ALEJANDRA MONTOYA FALLA LA NACIÓN, NEIVA Desde que entró en vigencia el nuevo Estatuto del Consumidor, en abril de año pasado, los usuarios han interpuesto más de 20.000 reclamaciones por fallas a la hora de recibir un bien o servicio.
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Así lo confirmó Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, quien estuvo en Neiva participando en un conversatorio con los empresarios huilenses sobre los alcances de la nueva ley que protege a los consumidores en el país. En entrevista con LA NACIÓN, el funcionario destacó que en la actualidad adelanta una investigación para determinar si los molinos o las grandes superficies comerciales en la actualidad están especulando con el precio del arroz, pues a pesar de que al productor la cotización de dicho fruto ha bajado, el consumidor sigue cancelando lo mismo. ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado en el país el nuevo Estatuto del Consumidor, que ya va a completar un año de haber entrado en vigencia? Colombia cuenta hoy con uno de los estatutos más modernos al mundo en materia de protección al consumidor. No lo digo yo, lo dice todo aquel que lo conoce e incluso ya tiene fama a nivel internacional. Pero para que tenga una verdadera operatividad necesitamos unos empresarios comprometidos en proteger los derechos del consumidor, responsables con el comprador y también necesitamos un consumidor responsable, al igual que unas autoridades que ejerzan sus funciones de policía administrativa en la protección al consumidor y con las herramientas suficientes, pues si hay casos de incumplimiento de los consumidores, hacer respetar esos derechos. ¿Y qué se ha hecho para que el consumidor conozca sus derechos y pueda reclamar? Parte de la estrategia que ha diseñado la Red Nacional de Protección al Consumidor es la divulgación del estatuto, pues en la medida que podamos contarle a los empresarios, a los consumidores a qué se tiene derecho y a qué está obligado, tendremos un derecho al consumo más eficiente del que tenemos hoy y ese es el propósito de la visita a Neiva, poder intercambiar opiniones en el tema de derechos al consumidor y socializar dicho estatuto. ¿Desde que entró en vigencia, cuántas sanciones se han interpuesto? La Superintendencia de Industria y Comercio en los dos últimos años en el sector de comunicaciones ha impuesto multas por 28.000 millones de pesos a los distintos operadores. Esas multas equivalen al mismo valor de sanciones impuestas desde el 2000 al 2010 por la Súper, lo que demuestra que hay un trabajo importante y eficaz que se ha hecho. En otros sectores hemos impuesto multas por 14.000 millones de pesos. Esto demuestra que estamos haciendo la tarea y en los temas jurisdiccionales la Superintendencia ha conocido en los últimos años más de 20.000 reclamaciones que algunas han terminado con sentencias y otras en una etapa de facilitación entre el consumidor y el empresario, en donde han llegado a un acuerdo o se ha desistido de la reclamación. ¿En el caso de Neiva, los consumidores sí radican reclamaciones? No conozco puntualmente en Neiva, pues la Alcaldía es quien recibe dichas reclamaciones, ella es la autoridad en el municipio que debe ejercer la función de policía administrativa. Pero a la oficina en Bogotá llegan muchos procesos, incluidos del Huila, pero sabemos que no hay una situación alarmante. ¿La Superintendencia contempla la posibilidad de instalar oficinas en las regiones, en el caso puntual en Neiva, para que los consumidores reclamen? Ese ha sido un anhelo nuestro, poner oficinas de atención al consumidor y para ello con la Alcaldía de Neiva se está estudiando dicha posibilidad, es un tema que deberá coordinarse directamente con la administración municipal y en unos meses podría ser una realidad. ¿En el caso del sector de las telecomunicaciones, cuáles son las reclamaciones más frecuentes de los usuarios? Que el operador del servicio factura un trabajo que no se ha usado, cobran roaming internacional, que facturan un plan distinto al contratado, que cuando se realiza la reclamación no se atienda correctamente, esos temas fundamentales. Si tienen antecedentes en los nuevos casos, al momento de pasar la sanción, se tienen como una circunstancia agravante para imponer la nueva multa. ¿En el tema de la protección de los productos colombianos que tienen denominación de origen, qué controles viene ejerciendo la Superintendencia? Es un trabajo muy interesante, porque en el caso de la polémica que recientemente hubo con el sombrero ‘vueltiao’, cuando se tomó la orden de prohibir comercializar cualquier tipo de sombrero que aparentara ser ‘vueltiao’, salieron a decir que era una decisión pueblerina y provinciana. Realmente nosotros estamos protegiendo los derechos de los consumidores que tiene facultad a que todo ello que aparenta ser ‘vueltiao’, en realidad lo sea. Nosotros lo que estamos haciendo no es nada distinto a lo que vienen realizando los países del primer mundo en Europa con productos que tiene protección, como por ejemplo la champaña en Francia, entre otros. Nosotros lo que estamos haciendo es proteger la propiedad intelectual. ¿Y con qué otros productos que tienen denominación de origen en el país se puede estar presentando este fenómeno de la piratería? Sabemos que sí se presenta y por eso nosotros estamos listos a actuar. Al principio con el sombrero ‘vueltiao’ nos decían que esa medida era incumplible, pero estamos demostrando que sí se puede. Hemos tenido operativos bastante eficientes, hemos, por ejemplo, decomisado 70.000 sombreros en el puerto de Buenaventura, 4.000 sombreros en Atlántico, en Bolívar 4.500 unidades y todos los días vamos recibiendo información sobre dónde pueden estar estos productos. En el caso del Huila, la cholupa hace ya un par de años obtuvo la denominación de origen. ¿Qué beneficios les ha traído a sus productores? El beneficio es que el consumidor al momento de adquirir un producto con denominación de origen, sabe que cumple con unas características especiales que lo hacen en realidad apreciable. También los productores con la denominación de origen tienen un ingrediente adicional para poner en el mercado bien posicionado su producto, que es lo que ha pasado con la cholupa huilense. ¿Cómo van las acciones que venía realizando la Superintendencia para evitar que se siga comercializando lactosuero en el país como si fuera leche? Ya se han tomado varias decisiones, los productos a base de lactosuero utilizan los mismos canales de comercialización de la leche a nivel nacional. Dicha distribución, aparentemente, confunde y engaña al consumidor en razón a sus características externas, logrando, en principio, que se adquieran estos productos sobre el supuesto que sus componentes son idénticos a los de la leche, se está haciendo un constante control para evitar que siga sucediendo y por supuesto interponiendo las sanciones a que haya lugar. Asimismo hemos interpuesto muchas sanciones a los vendedores de aceites comestibles, pues indicaban estar vendiendo unas cantidades y eran menores, y superaban los rangos de desfase que la ley permite. Es decir, estamos actuando en la medida que vamos conociendo las irregularidades que se pueden presentar. ¿Y cuál es el control puntual que se está haciendo sobre el tema del precio del arroz, pues para el productor ha bajado drásticamente pero el consumidor final sigue cancelando lo mismo? En el tema del arroz, el Ministro de Agricultura a principio de año denunció que los molinos estaban comprando a los agricultores las cosechas a precios inferiores de lo que normalmente se venía comprando y que no se ha tenido una disminución al usuario final. A el ama de casa se le está cobrando lo mismo por el arroz. Lo que la Superintendencia está investigando es qué hay detrás del tema, si hay un acuerdo de precios, una cartelización por parte de los molineros o de las grandes superficies al momento de establecer el precio del arroz. Por eso estamos estudiando la estructura de costos para determinar qué está pasando, con el fin de salvaguardar los intereses de los consumidores.
