Están por agotarse el aguardiente y sus recursos

El hundimiento en la Asamblea departamental de un proyecto para contratar la fabricación y venta de aguardiente Doble Anís dejó al Huila al borde del agotamiento del licor, y de los ingresos que de él se derivan. El hundimiento en la Asamblea departamental de un proyecto para contratar la fabricación y venta de aguardiente Doble Anís dejó al Huila al borde del agotamiento del licor, y de los ingresos que de él se derivan. Rafael Trujillo LA NACIÓN, NEIVA Solo hasta abril próximo, a lo sumo, alcanzará el aguardiente Doble Anís, del volumen que se contrató para ser preparado y envasado por la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA. Luego no habrá más licor, en una situación insólita y desconcertante para el Huila, que ha tenido en este aguardiente un producto de imagen de exportación, especialmente durante sus festividades sampedrinas, y que tiene al departamento a un paso de un grave detrimento de su patrimonio, por la pérdida de más de siete mil millones de pesos por concepto de impuestos y regalías por venta y consumo de Doble Anís. De cómo se llegó a esta circunstancia dan cuenta los sucesivos intentos del Gobierno departamental, en procura de avanzar en un proceso para contratar la producción, comercialización, distribución y venta de licores. Un proyecto de ordenanza en este sentido fue presentado a la Asamblea del Huila en días pasados, pero la iniciativa fue hundida en esta oportunidad sin tener siquiera una evaluación de legalidad y conveniencia. El Gobierno había advertido sobre la urgencia del proyecto. “El trámite de la ordenanza es urgente para atender las necesidades de mercado del aguardiente. Nos preocupa un inminente desabastecimiento del producto. No podemos incurrir en un detrimento patrimonial y faltas disciplinarias”, afirmó el secretario de Hacienda del Huila, Luis Suaza. No obstante, la respuesta de la Asamblea fue contundente. “Lo advertimos desde el año pasado: era fundamental planificar este proceso, pero ahora el Gobierno pretendía tomar las cosas apresuradamente”, dijo a LA NACIÓN la diputada Sandra Hernández. La dirigente explicó que el proyecto tenía un carácter “abierto”. “No sabíamos a dónde conducía la contratación. ¿A una licitación? ¿A un convenio interadministrativo?”, interrogó Hernández. De fondo, hay también un debate más amplio, sobre los procesos que deben de quedar en manos del actual gobierno, dada la cercanía electoral y de la asunción del próximo gobernante departamental. Sin duda, la Asamblea prefiere no comprometerse con el actual mandatario, si el futuro gobernante está a la vuelta de la esquina. Mientras se surte esta situación, no hay ni habrá de momento una sola botella nueva de aguardiente. El volumen que se contrató con la FLA fue entregado en su totalidad, y “alcanza para este mes y probablemente un poco en abril”, reveló la compañía Licorsa. Peor aún, sin ordenanza aprobada en la Asamblea del Huila, autorizando legalmente al Gobierno, como corresponde, no hay cómo ni cuándo disponer de volúmenes siquiera pequeños del aguardiente. El conflicto no se limita, además, a disponer o no del licor, sino de lo que representan los ingresos por este concepto para el departamento. Imposibilidad El Huila no solo está en riesgo de perder más de siete mil millones de pesos por concepto de impuestos y regalías por venta y consumo de aguardiente. No es posible contratar una producción parcial, debido a la vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Una licitación implica términos de tiempo mucho más amplios: ni siquiera se alcanzaría de aquí a San Pedro. La decisión tomada por la Asamblea Departamental el jueves en la noche, hundiendo sin ningún debate el proyecto de ordenanza que le presentó el gobernador encargado, Julio César Triana, para que se autorizara el proceso de contratación, dejó al departamento sin ninguna vía jurídica viable para cubrir la demanda a partir del mes de mayo, lo cual incluye junio que es -de acuerdo con los antecedentes históricos- el período de más alto consumo por las fiestas sampedrinas. En el caso hipotético de una licitación, y considerando las cifras del año pasado, sólo a partir de finales de agosto habría nueva producción de aguardiente Doble Anís -bajo concesión o contrato parcial como se ha hecho en los recientes cinco años-. En estas condiciones, por los cuatro meses de ausencia del licor se dejarían de recibir 5.985 millones de pesos por concepto de impuesto al consumo y 1.325 millones de pesos de regalías por uso de la marca Doble Anís. Igualmente, se afectaría seriamente el patrocinio de las fiestas de San Pedro para el departamento y municipios, y la inversión publicitaria a que está obligado el comercializador, que es de cuatro por ciento del costo total del producto alcohólico. De ese dinero, cuyas cifras resultan del consumo reportado en el 2012, le corresponderían directamente a la salud $1.710 millones y los restantes $4.275 millones irían con libre destinación a salud y educación de los huilenses. Los tiempos La posibilidad de quedarse durante cuatro meses sin licor y sin sus impuestos y regalías, surge de los tiempos aproximados que demandaría un nuevo proceso legal. Incluiría la citación a sesiones extras de la Asamblea en el mes de mayo, puesto que en abril, si bien los diputados sesionan, ya no es posible presentar un proyecto similar al que fue hundido el jueves pasado. En el caso de las extras, estas tomarían unos diez días; luego el proceso de licitación por dos meses, si no surgen contratiempos, demandas y obstáculos similares; posterior a ello el tiempo de producción, a marchas aceleradas, implicaría dos meses más. En este último caso se consideran los períodos necesarios para las órdenes de producción de los envases de vidrio, las tapas especiales y la importación de las mezclas de anís, que llegan desde Alemania. Así que la primera botella saldría a finales del mes de agosto o comienzos de septiembre. Cabe recordar que incluso en un caso como el de una contratación por un período breve de tiempo, hay ya una advertencia clara formulada por la Contraloría del Huila. A mediados del año pasado, la contralora Indira Burbano envió a la entonces gobernadora Cielo González un control de advertencia, luego de la controversia abierta por la Asamblea departamental en torno a una nueva contratación del aguardiente, bajo la modalidad de un contrato interadministrativo con la Fábrica de Licores de Antioquia. En tono enfático, la Contralora subrayó que los contratos de producción, introducción y venta de licores, por tratarse de un monopolio rentístico de los departamentos, debe de adjudicarse en concesión, previa autorización de la Asamblea, y que la celebración sucesiva de contratos de licores sin ninguna planeación no solo está proscrita en el régimen de contratación estatal sino que constituye una total improvisación. Sin prórroga Una salida jurídica que se planteó era la de poder prorrogar el contrato de producción con la Fábrica de Licores de Antioquia, lo cual ya es imposible puesto que ese contrato venció el 31 de enero pasado. Otros sectores, incluidos algunos integrantes de la Asamblea departamental, señalaron que el Gobernador encargado o el electo podrían estudiar una emergencia social o económica, considerando el inminente daño patrimonial al fisco regional. Sin embargo, una medida de esta naturaleza es realmente compleja y difícil de justificar ante los organismos de control. Sin debate En este sentido, la Asamblea pudo haber avanzado en el debate necesario al proyecto de ordenanza que presentó el Gobierno, y no hundirlo sin miramiento ninguno. “La Asamblea incluso podría haber modificado los alcances del proyecto, ateniéndose en todo caso a lo que dispuso el conocido fallo del Tribunal Administrativo del Huila que fijó las reglas de este proceso de concesión, pero no abstenerse de estudiarlo, discutirlo, analizarlo y llevarlo a un debate abierto, como era y es su deber”, dijo un jurista que pidió no revelar su nombre. Según su argumento, es curioso que la Asamblea haya hundido la iniciativa, sobre todo después de que el año pasado dio una dura pelea con la entonces gobernadora Cielo González para tomar parte en la mecánica jurídica de la concesión. “Y ahora que sí les presentan el proyecto lo hunden sin debate”, concluyó. ¿Quién responde? El posible detrimento patrimonial daría lugar a actuaciones de los organismos de control, Contraloría y Procuraduría, sobre aquellos responsables directos. La duda surge entonces de a quién corresponde asumir las consecuencias legales: ¿al Gobernador encargado, que presentó el proyecto de ordenanza pero lo hundieron por razones que los diputados consideran son de responsabilidad del mandatario; al anterior encargado, que no adelantó ningún trámite y se limitó a plantear un cambio en el modelo de comercialización, o a la suspendida Gobernadora que estuvo un año en el cargo y no sacó adelante el proceso, que ya lleva cinco años en el limbo? ¿O también los ex gobernadores Luis Jorge Sánchez y Rodrigo Villalba que tuvieron en sus manos la potestad de entregar la concesión y no lo hicieron? ¿O la Asamblea Departamental que ha hundido los proyectos, en este último caso sin someterlo a un primer debate? Por ahora, la situación es de total incertidumbre, pese al intento por frenar una circunstancia de tantas consecuencias para el departamento, más allá, incluso, de que solamente no haya aguardiente disponible. Consumo mensual 2012 Mes                Consumo botellas 750 c.c. Mayo              124.000 Junio             335.000 Julio               107.000 Agosto                       122.000 Total               688.000 botellas