La lista negra

El Congreso que retoma actividades el próximo 16 de marzo ha perdido 22 de sus miembros. Condenas, detenciones e inhabilidades son su cara más oscura. El Congreso que retoma actividades el próximo 16 de marzo ha perdido 22 de sus miembros. Condenas, detenciones e inhabilidades son su cara más oscura. Informe especial SEMANA Cuentan los libros de historia que en el nacimiento de la República había que llamar al Congreso colombiano “alteza serenísima”. En él estaba depositada la soberanía y no había más alta ni más serena vocación a la que aspirar. Los congresistas, de hecho, trabajaban ad honórem. Doscientos años después, sin embargo, se echa de menos la altura y la serenidad. El Congreso que vuelve de vacaciones el próximo 16 de marzo no cuenta con 22 de sus miembros. Condenas, detenciones y sanciones, entre otras razones, sacaron del juego político a estos parlamentarios. Cohecho, nexos con grupos ilegales, lavado de activos, soborno, entre otros delitos o violaciones al régimen de inhabilidades tienen en problemas a estos congresistas, quienes representan casi el 10 por ciento del poder Legislativo. (Eso sin contar el centenar de congresistas involucrados en la parapolítica en años anteriores). Por ejemplo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia notificó a la senadora Piedad Zuccardi de una medida de aseguramiento preventiva, mientras el tribunal investiga sus presuntos nexos con el bloque Héroes de María de las AUC. De esta manera el departamento de Bolívar pierde otro congresista. En septiembre de 2010, el senador de Cambio Radical Javier Cáceres, expresidente del Senado, fue detenido, y en abril de 2012, condenado por “concierto para delinquir agravado”. Los dos representaban las fuerzas políticas más importantes de ese departamento caribeño. Otra baronesa electoral en problemas es la senadora Dilian Francisca Toro, de La U, la segunda votación más importante al Congreso de 2010 (151.624 sufragios) y otra expresidente de la corporación. Toro está privada de la libertad desde julio del año pasado, cuando la Corte Suprema le abrió una investigación por lavado de activos por haber comprado, supuestamente de manera irregular, algunos predios provenientes del narcotráfico. El pasado 18 de febrero, el Congreso aceptó la renuncia a su investidura. En la lista de detenidos por nexos con grupos paramilitares, además, están el senador Fuad Rapag, de La U, y el representante Carlos Alberto Escobar, del Partido Liberal. Y entre los sancionados por el Ministerio Público está la senadora liberal Piedad Córdoba quien fue destituida e inhabilitada por haber promovido y colaborado con las Farc. Pero la lista de sancionados por otras razones no para ahí. A mediados de octubre del año pasado, el senador Eduardo Merlano, también del Partido de la U, fue destituido e inhabilitado por diez años para ocupar cargos públicos por la falta disciplinaria de “tráfico de influencias”. El senador, hijo de Jairo Enrique Merlano, otro congresista condenado por sus nexos con grupos paramilitares, fue sancionado por haber utilizado su cargo para evitar una prueba de alcoholemia cuando en un retén lo pillaron manejando con tragos en la cabeza. El suceso quedó en la retina de los colombianos que vieron el video que probó cómo buscó influir en los policías. La representante a la Cámara Lucero Cortés paga una condena de cinco años de casa por cárcel por haber presionado a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura para que fallara un caso a favor de su esposo Manuel Rincón. Además, es investigada por haber recibido, supuestamente, bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes. En la lista también está el tristemente célebre Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, y exsenador del Polo, quien fue inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos por 20 años, por pedir comisiones para influir en la contratación de Bogotá. Ocho congresistas han perdido su investidura por violar el régimen de inhabilidades. Entre ellos está el caso del representante a la Cámara Luis Enrique Salas, de La U, a quien el Consejo de Estado sancionó políticamente porque les pedía el ‘diezmo’ a los integrantes de su unidad legislativa. En total son 10 legisladores de La U, cinco del Partido Liberal, dos del PIN, cuatro del Partido Conservador y uno del Polo Democrático que hoy no están en el Congreso debido a sus líos jurídicos. Es decir, no se salva ninguna de las colectividades más importantes. A estas cifras se suma el hecho de que en los últimos meses el Capitolio ha registrado índices de desfavorabilidad preocupantes. Según la encuesta más reciente de Invamer Gallup dos de cada tres colombianos tiene una opinión negativa de esa corporación. Ni siquiera cuando estuvieron en pleno auge las investigaciones por parapolítica o con el proceso 8.000 el desprestigio de esa corporación alcanzó esa cota. ¿Cuál es la solución? En una orilla están los que impulsan la revocatoria del Congreso, como el senador del Polo, Camilo Romero. En su criterio, estas cifras “dejan claro que Colombia merece otros congresistas”. No obstante, no se puede borrar de un plumazo la importancia de una corporación en la que la mayoría de sus miembros cuenta con un respaldo legítimo y legal. De hecho, revocar el Parlamento sería darles munición a quienes denigran de la institucionalidad colombiana para justificar la violencia. El investigador de Congreso Visible Nicolás Santamaría, quien no deja de reconocer que las cifras son preocupantes, tiene una opinión más moderada. En su criterio, “no se puede desconocer que este Congreso ha hecho reformas estructurales importantes”. Se refería al hecho de que pese a los escándalos, el Legislativo, que empieza su recta final en las próximas semanas, aprobó leyes como la de Víctimas y Tierras y la reforma a las Regalías, que supusieron cambios estructurales para el país. Para él la salida se encuentra en las mismas vías institucionales. A través de claridad en las reglas de juego y ajustes a los controles políticos de los partidos, la calidad parlamentaria podría mejorar. Para la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, lo que le pasa al Congreso es que está cosechando los frutos de un desprestigio histórico. “El descalabro de la reforma a la Justicia lo que hizo fue detonar un descontento que estaba guardado”, dijo. En su criterio no existe un Congreso en América Latina que haya acumulado una crisis como la que padece el colombiano. Sin embargo, para Barrios parte de la responsabilidad es de la ciudadanía que votó a pesar de que no faltaron las alertas de organizaciones sociales, medios de comunicación e incluso de los propios organismos de control. En un momento en el que comienzan a alistarse las campañas parlamentarias de 2014 se abre la pregunta sobre cómo recuperar la dignidad perdida del Congreso. Quizás no para que regrese su altura y serenidad pero sí para que represente honestamente los intereses de los electores.