Salud al banquillo

La propuesta que presentó el gobierno para reformar el sistema de salud es revolucionaria, pero tiene varios talones de Aquiles. La propuesta que presentó el gobierno para reformar el sistema de salud es revolucionaria, pero tiene varios talones de Aquiles. Informe especial SEMANA Si el escritor y pensador francés Víctor Hugo tuviera la posibilidad de leer el texto de la reforma a la salud que presentó esta semana el gobierno, tal y como supuestamente lo hizo con la Constitución política de 1863 escrita por el Olimpo Radical, seguramente pensaría lo mismo: “Es para un país de ángeles” y no para acabar con todos los demonios que engendró la famosa Ley 100. Todos los colombianos están de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de salud creado hace 20 años. Por eso, cuando vieron que el propio presidente Juan Manuel Santos, acompañado de su ministro de Salud, Alejandro Gaviria, llegó hasta el Congreso de la República para radicar el tan anunciado proyecto de ley y lo presentó como la receta perfecta para resolver todos los problemas, generó un entusiasmo generalizado. Es lo que todos querían escuchar: salud para todos, sin trabas y sin límites. Sin embargo, cuando la espuma de la euforia desapareció y el texto quedó en blanco y negro, a la receta le empezaron a salir algunos reparos. El proyecto es ambicioso, está técnicamente sustentado y tiene propuestas estructurales para resolver los problemas de la salud. El primero es que el Estado y el ministerio reasumirán la dirección del sistema y del manejo de los recursos, pues con la Ley 100 los gobiernos le fueron delegando a las EPS y a los municipios el manejo de la plata y de la atención. El resultado ya lo conocen los colombianos. Para tener el control de los recursos, el gobierno propone juntar todas las platas de la salud –que suman unos 25 billones de pesos– para que sean administradas por una sola entidad que se llamará Salud Mía y que manejará desde Bogotá el pago de todos los servicios de salud que demanden los colombianos y hagan parte del plan de salud. Esta entidad reemplazará al polémico Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), que tantos desastres creó con los famosos recobros. Se encargará además de manejar la afiliación, el cobro a los morosos y toda la información del sistema. En últimas será una entidad que tendrá como tarea verificar y cancelar 30 millones de cuentas a más de 12.000 hospitales, clínicas e IPS al año; auditar más de 600 millones de actividades (consultas, cirugías, laboratorios, etcétera), gestionar entre 200 y 300 millones de trámites y unificar todas las bases de datos que las EPS y el sistema se demoraron casi 20 años en construir. Esta titánica tarea la deberá hacer en dos años. Desafortunadamente el Estado no tiene los mejores antecedentes. Además del fantasma del nefasto Instituto de Seguros Sociales (ISS), el Fosyga, que solo manejaba el 20 por ciento de las cuentas, generó tal caos que casi quiebra el sistema. Y ni hablar de Colpensiones, que hoy no ha podido poner al día la información de todos los pensionados que maneja. La pregunta es si el Estado es capaz de crear semejante entidad y mantenerla libre de la corrupción y la politiquería. Como segundo punto fundamental el proyecto propone crear el Plan de Beneficios de Salud (Mi Plan) para ponerle punto final a tanto trámite, tutela, reclamos y peleas sobre qué está o no incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En seis meses el gobierno deberá unificar todo en la nueva lista, incluyendo la totalidad de lo que se recobra en el Fosyga, pero dejando por fuera los procedimientos estéticos, experimentales o de última generación. Si bien Mi Plan podría destrabar más del 70 por ciento de los problemas del sistema, el proyecto no define quién y cómo se financiará esta inclusión de nuevos servicios que pueden costar al año entre 2,5 y 3 billones de pesos. Como está redactado, los recursos deberán salir del presupuesto nacional. La tercera propuesta del proyecto consiste en darle a la Superintendencia de Salud el poder y los mandatos claros para controlar a todos los actores del sector para evitar que lo sigan saqueando. Como cuarto elemento está que el ministerio asuma el control de precios de los medicamentos, entre otras funciones. Con todo esto se busca desactivar la bomba financiera que comenzó en 2008. Frente a las EPS el proyecto es ambiguo. Es claro que les cambia su papel. Hoy, las EPS afilian a las personas, reciben sus aportes, controlan el acceso a los servicios, los pagan y hacen un cruce de cuentas en el que le cobran o le giran plata al Fosyga. El proyecto crea los gestores de salud, que en adelante se encargarán de organizar y gestionar la prestación del servicios a sus afiliados, pero ya no manejará la plata. Simplemente le deben informar a Salud Mía qué servicios se prestaron para que los cancele. A cambio, recibirán una cuota por administración y gestión. Para que las actuales EPS se conviertan en gestores les da dos años para ponerse al día en sus pagos a hospitales, clínicas y proveedores, además de cumplir con exigentes requisitos de financiación. Los que no cumplan, saldrán. Sin embargo, el famoso tema de las cuentas por pagar no queda claro. Las EPS dicen que el Fosyga les debe 2,5 billones y los municipios y departamentos entre 1,5 y 2,5 billones. Los hospitales dicen que las EPS les adeudan más de 4 billones y el gobierno dice que solo les debe a las EPS 2 billones, pero que siendo sincero, solo les podrá pagar 1 billón. Si no hay un pago de los servicios, ni siquiera una nueva ley salvará a la salud de la quiebra. “El gobierno quiere revolcar toda la salud con la cédula, sin poner un peso. Ni siquiera planea devolver los más de 3 billones de pesos que tiene en TES, que fueron sacados de la salud en tiempos de vacas gordas. Con esa plata, se resolverían gran parte de los problemas sin necesidad de tramitar una reforma, que en el fondo lo que busca es desactivarle al presidente un tema espinoso en la próxima campaña presidencial”, dijo un exministro de Salud a SEMANA. De hecho, varios expertos consideran que el proyecto del gobierno es más una gran reorganización administrativa y financiera, pero que no resuelve los problemas de fondo, como la corrupción, la calidad de la atención y la eficiencia. Por ejemplo, no aporta una solución a la dualidad de sistemas. La Ley 100 creó los regímenes Contributivo y Subsidiado, que con el paso del tiempo, las tutelas y los fallos de la Corte Constitucional, que asumió los papeles del Congreso y del gobierno, unificó el POS para todos los colombianos. En el proyecto, el gobierno mantiene la división en vez de acabarla de tajo, con el agravante de que les deja a los políticos el régimen subsidiado. Como se sabe, el régimen Subsidiado es hoy manejado por los alcaldes. Gracias a la falta de control y a los millonarios recursos que empezó a mover, fue saqueado por los paramilitares, especialmente en el Caribe, y en menor medida por la guerrilla y las Bacrim para financiarse. Además, los políticos regionales convirtieron a las EPS de este régimen, junto a los hospitales públicos, en fortines burocráticos y fuente de corrupción. El gobierno propone darles a los gobernadores, que demuestren suficiencia económica y administrativa (como Antioquia, Cundinamarca o Bogotá como Distrito Especial) el manejo de la salud. Y donde los gobernadores no lo puedan hacer o haya población dispersa, como en los antiguos territorios nacionales, o demasiados pobres, como en el Chocó, se propone contratar la salud con un gestor. La pregunta que muchos se hacen es si el Régimen Subsidiado es el dulce que le quiere dar el gobierno a los políticos para que le aprueben el proyecto en tiempo récord y sin el gran debate nacional que el tema amerita. Frente a los hospitales públicos, que en su mayoría son iguales o más responsables que las EPS frente a los abusos y desmadres en los recobros y desvío de recursos, el proyecto tiene de positivo que plantea un saneamiento y la creación de redes para mejorar la atención y darle un mejor uso a los recursos. Incluso se establece que el presidente de la República defina en seis meses el régimen laboral de todos los empleados, y los directores podrán ser de libre nombramiento y remoción. La reforma es buena, pero todavía es muy general y en algunos casos ambigua. Le deja al gobierno la reglamentación de numerosos puntos. Es un buen comienzo, pero frente a un tema tan importante para millones de colombianos, se requiere que haya un debate amplio y generoso en el Congreso, y no una aprobación exprés, como la que quiere el gobierno. El debate apenas comienza. “Es lo que todos querían escuchar: salud para todos, sin trabas y sin límites. Sin embargo, cuando la espuma de la euforia desapareció y el texto quedó en blanco y negro, a la receta le empezaron a salir algunos reparos”