Pese a que en el Huila se habla recurrentemente de la necesidad de ponerle freno a conductas delictivas por parte de menores de edad, la realidad es otra. 1.166 procesos han sido radicados en el departamento entre enero de 2011 y febrero de 2013.
Pese a que en el Huila se habla recurrentemente de la necesidad de ponerle freno a conductas delictivas por parte de menores de edad, la realidad es otra. 1.166 procesos han sido radicados en el departamento entre enero de 2011 y febrero de 2013. Mientras cubrir los gastos de rehabilitación de los 92 adolescentes que a la fecha permanecen en Hogares Claret cuesta 128 millones de pesos al mes, más del 50 por ciento de los jóvenes que salen de allí reinciden en la comisión de delitos. Panorama de la criminalidad juvenil.
MILTON JAVIER GUARNIZO LOSADA LA NACIÓN, NEIVA 
Mucho se habla de la necesidad de fijar políticas públicas para disminuir los índices de menores de edad que se ven sumergidos en el mundo delincuencial. Políticas en materia de deporte y educación hacen parte de las promesas cada vez que se avecinan elecciones. Sin embargo, la realidad que se vive es otra. El panorama es preocupante; entre enero de 2011 y febrero de 2013 han sido radicados 1.168 procesos en el centro de servicios de responsabilidad penal para adolescentes. De los procesos radicados, sobresalen los que se adelantaron por delitos como hurto en todas modalidades, con 603 casos (52 por ciento de los procesos radicados), porte ilegal de armas (164 casos), porte de estupefacientes (114 procesos) y homicidio (24 procesos). Entre enero de 2011 y marzo de 2013, en el departamento 362 menores fueron privados de la libertad por la gravedad de los delitos que cometieron, de acuerdo con cifras del centro de servicios de responsabilidad penal para adolescentes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Huila. Preocupante panorama 
De los 1.168 procesos radicados en los últimos dos años, la tendencia a la alza se mantiene. Mientras en el 2011 se radicaron 14 casos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el año pasado los juzgados de menores adelantaron 22 procesos por el mismo delito. Lesiones personales pasaron de 23 procesos en el 2011 a 57 el año pasado; el porte de estupefacientes registró 49 procesos en el 2011, mientras en que el 2012 la cifra fue de 61. Sin duda alguna, uno de los delitos que más preocupa es el de homicidio. La cifra se mantuvo en el 2012 en comparación con el 2011 (9 casos cada año), mientras que tan sólo en los dos primeros meses de 2013 ya son 6 los procesos radicados en el centro de servicios de responsabilidad penal para adolescentes. Violencia intrafamiliar es otro de los temas que preocupa. En el 2012 un solo proceso fue radicado, mientras que de enero a febrero de este año ya van 3. En contraste, dos de los delitos más comunes en adolescentes presentaron una importante reducción. Los procesos por porte ilegal de armas pasaron de 112 en el 2011 a 53 en el 2012. Hurto en todas sus modalidades pasó de 275 procesos en el 2011 a 264 el año pasado. Entre los meses de enero y febrero de 2013 fueron radicados 114 procesos, 64 por hurto, 14 por lesiones personales, 9 por porte ilegal de armas y 6 por homicidio, entre otros delitos. Durante el mismo periodo, 44 menores de edad fueron sancionados con internamiento preventivo y privación de la libertad en Hogares Claret. En cuanto al tema de las medidas impuestas por jueces de conocimiento para adolescentes, el principal delito que motivó privación de la libertad entre enero y febrero de este año fue hurto (24 menores). El incremento más importante en cuanto a medidas privativas de la libertad se registró por porte ilegal de armas, delito que durante el 2012 registró 10 casos, mientras que tan sólo en el primer bimestre del 2013 se presentaron 14 casos. Rehabilitación 
María Eugenia Alzate, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Huila, asegura que la educación, la formación técnico-profesional y socio humanística, son los ejes que se trabajan según el marco de la ley de infancia y adolescencia, para facilitar el proceso de rehabilitación y restitución de los derechos de los menores que son hallados responsables de conductas delictivas. “Es un derecho del adolescente privado de la libertad continuar con su estudio de acuerdo con su edad y grado de escolaridad, y eso se está trabajando con el apoyo de la Secretaría de Educación de Neiva. El Sena contribuye con el tema de los talleres que se brindan de mecánica de motos, carpintería y panadería. El propósito es que cuando estos jóvenes egresan de los centros de rehabilitación, lo hagan con un proyecto de vida de acuerdo con su formación”, explica la funcionaria. Alzate señaló además que el Bienestar Familiar, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, destinan recursos del orden de 1.458.000 pesos cupo mes cuando se trata de internamiento preventivo, y 1.370.000 pesos cuando la medida es privativa de la libertad en Centro de Atención Especial (Hogares Claret). La cifra se invierte en atención integral para el menor infractor: vestuario, comida y educación. “El ICBF paga 71 cupos en total, 20 cupos para internamiento preventivo y 51 para la medida de privación de la libertad en el Centro de Atención Especial. La Gobernación del Huila paga 40 cupos para jóvenes que ingresan a la fundación y que vienen de municipios distintos a Neiva. Ya el municipio de Neiva está gestionando otros cupos”, señala la directora regional del ICBF. Actualmente en Hogares Claret hay 92 menores; 69 están privados de la libertad y 23 en internamiento preventivo. Es decir, el Estado está invirtiendo por mes 128 millones de pesos para el proceso de resocialización y restablecimiento de los derechos del menor infractor. ¿Qué está pasando? Orlando González, director del hogar La Libertad de la Fundación Hogares Claret, asegura que hay varios factores que explican el porqué del incremento en los índices de menores inmersos en el mundo delincuencial, pese a los esfuerzos económicos para garantizar la rehabilitación de los adolescentes. De acuerdo con el funcionario, a través del trabajo que adelanta desde hace varios años el equipo interdisciplinario de la fundación se ha establecido que “la descomposición social que se vive afuera y que se refleja a diario en esta correccional de menores: familias disfuncionales, condiciones extremas de pobreza, falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes, es lo que causa un efecto de bola de nieve porque al nivel social no existen muchas oportunidades para estos muchachos que caen en el mundo delincuencial”. González explica también que el mundo al que se enfrenta un joven sigue siendo de escasas posibilidades de laborales, de volver al seno de una familia que se encuentra en situaciones difíciles, y de retomar el contacto con los amigos de antes, circunstancias que según el funcionario motivan a gran parte de los adolescentes a reincidir en conductas delictivas. “El índice de reincidencia, que consideramos alcanza un 50 por ciento, nos da cuenta de lo que pasa. Un joven es condenado dos años por ejemplo, llega a la fundación y se le reestablecen sus derechos, recibe una capacitación, termina de pagar su medida, vuelve al exterior o al contexto en que vivía y a los 15 días está siendo otra vez judicializado por la comisión de un delito. Es ahí donde uno se pregunta, ¿qué está pasando? Pero también se logran algunos resultados, no todo es perdido, algún buen porcentaje de jóvenes hace realmente un proceso de resocialización.”, asegura el director del hogar La Libertad. ‘No hay políticas de prevención’ Héctor Puerto Polanco, Juez Segundo Penal del Circuito para adolescentes, señala que el panorama para los jóvenes infractores es poco alentador. De acuerdo con Puerto Polanco, el cáncer que propaga la actividad delincuencial en los jóvenes huilenses es el consumo de sustancias psicoactivas, fenómeno que según él se encuentra presente en el 99 por ciento de los menores vinculados a procesos de responsabilidad penal. Puerto Polanco explica además que si bien hay políticas públicas porque existe una ley y un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, esas políticas no están encaminadas a la prevención, particularmente cuando los menores inician con la vida de calle y el consumo de drogas. “Lamentablemente la respuesta del Estado no es la que se necesita. Cuando los menores infractores están en instancias judiciales, no hay políticas suficientes que garanticen su proceso de resocialización. Eso se evidencia en la reincidencia, porque cuando los menores pasan a la mayoría de edad, incluso luego de haber estado en Hogares Claret en un proceso de rehabilitación, siguen infringiendo la ley penal y terminan en la cárcel de Rivera, lo que quiere decir que esa rehabilitación que recibió no fue suficiente para redireccionar su vida”. “No existen programas para trabajar con estos menores el tema de la desintoxicación, de la rehabilitación por el alto consumo de drogas. El cáncer que genera la delincuencia es el consumo de sustancias psicoactivas, a partir de ese problema se generan todas las conductas delictivas”, puntualiza el Juez. Pese a los cuestionamientos de los que ha sido objeto la ley de infancia y adolescencia, calificada por muchos como flexible, está concebida para que los menores que incurren en delitos, reciban una oportunidad para que al llegar a la mayoría de edad sean otro tipo de personas, hay privación de libertad para las conductas más graves. Sin embargo, no existen programas de inserción social después de que los menores terminan los procesos de rehabilitación, pese a que el menor sale capacitado en panadería, ebanistería, y mecánica de motos, enfrentándose al salir a la sociedad a una ciudad y un departamento escaso posibilidades y con la ausencia de políticas que permitan la continuidad en la resocialización, una vez terminan los procesos de privación de la libertad. Fallas en infraestructura De acuerdo con Orlando González, director del hogar La Libertad, la actual infraestructura de la Fundación Hogares Claret no cumple con los requisitos exigidos por la ley de infancia y adolescencia para mantener a los menores en un estado de privación de la libertad. La edificación presenta fallas en el alcantarillado y deficiencias en su sistema de seguridad. “En los últimos centros que se han hecho cada muchacho tiene su celda, eso ayuda mucho a la seguridad. Aquí tenemos secciones donde se aloja a 30 o 35 jóvenes en un mismo espacio, conviviendo las 24 horas. Eso genera una gran dosis de violencia, de agresiones físicas. El problema de los conflictos entre pandillas se ve muy reflejado aquí. Llegan jóvenes de diferentes pandillas, se encuentran en un mismo espacio y eso desencadena actos de violencia”, asegura el funcionario. Por su parte, el juez Héctor Puerto Polanco afirma que si bien la Alcaldía de Neiva donó hace un año un lote para la construcción del nuevo centro de rehabilitación para menores infractores, se requieren acciones urgentes en la materia. “Llevamos cinco años discutiendo en Neiva sobre la necesidad de construir un gran centro que se adecue a lo que exige la ley de infancia y adolescencia. Hace un año se habló el tema del lote que donó la Alcaldía de Neiva, pero a la fecha no se ha puesto la primera piedra. El lugar donde actualmente se lleva a cabo la rehabilitación de los menores es Hogares Claret, cuenta con una infraestructura vieja, no tiene las especificaciones locativas para adecuarse a la ley. Ahí es donde uno ve la negligencia y el poco interés que tienen los entes territoriales y el Estado en el futuro de estos muchachos”, señala Puerto Polanco.
