Alcaldes mal pagos

Tienen toda la razón los alcaldes colombianos en exigir que se revise el sistema salarial que los rige, considerando la pobreza de sus sueldos y el alto volumen de obligaciones, riesgos y compromisos que deben atender durante e incluso después de sus mandatos. Tienen toda la razón los alcaldes colombianos en exigir que se revise el sistema salarial que los rige, considerando la pobreza de sus sueldos y el alto volumen de obligaciones, riesgos y compromisos que deben atender durante e incluso después de sus mandatos. Uno de los elementos claros de debilidad que tienen nuestros municipios colombianos, la enorme mayoría de ellos con pequeñas poblaciones y grandes problemas, es la baja remuneración que reciben sus alcaldes y que los sitúa muy por debajo de otros servidores públicos con muchas menos responsabilidades y cargas que las que debe afrontar la primera autoridad de un Municipio, además de haber sido electos popularmente. La complejidad de las tareas que debe acometer un alcalde, depositario de todas las cuitas, problemas, quejas, reclamos y necesidades de su respectivo pueblo, justifican con creces que el Congreso de la República y el mismo Gobierno discutan a fondo la necesidad de actualizar sus bajos salarios, entre otras razones porque ello también constituye de alguna manera una cortapisa y un desestímulo frente a la corrupción.  Ahora bien, tampoco se trata de alegar que es por ello que ciertos mandatarios convierten sus cargos en verdaderos trampolines para la súbita riqueza mediante la expoliación descarada y sistemática de los recursos de sus pobres municipios; quien es honesto lo será con plata o sin ella, y muchas veces quienes más dinero tienen más quieren, pero otorgarles en justicia un mejor sueldo a los mandatarios locales debería generarles menor tentación de incurrir en prácticas sucias. Baste decir, en comparación, que actualmente un Juez Municipal, el de menor rango en toda la escala de la Rama Judicial, recibe casi 5 millones de pesos mensuales de remuneración, sin contar otras arandelas y prerrogativas legales y prestacionales, mientras que más del 90 por ciento de los alcaldes municipales del país apenas ganan 2.5 millones de pesos. Y no solo los jueces: reciben mejor salario los gerentes de hospitales locales, rectores de colegios o del comandante de Policía, cuyas funciones son muy importantes y merecidos sus sueldos pero no es equitativo ni racional que la primera autoridad, por encima de todos ellos, no tenga una mejor retribución. Casos como los de los alcaldes de Pitalito, Garzón y La Plata, quienes ganan lo mismo que otras localidades mucho más pequeñas, por cuenta de la categorización que creó la Ley 617 de 2000, son palpable ejemplo de esta inequidad. Hace varios años, cuando jueces y policías se quejaban con toda razón de la precariedad de sus sueldos, se adelantó una juiciosa tarea para equilibrar esas cargas y ya desde hace por lo menos dos décadas tal lamento no se volvió a escuchar. Excepto, por supuesto, el reclamo reciente de servidores de la Justicia que exigen aún más que lo bueno que tienen hoy. En ese sentido, entonces, es plenamente válido que se piense en un nuevo régimen que solo tenga en cuenta la población del Municipio para establecer una categoría de mejores sueldos. Alcaldes bien pagos nos podrían dar administraciones más eficientes.