Tiene la sociedad el derecho de cuestionar a los medios y a los periodistas. Nadie está blindado al ejercicio de la libertad de expresión. Dicha libertad no es monopolio de los periodistas, sino prerrogativa de cualquier ciudadano. Al menos en las democracias serias; no así en los remedos de Estado que florecen en la región.
La gente puede opinar que un canal sostenido con dineros públicos debería tener un director de noticias con un sueldo más discreto. O plantearle a un periodista que le parece encontrar en su trabajo distorsiones al equilibrio informativo. O no comulgar con el cubrimiento que hace un diario de hechos informativos que comprometen los intereses de los dueños. O disentir de los tiempos que se manejan en los noticieros de televisión.
Todo eso lo puede hacer desde el más humilde colombiano hasta el más célebre. Pero hay un puñado de comentarios pertinentes sobre el ejercicio de la crítica al periodismo y a quienes se dedican al oficio. Uno fundamental: haga sus apreciaciones con respeto. Si usted expresa su desacuerdo con un periodista llamándolo paramilitar o acusándolo temerariamente de recibir dineros de un funcionario para alabarlo (así sea por Twitter), se expone a acciones legales. El código penal también protege a los periodistas en tanto ciudadanos.
Cuando un colombiano del común cuestiona al periodista, este debe atenderlo. Pero si quien lo hace es el Presidente de la República, ¡sí que hay que “atenderlo”! Pide por estos días el presidente Santos mesura a quienes informan sobre episodios de corrupción y de entrada ilegal de dineros en campañas políticas. Que dejen el frenesí acusatorio, reclama.
Sucede que las campañas que convirtieron en presidente a Juan Manuel Santos están siendo investigadas por la eventual entrada de esos dineros, y varios funcionarios de sus dos gobiernos han sido mencionados en el mismo renglón en que se escribe la palabra Odebrecht. Es decir: además de ser el hombre más poderoso del país, los esfuerzos organizados para dotarlo de ese poder están bajo la lupa de las autoridades.
Un escenario en que las ‘advertencias’ presidenciales pueden ser entendidas de otra manera: “Para Naciones Unidas cualquier interpretación restrictiva o llamado de atención en contra de los medios de comunicación, es censura”, dijo el profesor Jairo Libreros. “Por eso no dejan de sorprender las afirmaciones del presidente descalificando a los medios”.
Los presidentes, más si sus campañas flotan en las aguas de la duda, no se ven bien dictando cátedra de periodismo. Ni les luce, ni les debe ser aplaudido. Aunque se amparen en que antes de ser periodistas trabajaron en los medios, porque todo periodista que se convierte en funcionario del Estado está obligado a dejar su carácter de periodista a un lado. Por lo menos suspendido, a la espera de dejar el servicio público.
Los presidentes están para ser presidentes, no para ser periodistas; mucho menos profesores de periodismo, so pena de que alguien sensato, como Juan Lozano, les aplique una llave verbal de este calibre: “no hace bien, cuando el país reclama transparencia, que desde la autoridad se diga qué es publicable y qué no es publicable”.
Cuando el señor presidente se sienta tentado a sugerir derroteros a los periodistas, muérdase la lengua. Duele, pero funciona.
***
Ultimátum. En entrevista con Vicky Dávila, el exalcalde Gustavo Petro reconoció que hizo descarado uso político del Canal Capital. A su lado, calladito, Hollman Morris, partícipe estelar del pecado capital.
