Cuando en diciembre de 2016 la Corte Constitucional le dio vía libre al fast track para implementar los acuerdos con las Farc, se pensaba que ese mecanismo legislativo permitiría tramitar en forma expedita la implementación de la paz. El entusiasmo se sintió especialmente en diciembre cuando por primera vez en la historia los congresistas armaron un quórum en medio de la temporada navideña para aprobar la Ley de Amnistía, clave para dar inicio al cronograma de desmovilización de la guerrilla. Pero después de ese evento, la dinámica del fast track comenzó a tener tropiezos.
La polarización entre el uribismo y la Unidad Nacional, las presiones burocráticas de algunos sectores de La U y el conservatismo, las objeciones del fiscal general frente a aspectos puntuales de lo acordado, las críticas de Cambio Radical a la Jurisdicción Especial para la Paz, y un ambiente político en el que la gobernabilidad presidencial está desgastada por cuenta del escándalo de Odebrecht, rompieron la armonía prevista en el Capitolio cuando la mayoría de los congresistas refrendaron lo concertado en La Habana. Sin embargo, las ‘lluvias’ de impedimentos, el ausentismo y las presiones por puestos no son nada nuevo en el Congreso.
Y por ello, a pesar de que el ritmo ha sido más lento de lo esperado, el balance legislativo del fast track es menos malo de lo que se cree. En el propio acuerdo de paz quedaron consignados ocho proyectos de trámite prioritario y urgente. De ellos prácticamente cuatro ya están aprobados: la Ley de Amnistía, el acto legislativo para darles estabilidad a los acuerdos a futuro, la Jurisdicción Especial para la Paz y la reforma constitucional para la creación del partido político de las Farc. Dos más, la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales y el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores están a punto de pasar por la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final, para después llegar al Congreso. Y otros dos están en construcción: las normas requeridas para implementar y verificar los acuerdos, por un lado, y las necesarias para incorporar el plan de implementación al Plan de Desarrollo, por el otro.
La vigencia del fast track
A mediados de mayo vencen los seis meses de vigencia del fast track y el gobierno pedirá otros seis meses para llevar al Congreso al menos 15 proyectos esenciales más, entre los que están la Ley de reforma rural integral y sustitución de cultivos; la reforma para ampliar el sistema político y darles garantías a nuevos movimientos; las leyes de financiación de partidos y la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, entre otros. Aunque parte de estas iniciativas ya están en construcción, el Congreso deberá meterle el acelerador a su trámite puesto que a partir de esa prórroga el fast track no podrá extenderse por más tiempo.
Para agilizar el trámite, el gobierno recientemente tomó dos decisiones. Primero, agrupar la mayor cantidad de temas en el menor número posible de iniciativas. Y segundo, incluir en él temas exclusivamente ligados al corazón de la paz. “Para que el ‘fast track’ fuera viable, había que reducir el campo de acción. Hicimos conciencia de que la mayoría de temas tienen que ver con la paz, pero no todos se remiten a los acuerdos. Ajustamos prioridades y tiempos”, dijo un ministro. A pesar de esos ajustes, urge acelerar el ritmo de la implementación.
El segundo semestre, en el que tendría lugar el segundo fast track, dos sucesos podrían afectar su trámite. Por un lado, los congresistas ya estarán concentrados en sus campañas para hacerse reelegir en marzo de 2018, lo cual seguramente incidirá en mayores niveles de ausentismo y distracción. Por otro, lo más probable es que para ese entonces ya no esté el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien seguramente renunciará a mediados de mayo. Hasta ahora él ha sido el escudero del fast track y desde diciembre no se ha despegado de las curules para impulsar la aprobación de los proyectos.
Las discusiones que vienen en el Congreso en los próximos meses no serán fáciles. Pero del acelerador que le metan los parlamentarios al fast track dependerá la implementación de la paz que ellos mismos refrendaron. La paz está firmada, pero por ahora depende de ellos que se vuelva una realidad.
