Otto Bula envió un documento en el que asegura que “no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente”.
Este documento choca con la versión inicial que dio el fiscal Martínez, cuando, con base en las declaraciones del mismo exsenador Bula, decidió pedirle al CNE que investigue el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña Santos presidente. El fiscal, en su momento, aseguró que en 2014 hubo dos giros de US$4.6 millones hacia Colombia. Un millón de dólares fue monetizado por Bula y el beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos 2014.
Lo que más llama la atención es que el envío de esta investigación al CNE se debió a que, a juicio del fiscal Martínez, no existían motivos para abrir un proceso penal cuando se trataba de delitos electorales y este tema no es responsabilidad de su despacho.
En el documento que envió Bula al Consejo Nacional Electoral sí reconoce que le entregó dinero a al señor Andrés Giraldo, un sujeto desconocido para la opinión pública, pero que al avanzar las pesquisas por el escándalo Odebrecht, se estableció que era un amigo personal de Roberto Prieto, gerente de la campaña a la presidencia de Santos.
En ese momento todo apuntaba a que Bula y Giraldo habían sido intermediarios y comisionistas de una millonaria transacción para llevar dinero a la campaña para la reelección de Santos. Sin embargo, ante esa prueba, el mismo Giraldo rompió su silencio y dijo en los medios de comunicación que en el encuentro con Bula, el exparlamentario solo le planteó que interviniera para lograr una inversión del Gobierno en el acueducto de Ibagué.
Aunque la declaración de Bula claramente le daría un respiro al presidente Juan Manuel Santos quien ha estado en medio del torbellino de versiones sobre sobornos, compra de elecciones y entrega de millonarios contratos a cambio de coimas, también es un hecho que se trataría de una contradicción de versiones frente a la que dio en su momento en la Fiscalía General de la Nación, por la cual el proceso pasó a manos del CNE.
