En los debates, quien ha tenido más protagonismo ha sido Néstor Humberto Martínez. El fiscal ha asistido al mismo ritmo que los congresistas y ha expuesto ampliamente sus temores, propuestas y reservas. Hasta ahora el tema parecía una discusión de técnica penal dirigida a los especialistas. Sin embargo, uno de los puntos que ha enfatizado el fiscal podría significar un quiebre en lo que viene para el proceso de paz y especialmente para las Farc.
Se trata de la discusión sobre los llamados ‘delitos de ejecución permanente’. Estos son aquellos crímenes cuyos efectos se prolongan en el tiempo. Mientras el homicidio, por ejemplo, se consuma apenas muere la persona, en otros casos como el secuestro, el lavado de activos y el reclutamiento de niños se entiende que el delito se sigue cometiendo hasta que la persona es liberada, el dinero es entregado y el niño vuelve con su familia.
Frente a esta situación Martínez tiene una crítica y una preocupación muy de fondo. El fiscal ha señalado que no está de acuerdo con la reforma constitucional del gobierno que se tramita en el Congreso. Allí queda claro que solo la Jurisdicción Especial para la Paz debe conocer esas infracciones de ejecución continuada.
Para el fiscal esto presenta enormes complejidades. En delitos como la desaparición forzada es clave que aparezca el cadáver, y para la guerrilla será muy difícil identificar pronto los lugares donde enterró a sus víctimas, muchas de ellas décadas atrás. Para esas situaciones, Martínez propone un régimen de transición que les otorgue tiempo, pero mantenga la obligación de entregar esa verdad.
Otros temas son inaceptables para la Fiscalía, como el secuestro. En este momento, si la guerrilla tiene personas cautivas, y no las libera, ese crimen tendría que ser estudiado por la justicia transicional. En los debates en el Congreso, Martínez ha dicho que para él eso equivaldría a amputarle las manos a la Fiscalía, es decir, la justicia ordinaria.
El meollo del problema está en que, según lo firmado en los acuerdos, la JEP solo podría aplicar a hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, y las demás faltas cometidas después tendrían que ir a la justicia ordinaria. Con una excepción: los delitos de ejecución permanente.
Esta situación parecería un tecnicismo jurídico, pero no lo es. Porque uno de los objetivos del acuerdo de paz es garantizar la no repetición, es decir, que no se sigan cometiendo más crímenes. Y en ese sentido, no tendría lógica que las Farc gozaran de beneficios judiciales frente a hechos reprochables que se siguen perpetrando.
El fiscal señaló que la posibilidad de aplicar en estos casos la JEP lesiona ese principio de “no repetición” y viola en forma manifiesta “el acuerdo final al otorgarle competencias a esa jurisdicción más allá de su vigencia, en detrimento de la jurisdicción ordinaria que se aplica a todos los colombianos”.
Las Farc ven con mucha desconfianza la puerta que abre Martínez. Para muchos equivaldría a que podrían ser juzgados como ciudadanos comunes y corrientes, y piensan que precisamente para evitar eso se montaron en un proceso de paz. Esa guerrilla, además, ha tenido duros enfrentamientos verbales con Martínez, cuando el fiscal ha metido su mano dura en las discusiones, y, por eso, no están dispuestos a dejarse investigar por él.
Pero otros dos puntos podrían tener aún más implicaciones: el lavado de activos y el narcotráfico. Por ahora, los miembros de las Farc todavía no han entregado recursos ni reparado a las víctimas, por lo cual en este momento podrían seguir administrando bienes de procedencia ilícita y, por ende, legalmente se entiende que siguen cometiendo ese delito. El fiscal lo advierte de manera tangencial en sus observaciones al Congreso, pero es público que el tema lo trasnocha. De hecho, unos días después del plebiscito, el propio Martínez les había advertido a las Farc que si no entregaban una lista de sus bienes, la justicia iría tras ellos.
El otro aspecto esencial tiene que ver con los cultivos ilícitos, otro tema que Martínez critica. Hace unos meses, el fiscal sorprendió al pedirle al Consejo Nacional de Estupefacientes reanudar las fumigaciones con glifosato ante el aumento de las hectáreas cultivadas. La propuesta cayó como un baldado de agua fría en el proceso de paz, pues uno de los puntos ya negociados era precisamente atender de otra manera el problema de la droga.
La discusión no es sencilla. Por un lado, si no se aplicara la JEP a estos casos, la guerrilla quedaría en un limbo legal pues la Fiscalía tendría la autorización de investigarlos en cualquier momento. Eso podría obligarlos a entregar los bienes, los niños y los secuestrados, pero borraría en parte el espíritu del acuerdo de justicia firmado en Cuba. Por otro lado, el fiscal atina a otro de los más grandes temores que trae cualquier proceso de paz: que no haya límites y que los miembros de las Farc que sigan delinquiendo puedan quedar libres de toda culpa.
La JEP define el trato judicial a los responsables de delitos de lesa humanidad bajo un sistema jurídico especial, creado como parte del proceso de paz y que incluye penas alternativas de reclusión.
