María Consuelo Plazas Serrato
Aterradores eventos como los registrados en las recientes masacres ocurridas en el concierto de música country en Las Vegas y la iglesia bautista en Sutherland Springs (Texas), ponen de manifiesto que el 2017 deja a Estados Unidos con el más alto nivel de víctimas en matanzas masivas desde los años ochenta, protagonizadas en su mayoría por diversidad de armas en poder de los agresores. Tal realidad se ha convertido año tras año, en uno de los debates más polémicos y trascendentes en la opinión pública, si se tiene en cuenta que desde 2011 más de 200.000 personas han fallecido a causa del uso de armas, a pesar de ello no existe clara disposición gubernamental para regular esta desafortunada coyuntura.
En tales condiciones hay marcadas divisiones en la sociedad estadounidense, pues de una parte, quienes defienden el uso de armas como el presidente Donald Trump, amparados por la Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU, afirman que su porte y posesión garantiza el derecho a la autodefensa y que las muertes a causa de esta libertad, no sobrevienen por el uso de armas en poder del transgresor, como lo expresara un comunicador republicano, sino “por el mal en su corazón”. A contrario sensu, los defensores de un mayor control de adquisición de tales instrumentos, como el expresidente Barack Obama, afirman que es necesaria una regulación, en aras de reducir la violencia y minimizar estos fatales episodios, tan recurrentes en el país norteamericano.
En todo caso, más allá de la posición que se adopte respecto del debate, las cifras lo dicen todo, pues de acuerdo con datos de la organización activista Campaign Brady, cada año fallecen cerca de 34.000 personas por armas en dicho país. Adicionalmente se afirma que habría nueve armas por cada diez ciudadanos, no es de extrañarse, entonces, cómo en la suite del hotel Mandalay Bay, lugar donde se hospedaba el genocida de Las Vegas, fueron halladas cerca de 23 armas. En tales circunstancias, ¿no se hace evidente la urgencia de una pronta regulación?
Si bien es cierto se deben buscar respuestas respecto del preocupante surgimiento de eventos protagonizados por personas con altos niveles de desadaptación, también lo es que la normatividad debe ser coherente frente a tan grave realidad. Por tal razón el Estado debe hacer frente a la conservación de la seguridad colectiva, traducida en un control más riguroso del porte y posesión de armas de fuego, pues de no tomar correctivos adecuados al respecto, hechos tan alarmantes continuarán ensombreciendo la historia del pueblo americano.
