María Consuelo Plazas Serrato
En mayo de 2016 fue decretada la emergencia carcelaria en nuestro país y a la fecha no se evidencian empeños encaminados a resolver esta crítica situación, pues a pesar de las reformas introducidas al Código Penitenciario aún persiste esta dramática realidad. De acuerdo con el informe estadístico publicado en octubre pasado por la Oficina Asesora de Planeación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, “las personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país contabilizaron 181.660” y la “sobrepoblación fue de 36.670 internos(as), que se traduce en un índice de hacinamiento de 46,4%”, realidad que no es de extrañar, toda vez que tal dificultad viene golpeando nuestro territorio desde tiempo atrás.
Sobre esta materia, el Presidente Santos en su intervención ante el Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, subrayó que “no se trata solamente de promover penas de carácter intramural, sino de garantizar la resocialización y la retribución a la sociedad”. Agrega que “nuestra apuesta, nuestro norte, nuestro objetivo, es tener una política criminal que respete los derechos humanos de las personas”, no obstante, ante la actual coyuntura política en torno a los Acuerdos de Paz y los próximos comicios electorales, persiste una generalizada indecisión por parte del Estado, pues a pesar de vislumbrarse algunas iniciativas alternas a la prisión para delitos menores, no existe todavía un empeño en el que sea posible evidenciar un cambio oportuno y eficaz. Al respecto, expertos en la materia expresan que más allá de promover nuevas infraestructuras carcelarias, lo que se requiere es repensar las ya existentes, en busca de una verdadera resocialización.
En entrevista publicada en el diario El Espectador, Allan Mitchell, miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, señaló que “una vez un reo entra al sistema carcelario de un país, el Gobierno tiene la obligación de cuidarlo, de ayudar a mantener su dignidad. Lo contrario es un crimen”. En ese orden, no podemos desconocer que las personas privadas de la libertad son seres humanos que merecen un trato decoroso y respetuoso, en armonía con los derechos humanos, por ello el Estado colombiano debe encaminar sus esfuerzos para lograr una verdadera transformación del sistema carcelario haciéndolo humanamente más eficaz, mediante la adopción de medidas que aparte de mitigar el problema de hacinamiento, genere una verdadera oportunidad de resocialización para los reclusos, pues como bien lo advirtiera la Corte Constitucional, “los privados de su libertad por violaciones a la Ley Penal también gozan de dignidad como seres humanos”
