Eduardo Gutiérrez Arias
El Estado colombiano y las FARC han firmado dos veces un Acuerdo de Paz, pero los contenidos de este se siguen negociando. Los acuerdos alcanzados en La Habana fueron firmados en un histórico encuentro en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, con la presencia de todos los poderes de la república y delegaciones de muchas partes del mundo. Como el 02 de octubre de ese mismo año, en el referendo convocado por el presidente Santos para ratificarlos, el No, se impuso sobre el Si por un estrecho margen de 53.000 votos (50.3% contra el 49.7%), vino una segunda etapa de negociación a la que se vincularon todas las fuerzas políticas y gremiales del país, incluido el Centro Democrático del expresidente Uribe, que culminó con un nuevo acuerdo de paz firmado dos meses después del primero en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre. Este nuevo pacto fue ratificado por el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Ha pasado un año desde este segundo acuerdo del teatro Colón y los compromisos pactados se siguen negociando. El mecanismo rápido (Fast Track) definido para sacar adelante las leyes reglamentarias del Acuerdo de Paz, ya se venció, fue prorrogado y sólo faltan unos pocos días para su finalización definitiva y algunos aspectos centrales del Acuerdo como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Reforma Política aún no han sido reglamentados. La semana pasada el Partido Conservador condicionó su voto favorable a la JEP a que los líderes de las FARC pasen por ella antes de posesionarse en cualquier cargo de elección popular. Aun así, no está garantizada la aprobación de la JEP. Y sin ella, las FARC están por fuera de la vida política legal. Esa fue la esencia de los acuerdos de paz, cambiar las armas por los votos. De manera que esta guerrilla que ha cumplido todos los compromisos con el Estado, como el cese definitivo de sus operaciones militares, su concentración en las Zonas Veredales de Normalización, la entrega de sus armas, la entrega de sus bienes para reparar la víctimas y su transformación en partido político legal, ahora quedan en el limbo, no saben si sus dirigentes pueden ser candidatos a los cargos de elección popular y podrían ser sometidos a la justicia ordinaria y condenados a largas penas de prisión, incluso la extradición hacia Estado Unidos. Todo esto está corroborando el carácter fallido del Estado Colombiano y la forma tramposa como la oligarquía colombiana maneja los asuntos del poder.
