Marcos Silva Martínez
Son enemigos, por temor al contenido de los puntos negociados. Porque calculan que el cumplimiento de lo acordado, reduce prebendas a las élites dueñas del poder económico y político y les reduce privilegios.
Son la derecha liberal-conservadora, dueños de la riqueza y el poder político y económico. Son los oportunistas explotadores de la afinidad con el poder. Son los burócratas delincuentes.
Los carteles de la contratación pública, de la justicia, de la salud. Es decir; los directos beneficiarios de la corrupción institucionalizada, tolerada y explotada por el mismo poder. Son los responsables del conflicto.
Los mismos que acabaron con los partidos políticos, como organizaciones ideológicas y los sustituyeron por empresas electorales, dedicadas a la explotación de lo público, en beneficio de los círculos del poder y del capital.
De esas huestes se nutre el autodenominado Centro Democrático y sus secuaces, paladines de la anti-democracia.
Los mismos, cuyo máximo jefe, en 8 años de gobierno, hizo de lo público el botín de delincuentes y explotadores de lo público. El mismo que sin importarle el interés general, orquestó la privatización, a precio de remate, de Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, Banco Central Hipotecario, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, y Electrificadoras de Cundinamarca y Santander. Vendió 10% de acciones de Ecopetrol, remató hospitales, empresas estatales como Rafael Uribe Uribe,Policarpa Salavarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla y La Caja Nacional de Previsión.
Liquidó las Electrificadoras de Cordoba La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena y Chocó, las mismas que explota Electrocaribe y el gobierno tolera el pésimo servicio que prestan.
Modificó plantas de personal en 93 organismos estatales. Corpoica, Hotel Tequendama, Findeter, Fondo Rotatorio de la armada, Fuerza Aérea y del ejército, entre otros.
Entre reestructuración, venta, liquidación y reformación, fueron cerca de 500 empresas estatales.
Fue ese gobierno el que inició el festín con la Refinería de Cartagena y la entregó, a la suiza Glencore Internacional para la construcción-modernización, con los resultados que se conocen. Hoy dice que nada tuvo que ver con el asalto a los recursos de Reficar.
En ese gobierno remataron el Instituto de Seguros Sociales, a favor de terceros privados, para consolidar el criminal negocio de la salud.
Fue ese gobierno el gestor de la ley de flexibilización laboral, a favor de los empresarios y el sector financiero y en contra de la clase trabajadora, la que perdió más de $4.5 billones en el primer año de vigencia de esa ley.
Fue ese Gobierno el que institucionalizó la seguridad inversionista, con la que dejó de recaudar, en el primer año, más de $12 billones anuales equivalentes, al año de aprobación, por deducciones, exenciones y otras gabelas. Y está vigente.
Es breve reseña del accionar irresponsable de los enemigos de la solución del conflicto y de la equidad para las mayorías.
Es lo que se debe tener en cuenta el elector, para decidir por quién votar. Hay que votar el próximo año únicamente por quien garantice cumplir todos los puntos acordados y negociados en la Habana.
Si se cumplen todos los puntos acordados, las condiciones socioeconómicas de los colombianos, tienen que cambiar. El peligro está en las acciones y presiones que con seguridad, desarrollarán los enemigos de la paz, usando todos los recursos posibles.
