Gustavo Gómez Córdoba
Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, campeón imbatible de los secuestros, el reclutamiento forzado y los delitos de lesa humanidad, está temeroso de la situación de inseguridad del país y abandona la zona de reincorporación. Naciones Unidas sostiene que solo el 45 por ciento de los desmovilizados de la guerrilla está en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Tan preocupado está Jean Arnault, jefe de la misión en Colombia, como tranquilo el gobierno, pues, en términos maturanísticos, salir es reincorporarse un poco.
El Centro Nacional de Memoria Histórica asegura que las niñas eran para los altos comandantes de las Farc cuerpos-premio (tome nota, apreciado Lisandro Duque). Los altos comandantes podrían estar hoy muy ocupados en las tareas de la política como para acordarse de aquellos lejanos abusos. Más expedito y cómodo, dejar que el monopolio de tales episodios de crueldad y violencia con menores descanse en la memoria de alias ‘Raúl Reyes’, a quien 2.724 kilos de bombas le impiden presentarse ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Néstor Humberto Martínez, blanco favorito de los parlamentarios y precandidatos de izquierda, escribe una carta que en sus años de superministro solo habría podido firmar un ‘enemigo de la paz’. Martínez pone la lupa sobre un detalle que parece desestimar la nueva legislación: los exguerrilleros que extravíen el camino y reincidan en conductas delictivas deberán ir directo a la justicia ordinaria. La JEP es el Olimpo, pero mientras los dioses apuran la ambrosía, en el inframundo que nos toca vivir a todos los colombianos, los jueces ‘ordinarios’ esperan a la realeza descarriada de las Farc.
El Instituto Kroc de Notre Dame, tan respetado en el mundo de los expertos en paz y conflictos (como ajeno para el colombiano de a pie), se pronuncia sobre el estado real de la implementación de nuestro zigzagueante acuerdo de paz. Reconoce que los logros efectivos de las políticas con impacto a largo plazo tomarán muchos años, pero el corto plazo tampoco está como para tirar voladores: “la falta de progreso efectivo en temas relacionados con el uso de la tierra, el desarrollo económico, la reforma rural y la coordinación de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito es preocupante”. Soñamos con probar el asado cuando ni siquiera sabemos si ha nacido el ternero.
Ernesto Samper, liberal refugiado en el socialismo de papel, renuncia al fuero de expresidente para ponerse a disposición de la JEP. Carlos Fernando Galán le trina: “¿Por fin va a confesar haber recibido plata del Cartel de Cali? ¿Eso qué tiene que ver con el conflicto?”. Más o menos lo mismo que le había dicho hace semanas el Tribunal Superior de Bogotá al exministro Diego Palacio: ¿Y qué tiene que ver la yidispolítica con el conflicto?
Samper, sentado entre León Valencia y Ariel Ávila, amenaza con ‘desaforarse’ mientras asiste a la presentación del balance del proceso de la Fundación Paz y Reconciliación. Son 250 páginas que sobraban frente a la contundencia de una frase en la portada del informe: “Terminó la guerra; el posconflicto está en riesgo”.
Reina la confusión en la carpa, pero no cesan las funciones de este circo rebosante de payasos tristes.
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Ultimátum. De paso por Locombia, dice Pablo Milanés que la mayoría de la música de hoy es comercial: de usar y tirar. Aceptado. Sobre todo el reguetón. ¡Ese siempre es de tirar!
