Cecilia López Montaño
Tierra y posconflicto son dos temas fundamentales si de verdad se esperan cambios de fondo en la vida nacional. El nivel de concentración de la tierra rural en el país ha llegado a niveles escandalosos cuando el indicador más utilizado, el GINI, se acerca peligrosamente a uno que quiere decir, que una sola persona tiene toda la tierra rural en el país. No es un tema nuevo porque desde que se tienen estas mediciones jamás el índice de concentración de tierra rural ha sido inferior a 0.8 y el de concentración de propietarios ha sido siempre mayor, cercano a 0.9. No se equivoca el Acuerdo Final entre Gobierno y FARC al señalar como el punto uno de este documento, la Reforma Rural Integral. Obviamente no es solo la mala distribución de la tierra el problema sino la falta de Estado en un amplio sentido; su escasa presencia en sectores importantes del territorio, pero también la oferta de bienes públicos que sigue siendo una tarea pendiente en muchos territorios nacionales.
Esta situación contrasta con el hecho real de que es el sector rural con toda la diversidad de producción que puede ofrecer, el que más rápido podría ayudar a la reactivación de la economía colombiana, con la ventaja de que estimularía la agroindustria, con grandes posibilidades en los mercados internacionales. Pero como en Colombia los intereses creados de sectores privilegiados continúan primando sobre las necesidades nacionales, cada día le surgen más enemigos a la necesidad de mejorar la distribución de la tierra en este país. Ad portas de presentar la Ley de Tierras en el Congreso de la República, los eternos dueños de grandes extensiones, muchas de ellas mal explotadas, todos los días aparecen mostrando los grandes peligros que esta norma representa. Lo que no dicen es que sin duda ese sistema feudal, donde terratenientes muy bien representados en el Congreso, son parte de la explicación del atraso productivo del sector agropecuario del país y más serio aún, de la vida pobre y aislada de la modernidad de millones de colombianos.
Ya se les aclaró que no se trata de extinguir dominios sin razón, que la expropiación solo será la última alternativa, pero que sí existirán formas de estimular el uso adecuado de la tierra. Pero el nuevo argumento es que esta ley les va a legitimar las posesiones rurales que de manera fraudulenta adquirieron miembros de las FARC. Imposible pensar que esto sea posible con tantos enemigos de la guerrilla en el Congreso y en la dirigencia colombiana y con un gobierno que no puede caer en semejante error. Pero esto no quiere decir que ignorará cómo durante el conflicto y con el apoyo de paramilitares, muchos aumentaron sus propiedades, además dejando en el proceso por la violencia de los paras, muchas víctimas que hoy el Estado debe reparar.
Justicia rural, en su más amplio sentido, además de la búsqueda de que pequeños, medianos y grandes productores impulsen el agro, es lo que se requiere y por ello es inaceptable el odio visceral que muchos dirigentes tienen sobre la Ley que después de la consulta con las comunidades, debe entrar al Congreso para su aprobación. Como no hay peor sordo que el que no quiere oír, es fundamental que quienes se oponen a esta norma fundamental, expresen sus argumentos de manera clara. La historia colombiana no puede seguir repitiendo el caso del Acuerdo de Chicoral, donde la derecha del país frenó el intento de reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Nunca como ahora cuando se trata de reponerle al campo el costo del conflicto, ignorado por el país urbano, aquellos privilegiados que han impedido la justa distribución de la tierra, pueden volver a postergar lo impostergable: darle tierra a quienes realmente la requieren. Si alguna verdad es irrefutable es que sin tierra no habrá posconflicto.
