Flora Perdomo
Uno de los temas en lo que hemos enfocado nuestro trabajo parlamentario durante estos algo más de tres años en la Cámara de Representantes, es el relacionado con el reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes. Confieso que no ha sido una tarea fácil llamar la atención del Gobierno y lograr el pleno reconocimiento de los derechos de estas mujeres que han sido las principales víctimas del conflicto en Colombia y las más vulnerables en cuanto al acceso a la salud, el trabajo y las oportunidades para salir adelante.
Por esa razón la bancada femenina del Congreso a instancias de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, convocó a un debate de control político en el que el tema central era el poder conocer los avances en la aplicación de los planes y proyectos en favor de las mujeres rurales colombianas. El debate se concentró en conocer los desafíos del empoderamiento económico de la mujer rural, su participación y representación desde el órgano legislativo y su papel trascendental para abanderar la lucha de las mujeres.
Nos asiste la responsabilidad de hacerle comprender a la sociedad que el mundo rural de hoy y las relaciones de género se están transformando. Ahora se hace más visible la participación de las mujeres en las actividades productivas y en la toma de decisiones relacionadas con las mismas. Pero no ha sido una tarea fácil. Los recortes presupuestales y en muchos casos la falta de voluntad política han frenado los planes y proyectos encaminados a favorecer a esta población que a gritos viene pidiendo una atención integral que propicie mejores condiciones para su desarrollo.
Los últimos datos del Censo Nacional Agropecuario han puesto en cifras la magnitud de las brechas de género que también existen en el campo. Según la medición, en cerca del 60 % del área rural dispersa del país los hombres toman las decisiones de producción sobre la tierra, que el DANE midió en Unidades Productoras Agropecuarias (UPA). La proporción para las mujeres fue el 24 %. En el 16,5 % de los casos las decisiones se toman entre ambos, lo que quiere decir que, en total, las mujeres deciden sobre el 40,5 % del área rural productiva.
Está claro que la mujer del campo tiene un rol relevante como actoras en las tomas de decisiones del campo. Sin embargo, es evidente la existencia de una brecha de género asociada a la tenencia y toma de decisiones sobre la tierra. En Colombia los departamentos donde hay mayor presencia de UPA son Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Cauca, Antioquia y Santander. En el caso del departamento del Huila, la brecha es mucha más amplia, lo que indica que se debe trabajar con mayor empeño para que la mujer rural en nuestra región, pueda mejorar su accesibilidad a la tierra y a todo lo que ello implica, acceso al crédito, la capacitación entre otros.
Los resultados presentados en el tercer censo permiten evidenciar una realidad latente, y es que los problemas asociados al desarrollo del campo como acceso a educación, asistencia técnica, oportunidades laborales y productivas, entre otros, son críticos cuanto se discriminan las cifras por género. Este problema se agudiza cuando hablamos de tierras donde son mujeres las que toman las decisiones de producción. Solamente el 10,4% de las UPA encabezadas por mujeres, tienen maquinaria necesaria para la producción.
El debate nos mostró que no podemos claudicar, que tenemos que seguir la lucha, que debemos hacer más por la ruralidad y las mujeres campesinas, por eso creemos que eliminar las barreras en el campo para las mujeres, es reconocer su condición como pilar fundamental para el desarrollo del campo. Esto permitirá mejorar las potencialidades que tienen ambos géneros en el ánimo de lograr un desarrollo rural equitativo.
