LA NACIÓN
En todo un dolor de cabeza se ha convertido el trámite de los actos legislativos de paz al interior de la Cámara de Representantes para el Gobierno de la República. Proyectos como la reforma política, la justicia especial para los desmovilizados y las circunscripciones en zonas del conflicto armado vienen presentando recurrentes prologas, según acusan, a causa del presidente de la corporación Rodrigo Lara Restrepo.
Ante este panorama es incierto si todas las iniciativas alcanzarán a terminar su trámite en lo que resta del año legislativo, por lo que el Gobierno ya estaría pensando en una posible prórroga del Fast Track.
La alerta comenzó a sentirse en los últimos días en el pleno de la corporación, el cual votaba este martes lentamente la reforma política, uno de los proyectos que desarrollan lo pactado entre el Gobierno y las Farc, y el cual lleva más de un mes en discusión en la Cámara, pero después de varias horas de discusión Lara Restrepo decidió levantar la sesión y convocó para el día siguiente.
Es así que el mismo ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha dicho que en la Cámara “la están sometiendo a una tortura china” y ha culpado del retraso en su trámite al presidente de la corporación, Rodrigo Lara.
Ante las posiciones que vendría tomando el presidente de la Cámara varios congresistas firmaron hace días una carta en la que le solicitaron a Lara ejercer la oposición a la ley estatutaria de la JEP, a la reforma política y al proyecto que crea las circunscripciones de paz desde su curul pues, según dicen, desde la Presidencia de la Cámara no ofrece garantías y dilata el debate.
Incluso, algunos cuestionan su posición cuando fue él el ponente de la JEP, pero desde el divorcio que se dio entre el Gobierno y Cambio Radical por la oposición que este partido ejerció en contra de esta misma ley estatutaria su postura ha cambiado de forma radical.
PROHIBIR INGRESO A MIEMBROS DE LAS FARC
Otra de las polémicas del Presidente de la Cámara tuvo que ver con la carta que envió al coronel, Samuel Darío Bernal Rojas, oficial de la Policía Nacional del Congreso, en la que pidió negar el acceso a las instalaciones de la institución a los exintegrantes de la guerrilla de las Farc.
Según la misiva, “hasta tanto no se haya sometido a juez competente que definirá su situación jurídica” debido a que ya cuentan con voceros en el Congreso.
Lara justifica su petición en los “lamentables acontecimientos” producidos por el ingreso y participación en distintas audiencias de los exintegrantes de dicha guerrilla.
Esta solicitud generó revuelo en distintos sectores. Desde Voces de Paz acusaron a Lara de estar en campaña electoral, queriendo conseguir votos para su candidato y su partido Cambio Radical, a través de la obstaculización a la implementación del acuerdo de paz y al proceso de reincorporación.
“Se extralimita en sus funciones. Los miembros de la Farc son ciudadanos con los mismos derechos. La medida se trata de una práctica discriminatoria”, comentó Jairo Estrada.