Piero Emmanuel Silva Arce
Si bien el Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc se ha convertido en una oportunidad para que el Estado resuelva los problemas pendientes que han sido generadores de violencia en Colombia, los hechos ocurridos en Tumaco, donde murieron varios campesinos y otros más resultaron heridos en medio de una “supuesta” confrontación (uno de los dos bandos en contienda no presenta ni un solo rasguño), llaman la atención sobre la forma en la que se están implementando los acuerdos. Construir el documento requirió de grandes esfuerzos de los diferentes sectores que anhelan una sociedad más justa y menos violenta; no obstante, el momento más difícil es el actual, ya que la implementación supone desestabilizar poderes instituidos en las regiones y en el centro, que siguen ejerciendo coerción.
El viernes 6 de octubre varios campesinos fueron asesinados mientras otros caían heridos bajo las balas disparadas por el Estado en las veredas de Puerto Rico y Tandil, ubicadas en el municipio de Tumaco, suroccidente del departamento de Nariño. La zona está plagada de coca y han llegado hasta allí oleadas de campesinos a trabajar en este negocio que en la década de 1980 comenzaba a dejar más ganancias que algunos productos tradicionales como el café. Según la versión de las fuerzas estatales, su accionar se dio en respuesta a un hostigamiento que llegó de alguna parte y entonces fue ahí que emprendieron fuego indiscriminadamente. Lo cierto es que los campesinos otra vez son los que tienen que llevar del bulto, son los que caen asesinados y son los que no cuentan con muchas opciones en un país de terrateniente, hacendados y ubérrimos que acaparan la tierra del campo y la riqueza del mercado a través del poder de sus influencias y de sus esquemas de seguridad.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las versiones coinciden en que los campesinos estaban reclamando por el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. Además, según los manifestantes, nunca hubo un ataque de otros grupos ilegales que hacen presencia en la zona, tampoco había restos de artefactos explosivos; Las versiones también apuntan a que los responsables del hecho serían integrantes de la policía antinarcóticos.
Todavía falta que las investigaciones arrojen más pistas para establecer responsabilidades directas de lo ocurrido. Preocupa que el Estado no esté protegiendo los derechos de la población. ¡Preocupa!
Investigador del Grupo: “Diálogos”.
