FERNANDO POLO/LN Corresponsales@lanacion.com.co
Dos familias del sector de San Luis, zona rural de Neiva, fueron los protagonistas de las primeras demandas que empezará a estudiar un juez de Restitución de Tierras y que espera fallar en cuatro meses para restablecer los derechos a estos campesinos que tuvieron que abandonar sus predios por presiones de las Farc.
En el Huila, en estos momentos, hay más de 1.000 quejas por restitución de tierras, de las cuales 400 están intervenidas. Los casos documentados se van entregando a los jueces para que las estudien y en un periodo de cuatro meses fallen.
Entre los municipios huilenses los que mayor número de quejas presentan son Neiva, Garzón, Guadalupe y Pitalito.
A nivel nacional hay 100 mil reclamaciones de restitución, unas 65.000 ya fueron atendidas. Entre todas las quejas de los campesinos se suman unas 600 mil hectáreas; estas tierras son las que están averiguando los jueces en manos de quién están.
“Los jueces de Restitución de Tierras ya han devuelto unas 220 mil hectáreas a campesinos que regresaron a sus terruños y están trabajando, produciendo, eso es lo que se ha conseguido con el proceso de paz. El hecho de que el campo haya aumentado su producción en un siete por ciento es por la cantidad de gente que ha podido regresar a sus fincas”, aseguró el director general de la Agencia de Restitución de Tierras-URT, Ricardo Sabogal Urrego.
El funcionario agregó que en la mayoría de los casos los campesinos fueron obligados a salir por actores armados, que les proponían vender los predios a precios irrisorios o los obligan a salir con amenazas de muerte.
“Esos casos son los que se están investigando y documentando para saber qué fue lo que pasó. Pero la restitución de la propiedad no viene sola, hay proyectos productivos para apoyar a los campesinos y que reanuden sus labores, que puedan trabajar, cultivar la tierra que es lo que saben hacer y lo que ellos quieren”, anotó.
LOS DESPOJADOS
Las dos demandas que fueron entregadas ayer al juez de Restitución de Tierras corresponden a Blanca Perdomo y Benjamín Aldana, dos campesinos de San Luis que fueron obligados a abandonar sus propiedades por amenazas de las Farc.
El caso más indignante fue el de Blanca, una mujer que junto a su esposo logro levantar una pequeña finca en la vereda La Libertad, del corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva.
Allí la mujer vivía con su esposo y sus dos hijos, sembraban café y productos de pancoger, con la cosecha subsidiaban todos sus gastos y tenían varios proyectos que pensaban cristalizar pensando siempre en el bienestar de sus hijos.
Pero el sueño de tener todo lo que habían proyectado terminó para Blanca y su familia el 25 de mayo del 2001, cuando un grupo de guerrilleros llegó hasta su finca y le dieron un ultimátum para abandonar la finca por orden del comandante del grupo insurgente.
“Ellos llegaron y nos dijeron que nos teníamos que ir o sino no respondían por lo que nos pasara, no nos dieron más razón. Por esos días el comandante de la guerrilla en ese sector era un señor Pedro. Ese día nos cambió la vida para siempre porque nos tocó dejar abandonado todo lo que teníamos, lo único que logramos hacer fue cambiar un pedazo de potrero que también teníamos por una casita en Palermo donde llegamos a vivir”, narró la campesina con lágrimas y expresión de impotencia.
Son 16 largos años que llevan esperando que les devuelvan lo que es de ellos. Ahora tiene fijadas todas sus esperanzas en que la URT le haga valer sus derechos y le restituyan lo que le quitó la guerrilla.
“Yo solo quiero es que me devuelvan mi finca, es lo que hemos estado buscando todos estos años y creemos que por fin se van a dar las cosas, tengo todos los documentos que me acreditan como la propietaria y espero que se haga justicia”, dijo.
SIN FINCA Y ENFERMA
Al ver que se iba a perder la finca y no tenían nada más, Blanca y su esposo terminaron enfermándose, su salud se deterioró y las cosas se pusieron más difíciles.
“Eso fue como a los dos años, cuando se estaba acabando la esperanza de volver a tener la finca. Ahí fue cuando decidí poner el denuncio en un juzgado, pero todo era papeleo y nunca nos dieron razón de nada”.
Cuando Blanca y su familia tenían perdidas las ilusiones de recuperar su tierra se presentó el proceso de paz del Gobierno Nacional con las Farc, sus políticas y acuerdos permitieron que se realizará el proceso y hoy está pendiente de que en cuatro meses el juez falle. Está segura que resolverán todo a su favor porque tiene los documentos que la acreditan como la propietaria del predio del que un día la sacó la guerrilla porque les gustaron esas tierras.
DE CONTRATISTA A DESPOJADO
Benjamín Aldana era el contratista de las pequeñas obras que se hacían en las veredas de la zona de San Luis, las alcantarillas y arreglos que salían él los contrataba con el Municipio con tal que los arreglos se hicieran, los realizaba con la ayuda de los vecinos.
Su finca, en donde trabajaba con su familia en la vereda El Ávila, era su principal fuente de ingresos, pero al igual que Blanca tuvo que abandonarlo todo, con la diferencia que se enteró fue por los vecinos suyos porque lo que pensaban era llegar a la finca a ejecutarlo para que desocupara.
“Un amigo con el que hacíamos los arreglos de las alcantarillas me dijo que me iban a matar, no tuve nada más que hacer sino abandonarlo todo, la finca quedó sola y abandonada y ahora estoy tratando de recuperarla”.
Benjamín dice que lo único malo que hizo fue pertenecer a la Junta de Acción Comunal de la vereda, ahí empezaron los problemas, cuando pensaron en denunciar los problemas que tenían.
La historia de Blanca y Benjamín es la misma de miles de huilenses que tuvieron que abandonar sus tierras para salvar sus vidas, unos fueron desplazados por los grupos insurgentes y otros por las mismas fuerzas del Estado. Todas esas quejas son las que están a la espera de que la URT las analice y las pase a un juez de Restitución de Tierras para que este haga justicia y les sean restituidos los derechos a las personas que fueron despojadas de sus predios.
