El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, afirma que en las consultas populares ha reinado la desinformación y reconoce que falta más diálogo con las regiones. Destaca que 91 municipios ya han acordado que sí se puede hacer minería responsable
¿Cuántas consultas populares sobre explotación minero-energética se han realizado y con qué resultados?
Van siete, de las cuales cuatro tienen que ver con temas mineros, dos sobre hidrocarburos y una combinada. La respuesta en todas ha sido a favor de la prohibición de la actividad.
¿Y cuántas hay en proceso?
Hay anuncios o manifestaciones para hacer consultas en 42 municipios. Algunas van más avanzadas que otras. Incluso han comenzado a migrar a otros temas, como proyectos de infraestructura y hay grupos que mezclan minería e hidrocarburos. En general, buscan someter a votación asuntos que son de manejo de la Nación.
¿Ha podido detectar si hay motivaciones diferentes a las ambientales, políticas por ejemplo?
Pues mire, es muy diciente que haya municipios que han dicho no a la minería de oro sin tenerlo. Se gastan la plata del presupuesto municipal y hacen campañas, pero la realidad económica es que no tienen oro. Cumaral decidió sobre petróleo y no es productor. Lo que vemos es que alguien se abandera de la causa y la usa como su plataforma política con recursos de todos los colombianos. Hay de todo, políticos perdedores, o los que están preparando el terreno para próximas elecciones. Parte de la preocupación de las consultas es que se trata de un debate emocional, basado en la desinformación y en mentiras.
¿No cree que también se deba al cambio en las regalías que despertó descontento en ciertas zonas que antes recibían más?
Puede ser, pero no creo que sea la principal razón. Ninguna de las consultas ha ocurrido en municipios productores. Es evidente que hay descontento en algunos que cargan con el peso de la actividad y que afirman que se llevan el costo y no el beneficio. Entiendo que hay tensión, pero no podría decir que la reforma es la causa de la consulta.
¿No cree que ha faltado más diálogo con las comunidades para explicar mejor estos desarrollos?
Claro, el mea culpa es para todos. Creo efectivamente que ha faltado diálogo. Tenemos que escuchar. El gobierno reconoce el valor que tiene que la ciudadanía se exprese, pero, al mismo tiempo, la discusión debe darse sobre la base de verdades. Nos hemos escuchado poco, hemos llegado tarde y le hemos dejado el espacio a la desinformación. Eso hay que cambiarlo. Pero este es precisamente el ejercicio que estamos haciendo para resolver las tensiones que se han venido presentando en muchos municipios.
¿En qué consiste concretamente el ejercicio?
Empezamos hace varios meses un proceso de concertación, a través de visitas a las regiones, escuchando a la gente e informando. Tenemos una discusión sobre los recursos que tienen y cómo hacer su desarrollo. Fruto de este ejercicio ya tenemos 91 acuerdos con municipios que han dicho sí a la operación minera.
¿Y cómo garantizan que luego de esos acuerdos no haya una consulta que termine en contra de la actividad?
La Corte Constitucional en un fallo nos dijo: acá hay una tensión de competencias. Los municipios tienen la responsabilidad de ordenar el suelo, y la Nación de administrar los recursos naturales y el uso de los mismos de manera responsable. Pónganse de acuerdo y vean cómo lo hacen. Ese ‘cómo’ es precisamente el vacío reglamentario que no se ha resuelto por años. Tenemos que construir un mecanismo para llegar a esa concertación que nos pide la corte. Es decir, para que el caso quede cerrado y no se reabra la discusión. Se trata de un procedimiento legal que dé certeza jurídica al inversionista de que hay un acuerdo con ese municipio. Si la población dice no quiero explotar esa actividad y la Nación dice allá hay un recurso que se puede licenciar, hay que buscar la forma de hacerlo.
¿Pero eso es algo voluntario?
El tema requiere un desarrollo de ley porque no hay una norma que defina cómo se ejerce ese principio de concertación, que es lo que la corte nos ha pedido. Se trata de acuerdos entre la autoridad local y la nacional. Hoy los acuerdos son de voluntad. Por eso necesitamos de una reforma legal para que se incorpore en el ordenamiento del suelo. Queremos pasar de la fase interpretativa a una regla para resolver la tensión.
¿Y qué tendrá esa ley?
Uno de los problemas es que en los POT (Planes de Ordenamiento Territorial) no hay un capítulo sobre el desarrollo de los recursos naturales. Eso debe quedar claro. Les queremos decir a los municipios que en su territorio tienen un recurso determinado que se puede desarrollar en cumplimento de las normas. Cuando modifiquen el POT tienen que incluir esta variable que les permita desarrollarlo. Ya lo estamos haciendo con los 91 municipios de los que le hablé. Estos, en el marco de su competencia, actualizaron sus POT, se sentaron con las autoridades respectivas, miraron qué recursos tienen y cómo los desarrollarán. Insisto, el cómo es la solución al conflicto. Incluso si la decisión es no hacer la actividad minera, se llegará a ese punto, pero desde la discusión técnica y no basada en desinformación y mentiras. En Cajamarca la gente no sabía que allá ni siquiera había solicitud de licencia, por lo tanto, no había una discusión técnica. La minería potencial allá es subterránea y las fotos que mostraban en la campaña eran de carbón, como si se fuera a abrir un hueco. Eso confundió a la gente.
¿Se ha afectado la inversión por la incertidumbre que generan las consultas?
No exactamente, pero sí hay una preocupación porque el inversionista quiere tener la certeza de que, dado que viene un año electoral, no aparezca un movimiento político que pretenda tumbar una licencia. Tenemos que darles tranquilidad. Es importante que los eventos electorales no pongan en riesgo los hechos jurídicos consolidados.
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, dijo que no ha visto que quienes votan no al petróleo se hayan comprometido a no volver a montar en carro… ¿qué opina?
Wasserman ha hecho un análisis muy centrado, en el sentido de que el debate es cómo usar los recursos de manera responsable. Este es un país pobre que necesita generar rentas para atender las necesidades de muchos colombianos. Quien le dice no al petróleo también está en contra de las vías, porque el asfalto se hace con derivado de hidrocarburos; de los fertilizantes que necesita la agricultura y también de muchos materiales que se requieren en la construcción. Si dejamos de producir el crudo con el que alimentamos las refinerías, que a su vez producen combustibles, pues tendríamos que importar gasolina. Es decir, gastar plata para traer combustibles, eso cambia el balance comercial del país. Ahora no se olvide que la tecnología también se desarrolla con metales. Necesitamos usar recursos naturales para el diario vivir. La cuestión es cómo hacerlo de manera responsable.
